La investigación por las muertes en el Puente Pueyrredón empezó mal. El fiscal Juan José González, quien trabajó durante años en la Policía Bonaerense, llegó al lugar donde se produjeron las muertes a las 14.30, o sea dos horas después de terminados los hechos. Las armas de los uniformados recién se secuestraron ayer, con 24 horas de atraso, por lo cual el margen para ocultar y cambiar las cosas fue amplísimo y se trata de un elemento de importancia ya que hay que determinar de qué arma salieron los disparos que mataron a los piqueteros. Además, la defensora pública María Fernanda Mestrín había pedido a la Departamental de la Bonaerense de la zona que la notificaran ante cualquier problema. Le habían avisado en todos los cortes anteriores, pero no en éste. Para redondear, el periodista Miguel Bonasso y otros testigos sostienen que del Hospital Fiorito los efectivos uniformados sacaron una bolsa con elementos que bien podrían ser de prueba. Hacia el mediodía de ayer, el secretario de Seguridad Nacional, Juan José Alvarez, anunció que su par provincial, Luis Genoud, ordenó que en la investigación no intervenga la Bonaerense sino la policía judicial y la Procuración.
La clave de la investigación está, en parte, en quien la conduce: esta vez, el caso recayó en el fiscal conocido en los tribunales de Lomas de Zamora por haber pertenecido a la Bonaerense. Desde la propia fuerza, una fuente de la máxima jerarquía confirmó a este diario que González trabajó en la Bonaerense, aunque en carácter de administrativo. Para colmo, en los tribunales de Lomas aseguran que el secretario de González también proviene de la fuerza ahora investigada.
Lo fundamental en la pesquisa serán igualmente los testimonios, las pericias y la numerosa cantidad de fotos y videos realizados por los medios de comunicación. También hay videos filmados por las propias fuerzas de seguridad. Ayer, el fiscal González empezó a pedirle a los medios que le remitan las copias de todas las evidencias, ya que no sólo deberá investigar las dos muertes sino también el resto de los hechos ocurridos en Avellaneda.
Desde el punto de vista del trabajo judicial, González debutó con mal pie. Habitualmente a los policías se le secuestran las armas de inmediato, de manera que haya transparencia y no se puedan hacer maniobras. En este caso, justo uno de los más delicados de los años recientes, la orden de retirar las 120 armas de los efectivos que actuaron en Avellaneda se dio con 24 horas de demora, lo que permite, por ejemplo, alterar alguna de las actas de atribución del armamento. De todas maneras, los primeros indicios apuntan a que las muertes fueron producidas con disparos de escopetas Itaka, lo cual debería permitir la identificación del arma del cual salieron los proyectiles.
La demorada presencia del fiscal en el lugar de los hechos igualmente juega un papel de importancia, porque puede ver y ordenar el levantamiento de cartuchos tirados por el piso y otros elementos de prueba. González no estuvo a tiempo, pero tal vez resulte clave la visualización de los videos: según los primeros datos, en algunas de las tomas se ve claramente actuando a policías de civil. Una fuente policial le admitió a este diario que podrían haber participado efectivos que no estaban uniformados ni figuraban en la lista oficial ya que, supuestamente, se los convocó como refuerzos. Este es un procedimiento habitual en la Bonaerense cuando se quiere utilizar a efectivos en forma clandestina.
Actuando sobre este mar de sospechas, Alvarez, Genoud y el procurador Eduardo De la Cruz acordaron sacar a la Bonaerense de la investigación y poner a disposición del fiscal González a personal de la policía judicial y a dos instructores que puedan colaborar con la pesquisa. En principio, el propio gobernador bonaerense Felipe Solá empezó a marcar ayer la cancha: poniendo en disponibilidad al jefe del operativo, comisarioAlfredo Franchiotti y a los policías que actuaron en la zona de la Estación Avellaneda.