El represor Luciano Benjamín Menéndez tiene que presentarse hoy en los tribunales riojanos para ser interrogado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli y de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville. Durante la dictadura, Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, bajo cuya jurisdicción quedó La Rioja, la provincia donde Angelelli encabezó una intensa lucha social que terminó con su asesinato el 4 de agosto de 1976.
La causa por la muerte de Angelelli actualmente es investigada por la fiscal federal Graciela López de Filoniuk y el fiscal general Alberto Lazada.
Según explicaron en el tribunal, Menéndez deberá responder sobre una documentación que fue secuestrada en allanamientos realizados entre diciembre del año pasado y marzo. Se trata de documentos que revelan los trabajos de inteligencia realizados en la provincia durante la dictadura, encontrados en el Servicio Penitenciario Provincial, en la Base Aérea de Chamical y en un escuadrón de Gendarmería Nacional. El dato no es menor. Los tres lugares funcionaron como centros de detención a los que las personas eran llevadas generalmente antes de ser trasladadas a Córdoba, como parte del circuito que operó en el Tercer Cuerpo bajo las órdenes de Menéndez.
Tras estar archivada por varios años, la causa que investiga el asesinato de Angelelli fue desempolvada en octubre del año pasado. Es que, aunque en 1986 la carátula de “accidente” se cambió por la de “homicidio fríamente premeditado”, el proceso había quedado paralizado con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976. Su nombre había cobrado notoriedad por su ferviente defensa en la lucha social. Luego de participar del Concilio Ecuménico Vaticano II, donde se plantaron las bases del movimiento de sacerdotes tercermundistas, regresó al país y empezó a dar misas en la Capilla Cristo Obrero de Córdoba. Fue así como se transformó en uno de los blancos de la persecución de la Iglesia riojana, que el 18 de julio de 1976 se cobró sus primeras dos víctimas: los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Días después de sus asesinatos, Angelelli viajó a Chamical y pidió que se investigaran los crímenes. En su regreso a la capital, a la altura de Punta de los Llanos, un Peugeot blanco le cerró el paso e hizo volcar la camioneta donde viajaba. Su cuerpo fue encontrado a unos 25 metros, con los brazos en cruz y el cráneo destrozado. Todo indicaba que había sido asesinado, pero el incidente fue caratulado como accidente, bajo el silencio de la jerarquía eclesiástica.
Con la intención de darles impulso a las investigaciones, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y firmó un convenio con el gobierno provincial en donde ratificaron su compromiso de esclarecer la muerte de Angelelli. Sin embargo, hasta ahora la causa prácticamente no había registrado ningún avance. Las investigaciones, por el momento, sólo apuntan al responsable del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y a los coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y Jorge Pedro Malagamba, si bien no se descarta que con el aporte de los testigos surjan nuevos nombres. Las presentaciones podrían extenderse varios meses, ya que los testimonios suman alrededor de 140. En forma paralela, la Justicia provincial investiga otras 37 causas por violación a los derechos humanos, aunque varios de los casos se tratan de personas que desaparecieron en otras provincias, con lo que las investigaciones podrían demorarse. Por otro lado, el gobierno provincial está preparando una serie de actos en toda la provincia para conmemorar el 30º aniversario de la muerte de Angelelli.
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