“Creemos que esto es parte del reclamo de memoria verdad y justicia, y que los responsables económicos son tan responsables como los militares”, afirmó ante Página/12 Luis Alén, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras presentar la querella del Gobierno en la causa por el secuestro de dos empresarios durante la dictadura. La reapertura de este proceso fue pedida por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal federal Federico Delgado y el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido. En sintonía con los demás querellantes, la posición oficial –presentada ayer en conferencia de prensa por el secretario Eduardo Luis Duhalde y Alén– reclamará la inconstitucionalidad de los indultos menemistas que favorecieron a los tres imputados: el dictador Jorge Rafael Videla y sus ex ministros del Interior y Economía, Albano Harguindeguy y Alfredo Martínez de Hoz, respectivamente.

Estos represores fueron acusados por el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel, quienes pasaron cinco meses presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El verdadero móvil de la detención habría sido presionarlos para que negociaran con representantes de empresas extranjeras a raíz de un frustrado negocio de exportación del que José Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita oficial a Hong Kong. El gobierno de facto pretendía que Sadeco, la empresa textil de los Gutheim, cumpliera con un contrato de exportación que le habilitaría a Martínez de Hoz obtener créditos desde esa ciudad china. Mientras estuvieron detenidos fueron trasladados cuatro veces, en enero de 1977, a oficinas en las que se desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y uno de la cartera económica.

Harguindeguy, como ministro del Interior, y Videla, como presidente de la Nación, fueron responsabilizados como coautores por haber firmado los decretos de detención, en la medida en que sólo ellos tenían poder de hecho para dar tales órdenes, y por haber permitido y facilitado los traslados de los detenidos. El 5 de noviembre de 1976 Gutheim padre e hijo fueron arrestados a disposición del PEN y el 6 de abril de 1977 fueron liberados, en ambos casos con sendos decretos que habrían sido elaborados luego de los hechos para darle cierta apariencia de legalidad al encarcelamiento ya materializado. Antes que la causa se cerrara por los indultos que Carlos Menem dictó en 1990, la Justicia ya había determinado que no existían elementos para detener a los Gutheim, tan sólo habían sido acusados por irregularidades en trámites de exportación de algodón.

“Se encuentra acreditada la organización y funcionamiento de una estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tenía como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión”, dicen los fundamentos de la presentación oficial. En tal sentido, Alén agregó que “hay una parte que falta, la dictadura no fue sólo una cuestión para combatir a la guerrilla sino la deliberada puesta en marcha de un programa económico con beneficiarios, cuyo comandante fue Martínez de Hoz, y las muertes y las desapariciones fueron un modo de disciplinamiento para imponer esa política”. Y agregó que por ese motivo, en los argumentos de la querella citaron a Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta, cuando habla de la política económica. En la presentación también se mencionan párrafos del discurso de la ministra de Economía, Felisa Miceli, en su homenaje a los desaparecidos de la cartera económica pronunciado el 31 de marzo.

En julio de 1988 la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Harguindeguy y de Videla, calificó sus conductas como secuestro extorsivo reiterado y consideró como ilegal y carente de razonabilidad las detenciones. La tanda de indultos del menemismo benefició a los tres acusados y ésa es la situación que ahora pretenden revertir los querellantes Alicia Palmero y Rodolfo Yanzón, de la Asociación y de la LADH respectivamente, y los representantes del Ministerio Público Fiscal, ahora junto con el Gobierno. La causa fue reabierta cuando el fiscal Delgado impulsó el pedido de los organismos de derechos humanos.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario afirmaron que, en realidad, el Estado ya estaba representado en la causa por el Ministerio Público Fiscal, por lo cual la presentación gubernamental viene a reforzar la realizada oportunamente por los fiscales de la causa. Y anticiparon que el juez federal Norberto Oyarbide está en condiciones de resolver en breve la inconstitucionalidad de los indultos en este caso.