Jorge Fontevecchia denunció ayer ante la Justicia que el gobierno nacional no coloca avisos en sus revistas Fortuna, Perfil y Noticias. Lo mismo hizo en la década pasada el gobierno del ex presidente Carlos Menem con este diario, que también pidió el amparo de la Justicia.

Las cámaras de propietarios de medios pretenden que la asignación sea proporcional al tiraje de cada uno, con lo cual el Estado obraría en refuerzo de la posición de quienes dominan el mercado. El Gobierno responde que la publicidad oficial es una porción mínima de la pauta publicitaria total y que la distribuye de manera de reforzar el pluralismo e impedir la desaparición de pequeños medios, sobre todo del interior, que de otro modo no podrían sobrevivir.

Son dos lógicas contrapuestas y opinables. Mi preferencia personal se inclina por la segunda.

En estos tres años, el presidente Néstor Kirchner ha sido acusado por no conceder conferencias de prensa o polemizar con medios y periodistas, tanto por sus artículos sobre el presente como por su conducta en el pasado. Ninguna de esas conductas menoscaba la libertad de expresión o de prensa, sólo suma una voz más a la polifonía de las voces que llegan a la sociedad. La prensa no tiene por qué quedar excluida del debate público. Lo contrario sería un privilegio indebido. Quienes informamos y opinamos sobre todo y sobre todos debemos estar expuestos también a la información y a la opinión sobre nosotros.

Pero lo que no encuentra justificación alguna es la exclusión lisa y llana de una editorial o de un medio, porque su cobertura disguste al Gobierno. La ausencia de un criterio explícito para la distribución de la publicidad oficial deja librada esa pauta al antojo de los funcionarios de turno, que no pueden disponer de dineros públicos como si fueran propios. Las revistas de la editorial Perfil merecen el amparo de la Justicia contra esta discriminación.