Tras recibir ayer en Ginebra, Suiza, un pormenorizado informe sobre los desaparecidos en Argentina, una comisión de las Naciones Unidas elogió la política oficial de derechos humanos y pidió precisiones sobre los procesos penales en la actualidad: la delegación argentina respondió que, tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, hay 959 causas penales en trámite y 211 individuos en prisión preventiva. Los expertos de la ONU también se interesaron por los cambios introducidos en el Nunca Más.

La delegación argentina, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, expuso oralmente el informe en la sede del Palacio de las Naciones ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, presidido por el canadiense Stephen Toope. Según informó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado, los expertos de la ONU se interesaron “por la actualización de los anexos de la última edición del informe de la Conadep”. Se trata de un ejemplar impreso en tres volúmenes y una versión digitalizada, que fueron reeditados “con información actualizada como resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante más de dos décadas por el Estado y las organizaciones de derechos humanos”. Para ejemplificar, Mattarollo detalló que la cantidad de centros clandestinos de detención “ha pasado de los 364 que registró la Conadep en 1984 a 498 que han sido identificados hasta ahora”.

La delegación argentina también recalcó que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó, hasta el momento, como querellante en 24 causas penales en todo el país, entre ellas el proceso abierto contra José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar. Los expertos de la ONU expresaron su preocupación por las amenazas que recibió en marzo pasado Sonia Torres, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba.