Las cárceles argentinas están en “pésimas condiciones”. La afirmación corre por cuenta de Amnistía Internacional y así lo consigna esa organización en el capítulo dedicado al país en su informe anual sobre las violaciones a los derechos humanos más resonantes que se cometieron durante 2005. En esa misma reseña se destaca que, a pesar de la recuperación de la economía, en la Argentina siguen siendo altos “los niveles de pobreza”. En cambio, se marcan como positivos los avances “para acabar con la impunidad” de los crímenes de la última dictadura militar.

Amnistía Internacional abre el tramo referido a la Argentina de su trabajo sobre la situación relativa a los derechos humanos con un breve repaso de la situación económica y social. Es en ese punto que sostiene: “Aunque a lo largo del año se produjo una ligera recuperación económica, los niveles de pobreza siguieron siendo altos. La tasa de desempleo ascendía (en 2005) a un 12,1 por ciento y se recibieron informes según los cuales unos cinco millones de personas trabajaban en la economía informal, en la mayoría de los casos sin derechos laborales ni acceso a la seguridad social”. En el mismo tramo dice que “los piqueteros continuaron reclamando trabajo, mejores salarios y mejores prestaciones de desempleo”.

La mayor asignatura pendiente del país no es ésa, según la organización, sino el estado de las cárceles. El informe señala que entre enero y diciembre de 2005 “miles de presos se encontraban recluidos en pésimas condiciones. Se recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y grupos indígenas por parte de las fuerzas de seguridad”.

Amnistía Internacional explica que durante el año pasado “había unos 62.500 presos en las cárceles argentinas” y que “la mayoría de las prisiones provinciales carecían de los servicios básicos, como agua potable, iluminación e higiene adecuadas, servicios médicos y programas de rehabilitación” y agrega que “muchos presos padecían un hacinamiento extremo y se recibieron informes de malos tratos por parte de los guardias de prisiones”. También señala el informe que “el 75 por ciento de los reclusos se encontraban en espera de juicio” y que en las cárceles de Córdoba, Coronda, Rosario, Tucumán, Mendoza y Magdalena “murieron varios presos durante las protestas y los motines organizados por los reclusos”.

El informe remarca, en contrapartida, que “decisiones judiciales importantes marcaron los avances en la erradicación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas” durante la última dictadura militar. Al respecto, precisa que en junio de 2005 “la Corte Suprema de Justicia resolvió que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales, confirmando así la decisión de declararlas nulas y sin valor que el Congreso había adoptado en agosto de 2003”. Acota también que esa resolución judicial “despejó el camino para el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas por presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante los gobiernos militares (1976-1983)”. Además, pone de relieve que en abril del año pasado “se juzgó en España al ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, acusado de crímenes de lesa humanidad, como tortura y detención arbitraria, perpetrados en Argentina durante los gobiernos militares”.

La situación de las comunidades indígenas también fue relevada por Amnistía Internacional. El informe recuerda sobre ese particular que “pidieron en agosto y septiembre que el gobierno federal pusiese fin a los desalojos violentos y suspendiera los proyectos mineros en las regiones habitadas por comunidades indígenas”.