La decisión está tomada. El justicialismo resolvió que el 10 de julio se definirá la suerte del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Para ese día, Eduardo Camaño, presidente de la Cámara baja, incluirá ese tema en la sesión ordinaria. El bloque oficialista dará libertad de conciencia a sus integrantes, por lo que se da por sentado que la acusación no conseguirá los votos necesarios para su aprobación. El radicalismo decidirá recién hoy qué hacer con respecto a este caso donde sus hombres acompañaron el dictamen acusatorio.
Uno de los hombres más importantes del duhaldismo en Diputados señaló no hace mucho a este diario que “a la Corte se la baja en diez días o no se la baja nunca más”. Los diez días fueron superados hace meses y los tiempos para el Gobierno cambiaron. Ahora, el oficialismo necesita a los supremos: el propio ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante su viaje a los Estados Unidos deslizó la necesidad de que la Corte desestime los fallos que favorecen la salida de dinero del corralito como condición para mejorar las perspectivas de un acuerdo con el FMI.
Si el ministro y el presidente Eduardo Duhalde quieren esta acordada, antes deben desactivar esa espada de Damocles que significa el dictamen acusatorio de la Comisión de Juicio Político que preside Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz).
La desactivación del juicio político comenzó con una simple maniobra que se traducía en no discutirlo dentro del bloque oficialista. Los justicialistas que impulsan el juicio, como Acevedo y Ricardo Falú (PJ-Tucumán), intentaron en distintas oportunidades debatir el caso con sus colegas de bancada, pero siempre hubo otro tema que distraía la discusión. Recién este jueves, el bloque se dará tiempo para conversar “los temas polémicos”, entre los que se encuentra el juicio a la Corte. De todas formas, Humberto Roggero, titular de la bancada, ya anticipó que dará libertad de conciencia a sus legisladores. En el argot parlamentario esto significa lisa y llanamente “no mover un dedo para que el dictamen sea acompañado por el bloque”. Los hombres de Roggero sonríen con cierta picardía cuando se les pide una explicación con respecto a la decisión del diputado cordobés, luego deslizan críticas a “los compañeros de la comisión” por no haberse dado una mejor estrategia para convencer al resto de los legisladores: “Fueron un poco prepotentes”, repetían ayer por los pasillos vacíos del Congreso.
En estos momentos, de los 120 diputados que tiene el PJ, unos ochenta están en contra del juicio, veinte están a favor y el resto duda o ni siquiera aparece por el Congreso. Uno de los sectores más militantes del rechazo al juicio es el menemismo. Estos legisladores aseguran que “Duhalde no tiene ni condiciones ni la fuerza necesaria para llevar adelante un juicio de estas características”. Desde el reutemismo la posición es más pragmática: “Un gobierno de transición debe correr con los costos de cerrar el corralito y preparar el terreno para el próximo presidente que, esperemos, sea peronista. En este escenario, el juicio a la Corte no es conveniente”.
El que debe definir ahora su estrategia es el radicalismo. Hoy se reunirán para definir su posición. La bancada está dividida y ninguna de las dos posturas tiene mayoría. De todas formas, en la práctica, si el bloque peronista se opone al juicio político a la Corte Suprema, jamás superará la instancia acusatoria.