“Querían la Plaza vacía. No les hacía falta reunirse uno a uno con los comisarios para discutir la implementación del operativo. Tampoco su correligionario Hipólito Yrigoyen precisó ordenar la masacre de obreros rurales en la Patagonia. Le bastó decir al coronel Varela ‘vaya y haga lo tiene que hacer’”, alegó la abogada María del Carmen Verdú, que representa a algunas de las víctimas de la masacre de Plaza de Mayo, en referencia a la represión que ordenó el ex presidente Fernando de la Rúa antes de abandonar el poder. Ayer tuvo lugar la audiencia en la Cámara Federal en la que los querellantes expusieron los argumentos de sus apelaciones contra las decisiones de la jueza María Servini de Cubría, en la causa en la que se investiga la muerte de cinco manifestantes, lesiones de más de 200 y detenciones ilegales. En sintonía con la fiscalía, los abogados coincidieron en solicitar la ampliación de la acusación contra De la Rúa y Ramón Mestre en relación a los homicidios, ya que hasta ahora sólo fueron indagados por 29 detenciones ilegales y la jueza les dictó la falta de mérito. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió que el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov sea procesado por homicidio culposo.
“Su deber era garantizar que no hubiera lesionados ni muertos, estaba obligado a supervisar los procedimientos, a dar directivas claras con respecto al tipo de sección policial que debía actuar y a las armas a utilizar, y no tuvo en cuenta que con los antecedentes de la Policía Federal el riesgo de que hubiera muertos era mayor”, expresó a Página/12 el director ejecutivo del CELS, Víctor Abramovich. Ese fue uno de los argumentos que escucharon los camaristas de la sala I Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo cuando el letrado argumentó su apelación a la falta de mérito que Servini le dictó a Mathov en relación a los asesinatos. Abramovich, en representación de los familiares de Gastón Riva y Diego Lamagna que perdieron la vida el 20 de diciembre durante la represión, consideró que el ex secretario de Seguridad debe ser procesado por homicidio culposo porque “omitió su deber de cuidado que es muy claro”.
Aunque el CELS entiende que aún no hay elementos suficientes para acusar a De la Rúa y Mestre por las muertes, sostiene que “es correcto atribuir responsabilidad al superior cuando el ejecutor material de la lesión a un bien jurídico es su subordinado”. Abramovich apeló la falta de mérito que la jueza le dictó al ex presidente y a su ministro del Interior y pidió que sean procesados por privación ilegal de la libertad de todas las personas detenidas en relación al estado de sitio.
“Ni De la Rúa ni el antecesor de Mestre, Federico Storani, necesitaron dar órdenes expresas al comandante de Gendarmería Ricardo Chiappe en diciembre de 1999”, comparó Verdú en alusión a la represión en Corrientes que produjo dos muertos apenas iniciada la administración aliancista. “Haber traído al ex presidente a indagatoria para interrogarlo sobre 29 detenciones cuando en la misma jornada fueron asesinadas 32 personas en todo el país y hubo centenares de heridos es minimizar y desviar los hechos que aquí deben investigarse”, completó la letrada. Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, solicitó que sean recalificadas las conductas de los comisarios Rubén Santos y Orlando Oliverio, que fueron procesados por las lesiones graves que sufrió Martín Galli. El letrado quiere que se los acuse de tentativa de homicidio doblemente agravado “porque hubo alevosía y acuerdo de dos o más personas”.