Con el objetivo de mejorar y reactivar su funcionamiento, el oficialismo en Diputados avanzó con la modificación de la estructura de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero. El proyecto del Poder Ejecutivo –que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia, mañana lo tendría en la de Finanzas y el miércoles sería llevado al recinto– establece una conducción unipersonal nombrada por el presidente de la Nación en lugar del actual dirección integrada por cinco miembros elegidos por concurso. “La estructura existente no funciona, tiene la lentitud paquidérmica de los cuerpos colegiados y el camino elegido es para agilizarlo”, explicó a Página/12 el diputado kirchnerista Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja. El ARI cuestionó el proyecto al considerar que “se oculta una politización en las designaciones de sus integrantes, con el consecuente control de las actividades de la UIF por parte del Gobierno”, tal como afirmó la diputada Marcela Rodríguez.

La UIF es un organismo con autarquía funcional que depende del Ministerio de Justicia y se ocupa de investigar el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Nació luego del escándalo por la operación de lavado de dinero del Cartel de Juárez y del descubrimiento de la presencia en Argentina de la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el asesinado jefe del Cartel de Medellín. A principios de 2000, esos casos dejaron al descubierto que existían condiciones que propiciaron el lavado de dinero, al amparo de vacíos legales y omisiones gubernamentales. La UIF llegó a poner bajo la lupa el pase de Carlos Tévez al Corinthians y otras grandes transferencias a clubes extranjeros, entre otras investigaciones.

En la página web de la UIF figuran sólo dos nombres de los cinco integrantes. Uno de sus directores era Marcelo Saín, quien estaba de licencia pero no volverá al cargo. Alicia López, una de las mayores expertas en lavado de Argentina, supo ser su presidenta pero renunció a fin de año. Según publicó el periodista Horacio Verbitsky en octubre de 2005, el Opus Dei ejerció presión para que sea confirmada María José Meincke, vinculada con Emilio Massera y Raúl Moneta, dos de los investigados de la UIF.

El diputado Cigogna relató que durante la discusión del proyecto en Comisión, su colega de PRO Jorge Vanossi afirmó que en su experiencia como ministro de Justicia (durante el gobierno de Eduardo Duhalde) “padeció” el mal funcionamiento de la UIF. E insistió en que la iniciativa apunta a que ahora sea más “ejecutiva”. Según la diputada ARI Marcela Rodríguez, la UIF no funciona bien porque “la fueron vaciando, mandaron a Saín a otro cargo y no nombran a los reemplazantes, además de que tampoco le asignan los recursos que necesita”.

El proyecto del PEN establece que tendrá un presidente, un vicepresidente y un consejo asesor integrado por siete representantes del Banco Central, de la AFIP, de la Comisión Nacional de Valores, del Ministerio de Justicia, de Economía y del Interior. El presidente y el vice serán designados por el PEN a través de un mecanismo público y participativo similar al que establece el decreto 222 para los jueces de la Corte Suprema. Mientras se sustancia ese proceso habrá designaciones transitorias. El ARI asegura que se transformarán en permanentes.

El presidente tiene que consultar en forma obligatoria al consejo asesor, aunque la opinión del mismo no es vinculante. Rodríguez advirtió que “cuando fue reformada la ley de lavado se dieron poderes excepcionales a la UIF que ahora, con esta modificación de su estructura, quedan en manos de una sola persona”. En tal sentido, el diputado Cigogna admitió que “es mucho poder en una sola cabeza”, pero destacó que “también tienen facultades enormes un juez y un fiscal, y en definitiva todos losfuncionarios tienen luego que rendir cuentas y deben respetar el secreto sino pueden tener pena de cárcel”. Este legislador oficialista reconoció que “levantar el secreto bancario es una decisión muy seria porque están en juego las garantías individuales”. Pero consideró que cuando se trata de “delitos de magnitud transnacional y de alta tecnificación se necesita una acción más fuerte, y eso mismo es lo que reclama el GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional).

López se fue de la UIF antes del fin de su mandato, en noviembre de 2005, cuando aún no habían comenzado a plasmarse los cambios en la UIF impulsados desde la Rosada. Pero antes de irse ya había cuestionado los cambios en la ley de Lavado de Dinero por no haber incluido el levantamiento del secreto fiscal, y la calificó de “engendro”. La diputada Rodríguez coincidió en criticar que el secreto financiero siga vigente, lo cual considera que es una de las mayores razones de la supuesta ineficiencia de la UIF, y alertó sobre las “posibles manipulaciones políticas que puedan realizarse con la información de datos económicos de personas y empresas que estén bajo investigación”, dado que fue levantado el secreto bursátil y bancario.

Esta legisladora y la socialista Laura Sesma presentaron dictámenes en minoría. Pero el oficialismo hará sentir su fuerza en la próxima parada del proyecto, en la Comisión de Finanzas, y también el miércoles en el recinto cuando sea tratado ya que cuenta con preferencia para la próxima sesión.