Cuando el cabo Carlos Ariel Alegre puso por primera vez un pie en la base Almirante Zar no sabía que era conocida porque allí ocurrió la Masacre de Trelew. Tampoco se imaginaba que su arribo iba a ser clave para develar una trama de espionaje ilegal que persiguió a políticos, organizaciones sociales y tuvo un especial interés por los actos que conmemoran aquella masacre. “Este es un quiebre que en 23 años de democracia no se había producido. Y que tenía que producirse. Y sólo una persona dentro del sistema podía echar luz a lo que estaba pasando”, sostiene Alegre que, en diálogo con Página/12, cuenta las presiones que recibió por negarse a hacer espionaje y cómo decidió denunciarlo ante el CELS en marzo de este año. Pero las presiones continúan. “Por tu culpa la Marina se está hundiendo”, asegura Alegre que le dijo el vicealmirante Benito Rótolo, a la sazón el segundo jefe de la Armada.

Un tinte de nerviosismo todavía recorre la voz de Alegre cuando comienza a contar su paso por la base Almirante Zar. El marino forma parte de las nuevas generaciones de suboficiales: tiene 30 años y vive en Trelew con su esposa y sus dos hijos. Aunque nació en Bariloche, pasó parte de su vida entre Buenos Aires y el océano. En la fragata “Libertad” recorrió más de 38 países durante dos años. Trabajaba como electricista, con la matrícula que obtuvo luego de entrar a la Marina. Le tocó estudiar nada menos que en la Escuela Mecánica de la Armada.

–¿Cuándo entró a la base Almirante Zar?

–Pedí un cambio de escalafón para no seguir navegando tanto y poder dedicarme a mi familia y al estudio. Justamente, en 1999 me inscribí en Derecho en la UBA, aunque no la pude seguir. Me quedé en el CBC. Me negaron el pase a buzo táctico y también a otros destinos. Finalmente, en 2002 hice un curso de inteligencia en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

–¿Ahí les explicaban que estaba prohibido hacer inteligencia interna por la Ley de Defensa?

–No, de temas legislativos absolutamente nada. Sólo reglamentación interna. Cuando terminé el curso, pedí venir a Trelew para tener una mayor cercanía con mis dos hijos, que en ese momento estaban en Bariloche.

–¿Qué sensación le produjo llegar a la base donde ocurrió la Masacre de Trelew?

–Cuando llegué en febrero de 2003, también desconocía la historia sobre una fecha desgraciada que fue el 22 de agosto de 1972. Ni siquiera sabía a qué venía a desempeñarme. A la base entré siendo cabo primero, que es la segunda jerarquía más baja de la Armada. Fue una excepción a la regla, porque a este destino siempre vienen jerarquías altas. Tuve las tareas más básicas: administración, mesa de entradas, limpieza de los locales y otras tareas no propias para oficiales superiores.

–¿Cuándo le ordenaron hacer tareas de inteligencia?

–Es como un contrato de adhesión, que para mí se manifestó expresamente a principios de 2005, pese a que la Justicia tiene documentación actualmente que habla de actividades de inteligencia desde 1997. En 2005 cambió la jefatura y asumió (el capitán de corbeta, Gustavo) Monzani, que organizó nuevos reglamentos de trabajo. Comenzó a redistribuir las tareas, lo que me incluyó a mí. No delegó demasiado, sino que él mismo se encargaba de redactar los informes de inteligencia que son considerados hoy ilícitos. En una de las primeras reuniones que tuvimos, después de escuchar que me asignaba tareas de inteligencia, le dije que a mi entender todo lo que había ordenado entraba en un marco ilícito. No era tan sencillo para mí decirlo ante mis superiores. Tampoco era tan fácil entender si era ilegal o no. Monzani me argüía que existía una legislación secreta que habilitaba este tipo de accionar y que yo no tenía por qué conocerla siendo un simple cabo. Fue un proceso de conocimiento, en el que me sirvió haber estudiado algo de derecho.

–¿Qué le contestó Monzani cuando le dijo que era ilegal?

–Me citó a su oficina luego y me dijo: “Mire, Alegre, usted no puede hacer ese tipo de apreciaciones. Se tiene que limitar a cumplir las órdenes de sus superiores”. Después el suboficial (segundo, Vicente) Guantay me advirtió que la legislación iba por un camino y las prácticas, por otra. Me decían que eso se hizo siempre y se iba a seguir haciendo. Y que si yo hablaba, iba a violar el secreto militar. Después de esta reunión, la hostilidad se fue manifestando en los hechos. En 2005 me causó problemas personales y familiares. Ese año fue muy duro, por las presiones que sufrí.

–Según la documentación, le habían asignado buscar información en el “ámbito estudiantil, cultural e indigenismo”. ¿Qué ocurrió cuando se negó?

–Primero me opuse sutilmente. Por ejemplo, le contestaba a Andrade que no veía nada en los diarios que fuera relevante para la inteligencia estratégica militar. “Alegre, fíjese que algo va a encontrar”, me respondía. Yo iba poniendo pretextos, aunque había manifestado que era ilegal. Allí empezaron las presiones. (El suboficial principal, Alfredo) Andrade me dijo expresamente que en la medida que no colaborase, no podía asistir a deportes. “No concurrís a deportes hasta que no entregues los informes.” Fui una sola vez durante todo el año, pese a que está reglamentado en la instrucción militar. A fin de año, Monzani me aprobó en las pruebas físicas sin haber rendido, por un reclamo que le hice, donde lo responsabilizaba por mi estado físico. Me surgió una úlcera nerviosa, tuve contracturas musculares y migrañas. Es difícil explicarlo, pero las presiones eran todos los días. Para fin de año ya era total mi negativa a realizar las tareas que me encomendaban. “En la medida en que no colabores es directamente proporcional la respuesta que te vamos a dar”, me dijo Andrade.

