Después de doce años el Congreso cumplirá con un mandato de la Constitución reformada en 1994: conformar la comisión bicameral que ratifique o rechace los decretos firmados por el Ejecutivo. Aunque en estos años fue la gestión de Carlos Menem la que quedó definitivamente asociada al uso de este instrumento, no es menos cierto que, proporcionalmente, Néstor Kirchner no le va en zaga. En marzo de este año llevaba firmados 150 decretos desde que comenzó su gobierno. Ante este escenario y luego de que en el 2000, cuando era diputada, había dicho que “el Congreso tenía que pronunciarse de manera expresa” sobre la validez de los decretos, el principal interrogante estaba puesto en la actitud que tomaría Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo, a través de Miguel Pichetto, proponía que si el Congreso no trataba los decretos en 60 días quedaran convalidados automáticamente. Ayer, Fernández de Kirchner se mantuvo fiel a su antigua opinión y sorprendió al presentar un dictamen reclamando el pronunciamiento taxativo de las Cámaras. También regula el trabajo de la comisión bicameral, que tendrá que pronunciarse en diez días. Si no lo hace, el plenario de las Cámaras puede tomar el tema. Claro que en este punto el proyecto no pone plazos. El oficialismo y la UCR aprobarían la propuesta que en dos semanas se tratará en el recinto.

A fines del año pasado el largo trabajo de una subcomisión había concluido con dos proyectos distintos: el del radical Ernesto Sanz y el del oficialista Pichetto. La discrepancia se basaba en cómo interpretar los silencios del Congreso. Para el oficialismo era un respaldo, para la oposición un rechazo. Cuando ayer la comisión comenzó a sesionar, Fernández de Kirchner se lamentó de la ausencia de Pichetto. En verdad le estaba dando la derecha luego de que el legislador había quedado desairado por el nuevo dictamen. El titular de la bancada llegó tarde, se manifestó identificado con la iniciativa de Fernández de Kirchner y se limitó a señalar que era un proyecto “superador”.

Al defender la iniciativa, Fernández de Kirchner destacó que la novedad estaba en el hecho de que “si la comisión bicameral no se expresa en 10 días, lo hace el plenario de las Cámaras”. Para la legisladora el espíritu del constituyente “fue que el Parlamento trate los decretos de necesidad y urgencia”. Luego de destacar como positivo al proyecto, el titular de la bancada radical sostuvo que en su dictamen “no se podían cajonear expedientes”. “Acá tampoco se podrá hacer ya que si no se trata en 10 días hábiles lo trata el plenario”, lo interrumpió la senadora Kirchner. Sanz tomó el guante y respondió que “si no le ponemos plazo al pronunciamiento del plenario va a quedar como ahora. Deberíamos ponerle un plazo al Congreso”.

El radical reclamó que la presidencia de la comisión bicameral estuviera en manos de un opositor, ya que esto, dijo, le pondría otra dinámica a su funcionamiento. Recordó el tratamiento de la delegación de facultades en el 2002 y allí Fernández de Kirchner lo interrumpió para decirle: “Yo no lo voté y recuerdo que muchos senadores tampoco, Vilma Ibarra no votó esa delegación”. “Pero sí votó la prórroga”, le refutó el radical al recordar la insistencia de Kirchner en pedir facultades delegadas.

Para relativizar el pedido del radicalismo para que la presidencia de la comisión bicameral quede en manos de la oposición, la primera dama se remontó a los tiempos de Eduardo Duhalde y destacó que "la UCR estaba al lado del gobierno más incondicionalmente que muchos de los miembros de mi partido". "No hay necesidad de hacer ese comentario", se limitó a señalar el senador radical. Más allá de la polémica, para Sanz el dictamen "es un paso institucional muy importante". En diálogo con este diario, el titular del radicalismo en la Cámara alta, considera que "a partir de la sanción de esta ley el Congreso está obligado a intervenir".

Las pocas disidencias que generó la iniciativa se refieren a aspectos parciales. Además de las señaladas por el radicalismo, la porteña Ibarra también agregó sus diferencias en el artículo sobre el rechazo de los decretos del Ejecutivo. La norma presentada por Fernández de Kirchner dice que el rechazo debe manifestarse por ambas cámaras del Congreso. Ibarra recordó que en 2002 había firmado una anterior iniciativa en la que se sostenía que bastaba con el rechazo de uno solo de los cuerpos legislativos para que éste fuera efectivo. "Por coherencia voy a mantener esa posición", dijo. En aquella ocasión la firma que encabezaba esa propuesta era precisamente la de Fernández de Kirchner.

Cuando la mayoría de los legisladores se pronunciaban satisfechos por cumplir con el mandato constitucional, el chubutense Marcelo Guinle, autor de un anterior proyecto, muy similar al presentado ayer por Fernández de Kirchner, aclaró que "un decreto tiene vigencia hasta tanto no lo trate el Congreso". El resto de las especulaciones quedan reservadas al terreno de la política. Se supone que cualquier Presidente aprovechará su máxima estrella y su mayor poderío en el Congreso para que los decretos que firma tengan respaldo parlamentario. De lo contrario se expone a que en su descenso, la oposición pueda revisar la mayoría de sus actos de gobierno.