Por primera vez la Corte Suprema reconoció la facultad de la Oficina Anticorrupción (OA) de actuar como querellante e impulsar investigaciones penales contra funcionarios públicos actuales o anteriores. Lo hizo al rechazar un planteo presentado por el ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanian, en una causa en la que es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, al igual que el ex secretario privado de Carlos Menem Ramón Hernández el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, Eduardo Menem y Zulemita, entre otros.

En sus intentos por frenar el avance de la causa, Gostanian planteó que la OA, el organismo que lo denunció, “es una dependencia más del Poder Ejecutivo, con lo que carece de imparcialidad e independencia”. “Ejerce sus atribuciones en un marco de discrecionalidad política”, señaló a través de sus defensores, y pidió que declare la inconstitucionalidad de las normas que le dan la potestad de actuar como querellante e impulsar, de ese modo, los expedientes penales. También argumentó que no había razón para que el organismo lo investigara ya que él fue funcionario antes de su creación, al comienzo del gobierno de Fernando de la Rúa. Todas las actuaciones, esgrimió, deberían considerarse nulas.

Los reclamos de Gostanian ya habían sido rechazados por el juez Norberto Oyarbide, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El tema finalmente llegó al alto tribunal, que lo resolvió esta semana. Los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay (con un voto diferenciado) se pronunciaron contra el pedido de Gostanian.

El tribunal invocó los mismos argumentos que esgrimió, al dictaminar, la Procuración General de la Nación. “Parece legítimo que el Estado incoe contra el supuesto autor de acciones penales y civiles, y por lo tanto se constituya en parte del proceso”, dice el fallo. “Separar en estas causas al ente oficial que actúa como querellante sería poner en mejor condición al funcionario que, abusando de tal calidad cometió supuestos delitos contra la administración pública, que a los particulares que soportan la intervención conjunta de dos acusadores”, afirma. Incluso destaca que, tal como funciona, la OA –actualmente conducida por Abel Fleitas– “cumple estrictamente con los fines y objetivos de la Convención Interamericana contra la Corrupción”.

En relación con el patrimonio de Gostanian, la OA había calculado que aumentó casi en un dos mil por ciento mientras fue funcionario en el gobierno menemista. Tanto él como los demás imputados habían recibido un sobreseimiento por parte del juez Oyarbide, que consideró que la causa prescribió, pero esa medida está actualmente bajo revisión de la Cámara.