Rubén Beraja dijo ayer ante el juez Ariel Lijo que se enteró del pago ilegal de los 400.000 dólares durante el juicio oral y que no tuvo nada que ver ni con las negociaciones ni con el pago mismo, por lo que –según afirmó– no puede aportar nada a la causa judicial. En términos tácitos, la declaración de Beraja apunta contra el ex juez Juan José Galeano, porque da por sobreentendido que el magistrado negoció por su cuenta sin consultarle nada. En contra del ex dirigente de la comunidad judía jugarán varias declaraciones que mencionan que hubo diálogos de representantes de Telleldín con Beraja para negociar la declaración de Telleldín a cambio de dinero, aunque se mencionaba que se haría a través de un libro. Luego, se probó que lo del libro fue apenas una excusa, una forma de disimular la maniobra ilegal. Ayer distintos sectores de la comunidad judía pidieron la citación a declarar del ex presidente Carlos Menem.

Beraja intentó definir su papel como el de un querellante más en la causa por el atentado, cuando es sabido que tenía una enorme influencia en todos los terrenos, tanto sobre el juez como respecto de los funcionarios del Poder Ejecutivo en los tiempos de Carlos Menem, con quien mantenía una fluida relación.

En el escrito en el que lo citó a declaración indagatoria por participar en el pago ilegal a Telleldín, el juez Lijo sostuvo que tuvo relación con las negociaciones y que, además, luego trató de disfrazarse la operación mediante un pedido de recompensa. Es decir, que le dieron la plata en forma clandestina al Enano, como le dicen a Telleldín, a cambio de que éste cambiara su declaración original e imputara a los policías bonaerenses. Y para tapar esa maniobra luego se gestionó un pedido de recompensa para blanquear la entrega de dinero. Esta última jugada fracasó.

En realidad, se ha convertido en una modalidad reiterada el desvincularse de lo que pasó y echarle la culpa a Galeano. Beraja dijo que no estaba enterado del pago a Telleldín, Anzorreguy que sí se enteró, le dio el dinero, pero que no sabía para qué se iba a utilizar, y todos los demás esgrimen el argumento de la obediencia debida al juez o al ex Señor 5. El Tribunal Oral y la Cámara de Casación, en sus respectivos fallos, describieron un panorama opuesto: que lo que existió fue una maniobra política, “al servicio de políticos inescrupulosos”, como dicen los jueces del Tribunal Oral, que convenía tener culpables para exhibir ante la sociedad, que venía bien que esos culpables fueran integrantes de la policía del archienemigo, Eduardo Duhalde, y que, además, daban el perfil porque su actividad diaria estaba siempre vinculada a la compraventa de autos robados, el arreglo con delincuentes y la corrupción. En ese marco, la maniobra tuvo el mayor peso en el Ejecutivo y una obediencia debida por parte del aparato judicial, con Galeano y los fiscales al frente.

El juez Lijo deberá decidir en las próximas dos semanas si es verosímil lo declarado por Beraja y por Anzorreguy y si lo que dijeron encaja con las 300 pruebas que hay en el expediente. Sobre esa base resolverá si los procesa o no. Además, debe decidir si tiene elementos para avanzar en imputarles delitos más graves.

En el día de ayer se confirmó lo publicado por Página/12 el sábado: en su declaración, Anzorreguy no le echó el fardo a Carlos Menem por el pago de los 400.000 dólares. En el escrito entregado a Lijo dice explícitamente que no los consultó ni a un superior ni a sus subalternos ni a sus pares, es decir que resolvió por sí mismo el pago. Pese a ello, y tal vez descreyendo de lo afirmado por el ex jefe de los espías, ayer las agrupaciones Memoria Activa y Familiares, así como el ex titular de la AMIA Abraham Kaúl pidieron que Menem fuera llamado a declarar como principal responsable del encubrimiento.