La Argentina seguirá contando con un abastecimiento de 7,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Bolivia como hasta ahora, pero deberá pagar un precio superior, de cinco dólares por millón de BTU. Pero no sólo cambiará el precio, sino también los actores. En el marco del anterior contrato, quien vende el gas desde Bolivia es una empresa privada y quien lo adquiere en la Argentina es otra empresa privada, usualmente filial de la misma casa matriz que la vendedora del otro lado de la frontera. Ahora, el contrato de exportación-importación se concretará entre YPFB y Enarsa, las dos empresas energéticas estatales que, hasta el momento, sólo existen como emblema de sus respectivos gobiernos. La cuestión de cómo se apropia del gas en Bolivia YPFB y cómo lo comercializará Enarsa en la Argentina entre las distribuidoras y las centrales térmicas, una vez que lo reciba, es una cuestión más compleja, aún no aclarada. Tampoco, sobre cómo se deberán adaptar las empresas privadas, en la Argentina, a un nuevo esquema en el que el Estado reasume un rol activo.

El convenio marco que ayer suscribieron Evo Morales y Néstor Kirchner establece un compromiso de venta de gas por 20 años, de 7,7 millones de m3 diarios en una primera etapa, y de 20 millones adicionales una vez que entre en operación el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). El precio de 5 dólares por millón de BTU sólo corresponde al período 15 de julio a 31 de diciembre de este año. A partir de 2007, el precio surgirá de una fórmula de ajuste a convenir entre ambos países, que contemplará el precio de mercado para gases licuables (etano, propano, butano y gasolina natural) contenidos en el gas natural exportado a la Argentina.

El convenio también prevé la construcción de una planta de extracción (separación) de licuables de gas en territorio boliviano. YPFB y Enarsa serán las encargadas de llevar adelante el estudio de este y otros proyectos de integración. La planta separadora será financiada por el gobierno argentino “en condiciones concesionales o preferenciales”, según reza textualmente el acuerdo de la víspera. La planta será propiedad de YPFB y, según el convenio, el proyecto deberá garantizar la capacidad de repago de la financiación y su rentabilidad. Dos condiciones adicionales impuestas por el gobierno de Evo: su producción atenderá prioritariamente las necesidades del mercado boliviano y su puesta en marcha tendrá, como fecha tope, el inicio de las exportaciones a través del GNEA, “salvo que la demora sea por responsabilidad de YPFB”. Dicho en otros términos, si no hay planta, no hay gas para el nuevo gasoducto.

Los dos países también se comprometen a analizar la viabilidad de instalar una planta de generación termoeléctrica en Bolivia alimentada a gas, cuya generación sería destinada tanto al consumo interno del país vecino como para su exportación a la Argentina. También se estudiará la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas de exploración y explotación en Bolivia entre YPFB y Enarsa. Sin equipos ni personal técnico, la única alternativa posible de llevar a cabo semejante emprendimiento sería encontrar, en lo inmediato, un socio operador. La estatal venezolana Pdvsa, se descuenta, estará dispuesta a cumplir el rol.

Bolivia se reservó una cláusula para prevenir la probable tentación argentina de reexportar parte del gas que empezará a recibir cuando se construya el nuevo ducto. El artículo tercero del convenio señala que el gas comercializado será para “satisfacer la demanda interna y no podrá ser destinado a aumentar las autorizaciones de exportación de la Argentina a terceros países (sea de empresas estatales y/o privadas), sin el acuerdo de ambas partes”.

Las especulaciones sobre cómo puede afectar esto las ventas de gas a Chile, Brasil y Uruguay son múltiples, así como las que aluden a la posible modificación de precios de estas exportaciones para “compensar” el mayor precio del gas boliviano. Si Enarsa no va a trasladar al mercado interno el mayor precio, deberá subsidiarlo. Y si es así, no faltará quien se tiente con cobrarles algún recargo a los exportadores privados. Resuelto el acuerdo con Bolivia, ahora viene la puja interna.