–¿En ese momento se incrementaron las presiones?

–Sí, concretamente, en diciembre de 2005, cuando hice un reclamo por escrito al capitán Monzani por la obra social que me cercenaron. Por el Código de Justicia militar, que es de antaño, el suboficial no puede hacer ningún reclamo por escrito. Todo es oral. Y no queda constancia de nada. Tuve una discusión en su oficina, donde comenzó a gritarme. “¡Vas a terminar mal! ¡Vos sabés cómo es nuestro sistema, acá las leyes civiles no importan! ¡Vas a terminar condenado por la Justicia militar!”, me dijo. Yo le respondía que no correspondía que me grite. “Mire Alegre, aunque sea estudiante de Derecho no significa que va a hacer lo que quiera. Interponga el hábeas corpus, hábeas data, el hábeas que quiera, pero usted va a terminar tirado en un galpón”, me advirtió.

–¿Cómo se decidió a denunciarlos?

–Lo determinante es que a nivel institucional era imposible buscar una salida, porque había visto documentos firmados por comandantes de Fuerza Naval 3 y había escuchado llamados del Comando de Operaciones Navales y del Comando de la Aviación Naval. Se remitía documentación a Buenos Aires y a Puerto Belgrano. Y había documentación que se remitía al comandante de Aviación Naval. Eran autoridades muy altas de la Armada. Había documentación que me hacía sospechar que había informantes afuera. Les temía a las represalias si me presentaba ante el juzgado federal, si es que tenían algún informante allí. Monzani se jactaba de las buenas relaciones y amistades con el poder local. En Chubut, no tenía salida. Tenía que recurrir a Buenos Aires.

–Y así llegó al CELS, en Buenos Aires.

–Y ahí llegué al CELS. Muchas veces, mi señora me pregunta por mi motivación, porque por culpa de esto vivimos con un sueldo recortado, con cierto hostigamiento... en fin, no la estamos pasando nada bien. Pero yo le explico que un estado de derecho no se logra formalmente sino en los hechos, en las acciones humanas concretas y hasta con actitudes personales. Y siento que lo concreté, a pesar de lo nebuloso de la inteligencia militar.

–Con su denuncia, se relevó de sus cargos al número tres de la Armada Eduardo Avilés y al director de Inteligencia Naval, Pablo Ro- ssi, y el Ministerio de Defensa inició una revisión de los reglamentos de inteligencia a nivel de toda la fuerza. ¿Cómo evalúa esto?

–Con total humildad, creo que esto produce un quiebre que en 23 años de democracia no se había producido. Y que tenía que producirse. Y nadie fuera del sistema podía hacer esto. Sólo una persona dentro del sistema podía echar luz a lo que estaba pasando. No puedo afirmar que lo produje yo solamente. Mi sensación es que se ha potenciado a partir de este hecho lo que ya estaba programado como reforma de las Fuerzas Armadas.

–¿Recibió amenazas antes de declarar en el juzgado?

–Sí, son de un período posterior a la denuncia. Ante la ministra de Defensa, (el jefe de la Armada, Jorge) Godoy me dio todas las garantías para regresar a Trelew con seguridad. Pero en los hechos no se dio. En las reuniones que he mantenido con (el segundo de la Armada, vicealmirante Benito) Rótolo y el comandante de la Fuerza Aeronaval 3, (Miguel) Fajre, lo único que he escuchado son recriminaciones hacia mi conducta. Me dijeron que por mi culpa la Marina se está hundiendo. Y que por qué no seguí los canales institucionales. A esta altura, no me pueden preguntar esto. Yo decidí en un momento no volver a la base, porque me producía ahogamiento, por los momentos muy difíciles que tuve que vivir todo el año.

–Pero lo siguieron llamando.

–Sí, fueron constantes los llamados telefónicos de la base, porque querían tomarme declaración en la investigación interna. Pero yo estoy limitado a hablar sólo en sede judicial. Lo único que me lo permite es el decreto presidencial que me releva del secreto. Vino a verme a mi casa el suboficial mayor Espinosa, que es ayudante del comandante Fajre. En un momento, se exaltó. Me dijo que mi situación lo tenía cansado, que él no les tenía miedo a la ministra (Nilda) Garré ni al Presidente y que iba a venir con dos oficiales principales a hacerme firmar un acta de la investigación interna sí o sí. “Me tenés los huevos llenos, no me voy a asustar por un simple cabuchín”, me gritó y me invitó a pelear afuera. Y yo tenía mis chicos ahí al lado y estaba un vecino, que va a salir de testigo. Esto fue el 29 de mayo por la noche.

–Justo cuando Kirchner pronunció su mensaje en el Colegio Militar. ¿Qué hizo usted?

–Yo le dije que esto ya no es jurisdicción militar. Esa misma noche radiqué la denuncia. El tribunal entendió que se trató de una amenaza y me asignó una custodia policial. Pero ahora estoy imputado y tengo que dar explicaciones por mis superiores.

–Cuando lo imputaron, el abogado defensor de los marinos intentó instalar la teoría de que usted es un arrepentido.

–No creo que haya sido un abogado, sino un sector de la prensa que opera detrás de los militares. Digo esto porque consta en la documentación de la causa. Cuando el tribunal me pregunta si hay terceros yo me abstengo de declarar, porque sólo puedo contestar por mi conducta como imputado. Pero lamentablemente hay terceros implicados, que son civiles. Concretamente, hay una ficha de un periodista, Fernando Nonio, que trabaja en un diario local. No me dicen sólo “arrepentido”, sino “delator”, “topo”, “infiltrado”.

Reportaje: Werner Pertot.