Luego de una reunión de una hora y media con el gobernador Felipe Solá, Juan Pablo Cafiero se convirtió ayer en el nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hasta entonces, Cafiero era vicejefe del Gabinete nacional pero, aseguran los que hablaron con él, no dudó mucho en aceptar el ofrecimiento luego de que el gobernador le diera las garantías que pidió. El discurso con el que asumió Juampi fue ultralegalista: habló de “descriminalizar la protesta”, de que “no habrá impunidad” para los asesinatos cometidos durante la marcha piquetera del miércoles pasado y de crear un “control del pueblo” para el accionar policial. “Hasta ahora las reformas a la Bonaerense siempre se quedaron a mitad de camino”, sostuvo, y adelantó que tendrán que irse quienes “no se condicen con el sistema democrático”.
En el discurso duro de Cafiero también hubo críticas para quienes, desde funciones ejecutivas, estuvieron a cargo del operativo que terminó con las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. “Sin dudas, la conducción política no estuvo a la altura de las circunstancias”, señaló. Anoche todavía no estaba claro si Juampi asumiría hoy o mañana. Es que todavía quedaba por decidir el nombre del nuevo jefe de la Bonaerense que, se especulaba, sería el de un comisario retirado.
En rigor, Cafiero no fue la primera opción de Solá. Un día después de aceptarle la renuncia a su anterior ministro, Luis Genoud, el gobernador bonaerense le ofreció el cargo al embajador en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, especialista en temas de seguridad. Pero Patiño Mayer se negó a cambiar las alfombradas sedes diplomáticas por la áspera tarea de reformular a la maldita Bonaerense. Solá pensó entonces que Juampi podía ser ese ministro que quiere ver “permanente y absolutamente encima de la Policía, que esté en lugar de los hechos en todos los casos”, tal como había definido el sábado.
Quedaron en reunirse ayer, en el departamento que el gobernador tiene en la Capital Federal. El viernes por la noche, Solá se había encontrado con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, con quien estaba interesado en charlar sobre la mejor manera de encarar la reforma que quiere llevar adelante en la provincia.
Muy pocos consiguieron salir ilesos del cargo que ayer aceptó Cafiero. Entre quienes sortearon ese obstáculo con elegancia estuvo el ex camarista León Arslanián, que introdujo cambios profundos en las atribuciones de la policía y renunció cuando el por entonces candidato Carlos Ruckauf prometió “meter bala” a los ladrones. Luego, dos adalides de la política de mano dura, como el ex coronel carapintada Aldo Rico y el ex comisario Ramón Verón, debieron irse en medio de escándalos y con los índices de criminalidad en alza.
Justamente, la llegada de Juanjo Alvarez al cargo significó la mejor prueba del fracaso de las estrategias de endurecimiento del primer tramo de la gestión Ruckauf y una tentativa de retorno al “legalismo”. Alvarez saltó al mismo cargo pero a nivel nacional durante el interinato presidencial de Adolfo Rodríguez Saá y ahora Solá se interesó por conocer el saldo de su experiencia de casi dos meses en la provincia.
No por nada Cafiero apareció ayer en público utilizando algunas frases que integran el menú discursivo del ex intendente de Hurlingham. Por ejemplo, que la protesta de la gente “es legítima” y no debe “criminalizarse”. “Miles de compatriotas se sienten desamparados en sus derechos”, aceptó ayer Juampi, además de calificar la situación social como “explosiva”. No es la primera vez que Cafiero hace un descarnado cuadro de situación al asumir un cargo. Cuando Fernando de la Rúa lo nombró ministro de Desarrollo Social también hizo un análisis demasiado sincero que disgustó a algunos integrantes del entorno presidencial.
Para designarlo, Solá tuvo en cuenta que Cafiero –aunque últimamente se ocupó más que nada del tema social– es un abogado especialista en DerechoPenal. Antes de aceptar, Juampi consultó al presidente Eduardo Duhalde, que le dio el visto bueno. Es que en esta gestión Cafiero viene siendo sponsoreado por el matrimonio Duhalde, que primero lo colocaron provisoriamente en el área asistencial y luego lo llevaron a la jefatura de Gabinete en donde se venía ocupando del Diálogo Político, una iniciativa que hasta ahora tuvo nulos resultados.
Juampi se convirtió en la cara visible del sector del Frepaso que bancó hasta último momento a la gestión delarruista y luego continuó siendo oficialista con Duhalde, con el argumento que es necesario darle “apoyo institucional” al gobierno de transición. Hoy, ese sector que también integran los diputados Darío Alessandro, Nilda Garré y Rodolfo Rodil, está en los preparativos del lanzamiento de una corriente política con la que buscarían presentarse en las próximas elecciones en alianza con el justicialismo. Incluso, algunos sectores de la Rosada imaginan a Juampi como el compañero de fórmula ideal para el candidato a gobernador del oficialismo en la provincia, ya sea el propio Solá o Hilda “Chiche” Duhalde. De ahí que el retorno de Cafiero a la arena bonaerense también tenga un costado de política electoral.
Una de las condiciones que puso Cafiero para aceptar un cargo tan complicado fue que el área de Justicia y Seguridad siguieran juntas como hasta ahora. La reforma que tenía en mente Solá preveía separar los organismos para controlar más de cerca a la policía pero Juampi lo habría convencido de la necesidad de no desmembrar el ministerio para poder depurar a la fuerza.
“Acá hay que cambiar la situación de cuajo”, adelantó ayer Cafiero. Prometió que, de aquí en más, habrá “control social con participación del pueblo” al accionar policial. También dijo que en los próximos operativos de seguridad participarán fiscales y funcionarios del área de derechos humanos para garantizar que los movimientos de los efectivos de la bonaerense se enmarquen dentro de lo legal. “Vamos a garantizar que quien salga a manifestarse tenga todas las garantías”, prometió.