La primera decisión política fue sacar a la política del medio. Por eso el Gobierno envió a Juan José Alvarez a explicar las muertes como si se tratase de un tema estrictamente policial. Lo que el secretario de Seguridad sugirió fue la hipótesis que a lo largo de la jornada el Gobierno se encargó de difundir sin medias tintas: que la protesta se fue de madre producto de una interna de los propios piqueteros.
Eduardo Duhalde analizó la estrategia oficial junto a Alvarez, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el secretario de Inteligencia del Estado, Carlos Soria.
En dos oportunidades cruzaron llamados telefónicos con el gobernador bonaerense Felipe Solá, que a su vez transmitía la versión de la policía bonaerense.
No había buen clima en la quinta de Olivos. Al principio, todo fue catarsis: Alvarez se quejó de la falta de interlocutores piqueteros.
–La policía siempre tiene un tipo con el que habla, que le indica por qué calles se movilizan. Acá no tenemos referentes, es un quilombo.
Soria aportaba datos para apuntalar la hipótesis que se hizo trascender con fuerza a los medios.
–Esto se organizó hace diez días en Gatica (un estadio de Avellaneda) para terminar con un campamento en Plaza de Mayo –señaló el jefe de la SIDE.
Se recordó que los propios piqueteros habían decidido, a diferencia de otras oportunidades, evitar la compañía de niños. En Gobierno intuyen que preparaban lo que finalmente sucedió. Los piqueteros, en cambio, aseguran que fue Duhalde el arquitecto de la represión. Y que todos sabían de antemano que el Puente Pueyrredón será un campo de batalla.
El término “infiltrado” fue moneda corriente tanto entre los funcionarios oficiales como en boca de los piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón.
En medio de la ardua discusión, Atanasof se preocupó básicamente en buscar la manera de no exponer la figura presidencial.
–Lo tenemos que preservar. No podemos tolerar que lo emparienten con las muertes –evaluó el jefe de Gabinete.
Se debatió durante largo rato el nombre del funcionario que pondría la cara por el resto. No era un tema menor: quien asume la comunicación asume la responsabilidad. De entrada se descartó al vocero Eduardo Amadeo. Además de ser la voz del Presidente, fue uno de los que hace tiempo esbozó la necesidad de “reprimir”.
La idea de sacar la política del medio también benefició a Jorge Matzkin. El ministro del Interior dejó la conferencia de prensa en manos de Alvarez y de su par bonaerense, Luis Genoud.
Matzkin era partidario del bajo perfil, sobre todo después de escuchar los pedidos de Elisa Carrió para que lo interpelen en el Congreso.
No fueron pocos los que se mostraron reconfortados con la “elección”. Un importante sector del gabinete es partidario de la “mano dura” y hace tiempo que busca desplazar a Alvarez. Los gobernadores Rubén Marín (La Pampa), Juan Carlos Romero (Salta) y José Manuel de la Sota (Córdoba) le enrostraron su “endeblez”. Banqueros, militares y otros “factores de poder” no dejan de hacer llegar su mensaje en ese sentido (ver opinión en página 4).
Como parte de la cruzada se impulsó hace días la unificación de las áreas de Defensa y Seguridad, que puso en duda la continuidad del funcionario. Para capear el temporal, Alvarez admitió en la intimidad la posibilidad de un leve endurecimiento de su política. Pero quien siempre se jactó de no tener muertos en su haber y que pregonó por no “criminalizar la protesta” ayer debió apelar a la cintura de Nicolino Locche para evitar las críticas. A tono con el discurso hegemónico de la Casa Rosada, sugirió que la responsabilidad de lo ocurrido había que encontrarla entre los piqueteros. “Hubo 13 mil alteraciones del orden público y nunca pasó nada. ¿Quién cambió?”, arrancó sin dejar de señalar la presencia de manifestantes con el rostro cubierto y palos en mano. Siguió con un parangón: que los policías fueron atacados con hondas y armas de fuego. Y que en los equipos antidisturbios enviados por el Gobierno las balas de plomo no son parte de los pertrechos.
Horas antes Alvarez había escuchado de Solá que la policía bonaerense tampoco se hacía cargo de los disparos que mataron a dos piqueteros. Ninguno de los dos explicó, en cambio –y nadie le preguntó, por cierto– el porqué de la irrupción ilegal de la policía en un local de Izquierda Unida (ver página 6).
Las conversaciones con Solá no impidieron que muchos ministros del gabinete le sacaran el culo a la jeringa asegurando que el conflicto se generó en “la provincia de Buenos Aires”. El vocero del gobernador, Jorge Matheus, se preocupó en recordar que además de la bonaerense, había efectivos de la Federal, Gendarmería e Infantería. Solá también manejó como principal hipótesis una pelea entre piqueteros. Aunque se cuidó de comunicarse con representantes de organismos de derechos humanos para manifestar su preocupación por los hechos.
En la reunión de gabinete, posterior a la “chica” que mantuvieron Atanasof, Alvarez y Soria, despuntó la interna bonaerense con críticas de Carlos Ruckauf a su sucesor, con quien mantiene una tensa distancia.
Entre todo el gabinete –con la excepción del ministro de Economía, Roberto Lavagna–, consensuaron los ejes del discurso que finalmente dio Alvarez en conferencia de prensa.
Había que lamentar las vidas, también los daños materiales y, sobre todo, mostrar la disposición del Gobierno en ofrecer apoyo a la Justicia, como si no tuviera ninguna responsabilidad en el accionar policial.
Sin decirlo se dijo: para Duhalde la culpa fue de los piqueteros.