El gobierno de Eduardo Duhalde resolvió robustecer la partida de recursos para las fuerzas de seguridad, bendiciéndolas con un aumento que éstas ni hubieran soñado en el momento en el que se sancionó el Presupuesto del año en curso. El 19 de junio, casualmente una semana antes de la feroz represión de la marcha piquetera del miércoles, los ministros del gabinete nacional estamparon su firma en un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras modificaciones, asigna 37 millones de pesos adicionales para el equipamiento de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal.
No hay nada que permita establecer una relación necesaria entre aquella dádiva fiscal a los uniformados y la saña con la que se reprimió el intento piquetero de cortar el Puente Pueyrredón, incluyendo los mortales balazos a dos manifestantes. Pero la decisión de reforzar el Presupuesto 2002 para asignar más dinero a gendarmes, prefectos y policías pocos días antes del reciente despliegue represivo es, al menos, un dato sugestivo que alimenta las fantasías más temerarias sobre la asignación de un rol más duro a esas fuerzas.
El DNU 1062 asigna 33 millones de pesos para la “Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes”, lo que significa aumentar en un 5 por ciento el presupuesto asignado para todo el año a la Policía Federal en ese programa. La mayor parte de este dinero se destina a servicios no personales, combustibles y lubricantes y, naturalmente, material de guerra. Esto se completa con otras partidas para la Seguridad de la Navegación Aérea y para mejorar la capacidad operacional de la Gendarmería, con lo que el aumento para el conjunto de las fuerzas alcanza los 37 millones de pesos.
Los considerandos del decreto justifican este selectivo aumento presupuestario, difícil de entender en una época de restricciones fiscales. El primer considerando alude a la premura con la que tuvo que aprobarse la Ley de Presupuesto para este ejercicio, lo que “no permitió incluir los créditos necesarios para la atención de gastos necesarios para una adecuada protección de las personas y bienes”.
A este presunto descuido oficial, fundado en el “trámite excepcional que demandó la aprobación del Presupuesto 2002”, el plenario de ministros añadió como fundamento la devaluación del peso: muchos de los pertrechos militares se importan, en tanto que otros, como el combustible, siguen la evolución del dólar.
“La variada cantidad de elementos y servicios que deben utilizar las Fuerzas de Seguridad, como los repuestos y mantenimiento de aeronaves, embarcaciones y otros equipos, la adquisición de equipos de comunicaciones, la compra de insumos para laboratorios científicos para la realización de pericias, entre otros, deben adquirirse en el exterior”, señalan los considerandos.
La ejecución del presupuesto de aquellas fuerzas está a cargo en última instancia del secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, sindicado como un exponente del ala blanda del gobierno duhaldista en esta materia. Desde el advenimiento de Jorge Matzkin al Ministerio del Interior, un funcionario enrolado en el sector de los más “duros”, esa secretaría depende directamente de Presidencia, lo que consolida la natural competencia de Duhalde sobre el área.
El decreto en cuestión también prevé más fondos para el Registro Nacional de las Personas, en atención a que la caída de recursos propios “no permite la atención de sus funciones fundamentales” ...”lo que podría afectar el programa Jefes de Hogar”.
Los beneficiarios de este plan, caballito de batalla de la gestión duhaldista para paliar la creciente pobreza, sólo pueden realizar su solicitud con el DNI, impreso por el RNP.
En base a esta preocupación solidaria, el Gobierno también dispuso reasignar parte del dinero previsto para cubrir estos subisdios a desempleados de 150 pesos mensuales. Según surge del decreto 1062, sedetraen 30 millones de pesos con destino a una campaña de publicidad. Para financiarla se destinará el dinero de un mes de 200 mil jefes y jefas de hogar.