En la madrugada de ayer quedó detenido el cabo Lorenzo Colman, que se suma a los otros tres policías presos y cierra el círculo en torno de la responsabilidad policial por la muerte de los dos jóvenes piqueteros en Avellaneda. Pocas horas después, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, confirmaba su decisión de dar un golpe de timón en la política de seguridad: anunció el desplazamiento del ministro de Justicia y Seguridad, Luis Genoud, y anticipó su decisión de implementar una “reforma fuerte” en el organismo. “Quiero alguien que esté permanentemente encima de la policía”, explicó Solá sobre su nuevo ministro, en una frase que revela el nuevo punto de vista del gobernador sobre la Bonaerense.
La primera reacción oficial cuando se conoció la muerte de los dos jóvenes en el Puente Pueyrredón fue culpabilizar a los piqueteros. Sin embargo, la evidencia fotográfica obligó al Gobierno, tanto nacional como provincial, a desarmar el discurso: además de Colman, la Justicia ya detuvo al comisario inspector Alfredo Franchiotti, al oficial principal Jesús Quevedo y al cabo primero Alejandro Acosta. Todos ellos están acusados por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Cuando quedó clara la responsabilidad policial en las muertes, Solá ordenó intervenir las dependencias involucradas –la Departamental de Lomas de Zamora y el Comando de Patrullas de Avellaneda– y destituyó al jefe y al subjefe de la Bonaerense.
Ayer, el gobernador dio un paso más y aceptó la renuncia de Genoud: “Yo le había pedido que siguiera en su puesto, pero como él se quiere ir, voy a aceptar su renuncia”, explicó.
Aunque aún no definió el nombre del sucesor de Genoud, Solá dio algunas pistas sobre lo que busca. “Quiero alguien que esté permanente y absolutamente encima de la Policía, que no tome ninguna distancia. Que esté en el lugar de los hechos en todos los casos; que esté encima, y en los escenarios posibles, frente a cualquier hecho o problemas del orden público. Debe saber de derecho y quiero que sea un hombre completo e incluso con mucha energía, energía física inclusive, porque en la policía de la provincia de Buenos Aires hay que moverse mucho”, aseguró.
En cuanto al futuro jefe de la Policía, fuentes de la gobernación aseguraron que no se tratará de un civil, como se había especulado en un principio, sino de un policía, posiblemente un comisario retirado. Su nombre, anticipó Solá, se anunciará junto con el nuevo ministro.
Además, el gobernador manifestó su voluntad de “implementar reformas fuertes en la Policía y en la conducción de la seguridad” para concretar “una reestructuración a fondo”. “Ya las tengo en la cabeza desde antes de que ocurriera esto”, señaló.
Entre las principales se incluye la división del ministerio en dos organismos, uno de Justicia y otro de Seguridad, lo que permitirá optimizar las funciones y controlar más de cerca a la policía.
Solá también aseguró que intentará articular la policía con las agencias de seguridad privada, un tema que se viene anunciando desde hace meses. “Hay que hacer un gran control de fichaje e historia personal de cada uno de los empleados de seguridad privada: hay que dejar bien en claro quiénes son, dónde están, tienen que tener obligaciones respecto de la seguridad pública. Tenemos más de 45 mil policías en total, que no están todos en la calle, y tenemos más de 50 mil personas afectadas a la seguridad privada en la provincia”, señaló.
El mandatario bonaerense sostuvo que como parte de la reforma se “van a modificar fuertemente las cuestiones que hacen a la formación policial y los oficiales de policía van a tener que ir a la facultad”.
Aunque subrayó en todo momento su voluntad de modificar la política de seguridad en la provincia, Solá aclaró que la Policía “perdió en lo que va del año a 26 hombres. Este es un record absoluto de muertes y estamos hablando de cuestiones de orden público, pero hay que decir que la Policía viene teniendo una terrible sobrecarga en terribles desigualdades en la lucha contra la delincuencia”.