Hasta las 19 horas del jueves pasado, un día después de la masacre de Avellaneda, el discurso oficial –de los gobiernos nacional y provincial, de la Bonaerense– fue un fárrago de dislates, mentiras y operaciones de prensa tendientes a justificar los asesinatos, por un lado, y/o a encontrar una explicación contra natura producto de la carencia de fuentes de información que den cuenta al Estado sobre lo que realmente ocurrió en aquella jornada infame, por otro. A pesar del derrape mayúsculo de los responsables políticos de aquellos sucesos tremendos, aún hoy germinan en varios despachos oficiales –algunos de ellos de alta jerarquía– teorías conspirativas claramente contradictorias con la carga probatoria existente, y abiertamente insultantes a cualquier atisbo mínimo de inteligencia y sentido común. Esta alquimia, cuanto menos berreta, hace posible que aún hoy el Gobierno no haya dado respuestas a varios interrogantes relativamente simples de desentrañar cuando el Estado cuenta con los medios suficientes para hacerlo.
A continuación, se expondrán algunos de esos acertijos, operaciones y disparates:
u Infiltrados. El secretario de Seguridad de la Nación, Juan José Alvarez, está convencido de que, en la marcha, las columnas piqueteras fueron infiltradas. Alvarez confesó a los suyos que no sabía quiénes eran dichos infiltrados, ni qué sector había producido la infiltración.
En la edición del domingo pasado, el diario La Nación publicó una foto (la misma que ilustra esta nota) donde se ve a un piquetero con su rostro cubierto por un pasamontaña oscuro con las letras MTV escritas en blanco sobre éste. A su lado, hay otro piquetero con campera y mochila, de espaldas, y lleva en la mano lo que parece ser un arma larga. El periódico mencionado anteriormente supuso que ambos son infiltrados ya que, colige, los dos sujetos están golpeando a Darío Santillán, a la sazón tirado en el piso, a sus pies. Pues bien, fuentes de la Coordinadora Aníbal Verón consultadas por Página/12 dan por tierra esa hipótesis, ya que conocen al manifestante del pasamontañas negro. En cuanto a que el otro sujeto, el de la mochila, esté portando un arma larga, es cuanto menos opinable, ya que la foto no es lo suficientemente clara como para asegurarlo categóricamente; el manifestante bien podría tener en su mano un palo, similar al que tenían varios de ellos para enfrentarse con la policía.
Todos los testimonios recogidos por Página/12 coinciden en que los manifestantes no portaban armas de fuego, menos aún armas largas. Es, por tanto, curioso que en el episodio del incendio del colectivo hayan participado dos sujetos que blandían Itakas –la escopeta policial–, que hayan detenido el micro y evacuado al chofer y a los pasajeros a cara descubierta y, posteriormente, incendiado el vehículo con bombas molotov. La imagen de quienes perpetraron este episodio se asemeja más a los policías de civil que actuaron ese día, disparando contra los manifestantes –largamente filmados y fotografiados–, que a hipotéticos piqueteros con ganas de generar caos.
El caso de los policías de civil es otro punto oscuro. La policía suele justificar su presencia argumentando que tales personajes son convocados a última hora, por lo cual no portan su uniforme reglamentario. Pero esta marcha fue una de las más anunciadas de los últimos tiempos. Por lo tanto, la presencia de “civiles” en el teatro de operaciones no tiene justificativo alguno, más que ocultar evidencia de represión o provocar desmanes para atribuírselos a los manifestantes. Este caso bien podría ser la rotura de los vidrios de varios automovilistas y de locales comerciales. La Coordinadora Aníbal Verón niega que sus miembros hayan producido tales daños y, además, sostienen que hubo un grupo de entre diez y doce personas que rompieron parabrisas de los coches, a quienes ningún piquetero conocía.
u Las armas. Hasta el sábado pasado, inclusive, tanto en el Gobierno nacional como en el provincial había funcionarios que seguían sosteniendoque algunos piqueteros llevaron a la marcha armas de fuego. Un importantísimo funcionario bonaerense llegó a exponer la hipótesis ante Página/12. “Pudieron haberlas tirado”, sostuvo la fuente en dicho diálogo. Pero debió desdecirse.
–Ustedes detuvieron a 110 personas el miércoles. ¿Cuántas armas de fuego les secuestraron? –preguntó Página/12 al altísimo funcionario.
–Bueno... –balbuceó.
–Yo le respondo: ninguna, cero.
–Así es –reconoció.
–¿Cuántos heridos de bala hay entre policía provincial y otras fuerzas de seguridad?
–Ninguno.
–Cero.
La inexistencia de armas secuestradas y la falta de heridos entre las fuerzas de seguridad dan cuenta claramente quiénes portaron las armas y quiénes dispararon. Juan José Alvarez dice que el casco de uno de sus hombres de la Prefectura fue perforado por un perdigón de plomo. Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, el secretario de Seguridad podría indagar entre las filas de los agentes del orden a fin de comprobar de dónde salió dicho plomo.
u Violentos. Desde los gobiernos se puso mucho énfasis en recordar la actitud violenta de los piqueteros de la Corriente Aníbal Verón. Varias veces, oficial y extraoficialmente, se ha dicho que el Gobierno no ha podido parlamentar con los desocupados, habida cuenta de la intransigencia ideologizada de los grupos que componen dicha Corriente. No obstante, el gobernador Felipe Solá reconoció que llegó a hablar con algunos de ellos y que, gracias a eso, sabía que la protesta sería “dura”.
Si los Estados nacional y provincial contaban, como dicen muy orondos, con tanta información sobre las características que tendría la marcha, ¿por qué no se armó un dispositivo en función de las mismas? El Estado debe garantizar la vida de sus integrantes, de los habitantes de la Nación, sean radicalizados o conservadores. ¿Acaso no se armó un esquema para balearlos a mansalva y luego echarles la culpa apelando a su supuesta violencia, tal como ocurrió?
u Locura. El comisario Alfredo Franchiotti, acusado por varios testigos de ser el asesino de Darío Santillán, no se volvió loco, a pesar de que ciertas versiones oficiales intentaron, durante la noche del jueves (cuando este diario ya había descubierto que la policía es la homicida), abonar esa chance.
El comisario llevó a la marcha la munición de guerra. No ocurrió que, luego de recibir un gomerazo, el hombre enloqueció, volvió hasta la comisaría a buscar los cartuchos con plomo, y regresó enceguecido a la marcha, buscando venganza. Lejos de ello, el oficial llevó las armas que sabía que iba a utilizar, las repartió entre su tropa y comenzó la cacería.
u Justicia. Durante toda la jornada de muerte en el sur del Conurbano, los agentes de la Justicia estuvieron ausentes. Fiscales y jueces no creyeron conveniente hacerse presente en el lugar de los hechos mientras estaban ocurriendo, a pesar de la amplia información que daban los medios sobre el episodio y la gravedad institucional que conllevaban los mismos.
Ni siquiera llegaron después al Hospital Fiorito, donde la policía seguía secuestrando gente, ni se apersonaron en la comisaría de Avellaneda, para comenzar a indagar a los detenidos y, de paso, velar por sus derechos. Tampoco hicieron aparición en el local de Izquierda Unida, cuyas puertas tres policías echaron abajo a patadas, recreando un siniestro cuadro de la dictadura militar.
Recién bien entrada la noche, el fiscal Juan José González, hombre de la Justicia de Lomas de Zamora, el territorio del Presidente, y ex agente de la Bonaerense, tomó cartas en el asunto. Para ese entonces, ya casi no quedaban detenidos en la comisaría.