El gobierno nacional sigue sin tener un modelo único en materia de renegociación de contratos de servicios públicos. Así opera más cómodo, porque puede resolver echando mano a un abanico de posibilidades que no lo atan a ninguna regla preestablecida ni lo obligan a repetir en un servicio el esquema o el tipo de solución dispuesto en otro. Facultad que aprovecha al máximo.

Con distinto grado de dificultad, el Gobierno afrontó unas 60 renegociaciones simultáneas, en las que estaban en juego no sólo tarifas, sino además inversiones no realizadas, demandas millonarias, relaciones con gobiernos extranjeros y hasta riesgo de continuidad de servicios esenciales. La premisa común casi exclusiva fue evitar trasladar a los usuarios comunes cualquier eventual aumento de ingresos para el concesionario. Que se cumplió casi a rajatabla, salvo en el caso de las concesiones de rutas nacionales, en las que se admitió la suba de los peajes.

En los servicios domiciliarios, la postergación de una definición sobre tarifas fue de la mano de la demora en la realización de las obras de infraestructura. No son pocos los que se siguen admirando de que esta táctica audaz no haya derivado en algún colapso, particularmente cuando quedó atravesada por una recuperación económica fuerte y persistente. El problema de la falta de obras y el congelamiento de tarifas para las áreas de electricidad y gas quedó resuelto con la creación de los cargos fijos que aportarán los fondos esperados. Y la diferenciación del tratamiento tarifario para grandes usuarios, que sí debieron afrontar aumentos.

El caso de Aguas Argentinas fue diferente, por las dificultades que impidieron encontrar una solución consensuada. Sin atractivos para ningún inversor privado, y con un concesionario dispuesto casi desde un primer momento a pegar el portazo, el servicio quedó finalmente en manos del Estado. Igual que en el Correo Argentino, dos años antes, aunque entonces el trámite fue más expeditivo y ni siquiera se intentó encontrar un concesionario sustituto en las filas privadas.

Ahora le toca el turno a Aeropuertos. Por las condiciones de la concesión, del servicio y de los actores, prácticamente no le cabía equiparación alguna con el trámite de las demás renegociaciones. Un conflicto de larga data, como el pago del canon que la empresa se negaba a reconocer e ingresar, colocaba una piedra en el camino. Pero no iba a ser un impedimento para un acuerdo, reconocían de un lado y otro de la mesa de negociación. Tan segura estaba la Corporación América (Eurnekian) de que seguiría al frente de la concesión, que encaró anticipadamente un ambicioso plan de obras de remodelación de estaciones aéreas, incluidas las de Ezeiza, ya próximas a iniciarse.

Según trascendió, el ingreso del Estado como accionista a AA 2000, resolviendo por vía de la capitalización el espinoso tema de la deuda, estaba acordado desde hace varios meses. “Pero no convenía que apareciera entre los primeros acuerdos, creando expectativas que en otras renegociaciones se siguiera el mismo camino”, confesó una fuente vinculada con la negociación. Ahora, cuando otros contratos fundamentales ya fueron resueltos, la innovadora asociación se hará pública. Para que nadie se entusiasme con el modelo.