Ministerio de Trabajo, cuatro de la tarde. En ese lugar y a esa hora la titular de esa cartera, Graciela Camaño, la conducción de la CGT oficial y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) se juntarán hoy a discutir por primera vez cara a cara la posibilidad de otorgar un aumento de sueldo a los trabajadores del sector privado. La central sindical reclama la mejora para paliar los efectos de la devaluación y la inflación sobre los salarios, pero no todos los empleadores están de acuerdo con esa medida: la Camara de Comercio se opone a cualquier incremento salarial y señaló que, en todo caso, los únicos que pueden concederlo son los sectores vinculados a las exportaciones. La intención de los funcionarios de Trabajo –porque dentro del Gobierno también hay discrepancias– es que otorgue una suma fija de 100 pesos.
En el Ministerio de Trabajo estaban entusiasmados ayer con la posibilidad de que el aumento para el sector privado quedara definido hoy mismo en la reunión que se celebrará en esa cartera. Camaño viene trabajando por el incremento desde que asumió el cargo, aunque la mejora tal como está planteada –una suma fija que no incluye a los estatales y de la cual se retendría el 3 por ciento para las obras sociales– sólo cuenta hasta ahora con aval de los empresarios de la UIA y el de la CGT oficial de Rodolfo Daer, quien hoy llegará a la cartera laboral acompañado por Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, José Luis Lingeri y Gerardo Martínez, entre otros. “Lo que la CGT pretende es que se otorgue una actualización fija del poder alimentario de los sueldos de los trabajadores privados”, señaló Daer en la previa de la negociación y advirtió que esa decisión “no se puede dilatar ni postergar más”.
La CGT disidente y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), en cambio, no apoyan el esquema propuesto por Daer y Camaño y no fueron invitados a participar de las reuniones para decidir el aumento. “Decir que ‘las partes discutan un aumento salarial’ hoy en día es no conocer la Argentina, no saber lo que pasa con la desocupación y el trabajo en negro”, remarcó el abogado y asesor de los disidentes, Héctor Recalde, y reclamó que el Gobierno disponga por “decreto de necesidad y urgencia” un aumento salarial que abarque a los empleados públicos y los jubilados. La CTA también viene pidiendo desde hace tiempo la devolución del 13 por ciento que se les descontó a los estatales.
En el sector empresario tampoco hay acuerdo en torno al aumento. Al rechazo de la Cámara de Comercio –que agrupa a las empresas de servicios privatizadas–, se suma el pronunciamiento de la Asociación Empresaria Argentina en favor de que cada gremio discuta con las empresas la posibilidad de aplicar un aumento salarial. Esa propuesta fue rechazada por la CGT y por la propia Camaño, quien anticipó que no estaba de acuerdo con “someter a los trabajadores a negociaciones colectivas sectoriales”.
Si bien con un bajo perfil, la UIA no se opone al aumento, aunque la idea de algunos de sus miembros es conceder una suma fija de 100 pesos por un solo mes. La entidad empresaria podría sacar también a relucir en la mesa de negociación un proyecto propio que contempla la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones. La iniciativa fue lanzada hace más de dos y prevé también que las empresas en problemas puedan suspender a su personal durante un año pagando la mitad de los salarios con la intención de reducir costos temporariamente sin despedir.
Las aguas también están divididas dentro mismo del Gobierno. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo públicamente estar de acuerdo con el aumento, pero el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, pone reparos. Su argumento es que el incremento salarial será mal visto por el FMI y que va a desatar una ola de reclamos por parte de los estatales, que no serán beneficiados.