Ante gran parte del mundillo educativo y político, el presidente Néstor Kirchner presentó en la Casa Rosada el “Borrador para la discusión” de una Ley de Educación Nacional que espera promulgar antes de fin de año. Dijo que promueve “un debate amplio” para lograr el consenso de todos los sectores. La nueva norma aspira a sepultar los enconos desatados por la Ley Federal de Educación, sancionada en 1993 durante el gobierno también peronista de Carlos Menem, y deberá “garantizar cuatro factores: el conocimiento, el servicio a los alumnos, la jerarquización docente y la inclusión familiar”, dijo Kirchner. La extensión de la obligatoriedad hasta el final del secundario, la incorporación de una segunda lengua y la actualización permanente de contenidos son algunos de los puntos del documento base que concibe a la educación como “un derecho social” y promete que “no se trata de colocar ‘parches o remiendos’”.

El texto, elaborado por el viceministro de Educación Juan Carlos Tedesco, circuló entre pedagogos, gremios docentes y representantes de distintas confesiones antes de que el ministro Daniel Filmus lo presentara en sociedad. Para aplacar los remilgos de la Iglesia Católica por la revisión de la ley federal, el documento dice que “es preciso reafirmar que las acciones educativas son responsabilidad primaria de la familia como agente natural y primario de la educación, del Estado nacional como responsable principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales”.

El titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Hugo Yasky, fue uno de los oradores en el Salón Blanco al igual que en el lanzamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, sancionado luego por amplísima mayoría el año pasado. Esa norma prevé elevar en forma progresiva la inversión en el área hasta alcanzar el 6 por ciento del PBI en el 2010 pero no contempla la extensión de la obligatoriedad de los 9 años actuales a los 13 años que supone llegar hasta el fin del secundario.

El cronograma establece que en junio se realizará un debate general, encuestas de opinión y jornadas en escuelas, en julio se sistematizarán los aportes, en agosto se redactará un primer proyecto de ley, en septiembre se hará una segunda etapa de consultas y en octubre se presentará al Congreso el proyecto que aspiran a convertir en ley durante este calendario todavía no radicalizado por la puja electoral del año próximo.

“Estamos seguros de que buena parte del destino del país y de nuestros hijos depende del compromiso y amplitud con los que encaremos este proceso de discusión”, advierte el documento y abunda en que “la educación no puede ser considerada como una política ‘sectorial’ sino como la variable clave de la estrategia del desarrollo nacional” basada en una “excelente calidad para toda la población que permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática”.

La argumentación del borrador fundamenta la necesidad de una nueva ley en “los problemas de fragmentación y desigualdad económico-social y educativa profundizados en la década pasada”, recuerda que “las políticas económicas que promovieron la desindustrialización del país también propiciaron la profundización de la brecha entre la educación y el mundo del trabajo. Un modelo de desarrollo basado en la exportación de productos primarios sin elaborar, en la especulación financiera y en la explotación de mano de obra barata, no necesitó de un sistema educativo que formara ciudadanos con sólidas competencias para desempeñarse en el trabajo”. La precisa caracterización del menemismo hace caso omiso de la participación de gran parte del actual staff educativo en aquella gestión.

Entre los ejes de debate para delinear la nueva ley se definen la necesidad de darles prioridad a los docentes mediante una formación sólida, actualizada, “que ejerzan su tarea en condiciones dignas y que cuenten con el adecuado reconocimiento material y simbólico”, la necesidad de tender a una estructura unificada que permita superar la actual fragmentación, la universalización de la sala de 5 años y la actualización permanente de los contenidos de aprendizaje tanto para los alumnos como para los docentes.