“Expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad a la totalidad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que defendieron a la Nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista.” Este es el texto de la solicitada publicada el 20 de junio de 1989 bajo el título “Reconocimiento y Solidaridad” que firmó Carlos Lassaga Iturraspe, hoy conjuez en la causa Brusa, que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe. Por estas horas, la Cámara Federal de Rosario deberá decidir si continúa como responsable de la emblemática causa, después de haber rechazado las seis recusaciones en su contra, o si, por el contrario, lo confirma en el cargo. Por su parte, HIJOS Santa Fe convoca hoy a un escrache frente al edificio de los tribunales federales locales.

Entre las firmas que ocupan tres páginas de la edición del diario Clarín figuran los dos apellidos connotados con la última dictadura a la que defendían el texto: Juan Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz.

En rigor, el propio Lassaga Iturraspe reconoció el mismo día que lo designaron que había firmado esta solicitada en el año ’87. La afirmación no es gratuita: en verdad, el texto había sido firmado al pie en ese año, pero el periodista Horacio Verbitsky recurrió a la Justicia al entender que se cometía apología del delito. Y recién dos años más tarde la Corte Suprema aprobó la publicación de la misma.

En verdad, Lassaga Iturraspe –el conjuez elegido para instruir el expediente que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe– ha sumado más rechazos públicos y recusaciones que antecedentes destacables. En una de las recusaciones Patricia Isasa adjuntó a su escrito la declaración que Lassaga Iturraspe había hecho en el año 2000 ante el Consejo de la Magistratura en favor de Víctor Hermes Brusa, justamente uno de los encartados en el expediente a investigar luego del apartamiento del juez original Reynaldo Rodríguez.

Entre otros puntos, en la documentación consta que “la secretaria del Juzgado Federal Número 2 (del que se hizo cargo Brusa cuando renunció su titular) era su pareja y la madre de su hija; que por el Caso Pedernera (el bañista que arrolló Brusa con su lancha en la laguna Setúbal) fue juzgado con anticipación por un sector tendencioso; y que tenía entonces “un muy buen concepto de Brusa a través de su desempeño; que había tenido sobremesas cuando éste iba a la casa de su cuñado”. Y quizá lo más curioso para quien hoy debe investigar el terrorismo de Estado: confesó que a pesar de haber tenido la oportunidad “no había leído el ‘Nunca Más’”, el informe de la Conadep sobre la desaparición de personas en la Argentina. Isasa también lo recusó por haber suscripto esta solicitada en apoyo al dictador Jorge Rafael Videla.

Lassaga Iturraspe rechazó las seis recusaciones y debió girar el lunes las mismas para su estudio al tribunal de alzada. Ahora la Cámara Federal de Rosario deberá resolver si lo mantiene en el cargo o lo remueve. La Casa de Derechos Humanos –que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico– volvió a exigir la remoción del conjuez y un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Santa Fe ante la sospecha de que aquél podría haber incumplido el Código de Etica para magistrados y jueces del Poder Judicial de la provincia.

También el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, dijo que el conjuez Carlos Lassaga Iturraspe debe aceptar la recusación. “Tiene un evidente interés político en la causa que lo inhabilita a intervenir. Es inaudito que aún no se haya apartado del proceso”, dijo el funcionario. Y lamentó “las dilaciones que se producen en esta causa tan importante”.

En verdad, Pochettino ya había advertido sobre las consecuencias del fallo de la Cámara Federal de Rosario que desplazó a Rodríguez y volvió acargar contra Lassaga Iturraspe, de quien dijo que tiene una sola alternativa: aceptar la recusación y apartarse.