Dentro de su miseria de recursos, el Gobierno de Eduardo Duhalde conservaba un capital político. Dicho en términos conspirativos, no había matado. Dicho con cierta benevolencia, había impedido que el Estado matara. En todo caso, la verdad es que la Secretaría de Seguridad entendió que mejor que reprimir era disuadir, y sabiamente eligió las vallas a las balas. Hasta ayer. Desde ayer, el Presidente Duhalde carga con dos muertos encima. Y aquí, en términos políticos, se invierte la carga de la prueba: el Estado es responsable por esas muertes hasta que se demuestre lo contrario, del mismo modo en que es responsable de que un adolescente haya sido tajeado con tres letras “A” y nada se haya esclarecido hasta hoy.
El Gobierno se mantuvo encerrado como si no hubiera pasado nada, o como si no supiera qué hacer. Recién a la noche un funcionario se lamentó por las víctimas. Sin embargo, durante todo el día abundaron las filtraciones. Un funcionario dijo que se trataba de una interna piquetera. No aclaró entre quiénes se libró la guerra ni por qué ni para qué.
Otro dijo que un grupo piquetero buscó escalar el conflicto en un ejercicio prerrevolucionario. Tampoco aclaró de quién se trataba.
Circuló la versión de la autoagresión. En el mundo entero hay grupos de izquierda francamente delirantes, pero no se conocen casos en que decidan eliminar a sus propios militantes para acelerar los tiempos de la historia.
No hay por qué quitar responsabilidad política a los piqueteros. Lo cierto es que aunque la agresión hubiera surgido solo de ellos, las fuerzas de seguridad no la frenaron, ni lograron mantener el orden, ni se plantaron como debían, ni tuvieron éxito en la disuasión. Peor: al margen de los asesinatos, incluso sobrepasaron largamente las atribuciones constitucionales cuando entraron sin orden de allanamiento, como una tropa de asalto de la dictadura, a un local partidario comunista, de existencia legal y además propiedad privada.
Ninguna protesta, por más violenta que sea, justifica el asesinato cometido por el Estado, y ni siquiera justifica la inutilidad del Estado para evitar las muertes. Ningún delirio puede legitimar una cacería como la de ayer en Avellaneda.
Es probable que el Gobierno razone imaginando que los piqueteros del puente ya hartaron a los vecinos y que su imagen violenta –capuchas, palos, molotovs– dé por buena cualquier represión. Si Duhalde piensa así es que no entendió su propia historia. Cuando era gobernador definió a la Bonaerense como “la mejor policía del mundo”. Terminó el mandato sospechando que esa misma maravilla policial, involucrada en el asesinato de José Luis Cabezas, le había complicado la vida a él mismo, al punto de hipotecar su futuro político y cortarle el camino a la presidencia.
Pero eso es historia. Hoy, el puente está en orden.