La legislación argentina tiene varios agujeros negros. Uno de ellos es la demorada confección de un digesto que organice la maraña de leyes que se superponen y hasta se contradicen. Otra asignatura pendiente es la reforma integral del Código Penal. Y una tercera que será abordada hoy por la Cámara de Diputados es la legislación promulgada en el marco de la delegación de facultades parlamentarias, que será prorrogada por cuarta vez a falta del digesto jurídico que aún está en elaboración. Para el oficialismo es su mero “trámite”, pero los diputados de PRO lo consideran “un nuevo avance del Ejecutivo sobre el Legislativo”.

El proyecto que ya fue aprobado por el Senado extiende por otros tres años la vigencia de más de 1500 leyes y 330 decretos que vencen el 24 de agosto. “Sólo un loco podría oponerse a esto, hacerlos significaría quebrar la institucionalidad jurídica”, dijo a Página/12 el diputado Juan Manuel Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El salteño recordó que esto siempre se aprobó “por unanimidad” e instó a sus pares a actuar “con responsabilidad”. Sin embargo, el legislador oficialista admitió que no es “muy científico aprobarlas en bloque” y que la “solución definitiva sería la ratificación individual” de cada norma.

Pero también explicó que esto sólo puede hacerse cuando culmine la labor del equipo de juristas que está haciendo el digesto, porque “ellos van a hacer un informe sobre cuáles hay que ratificar y cuáles no”. Mientras tanto, se disponen a prorrogar la vigencia de leyes tales como la de radiodifusión y la de sociedades comerciales. En la reunión de la comisión también será abordado el proyecto sobre leyes secretas que viene del Senado y que puede generar polémica entre presentes.

Con el vencimiento encima, el kirchnerismo quiere aprobarlo hoy en comisión y, si existe acuerdo con el bloque radical, tratarlo en el recinto. Pero por estas horas surgieron algunas críticas contra la ratificación. “La aprobación de esa legislación no es necesaria, es sobreabundante y exagerada porque se aprueban leyes que ya fueron ratificadas en años anteriores. Además, incluye nuevas delegaciones para el Ejecutivo que le permitirían desde cerrar la Universidad de Buenos Aires hasta reformular las Fuerzas Armadas”, acusó el diputado Pablo Tonelli, de PRO.

La Constitución reformada de 1994 obligó, en un plazo de cinco años, a revisar toda la legislación delegada para que el Congreso seleccione las normas que correspondía ratificar. Pero esta tarea todavía se encuentra en proceso de elaboración. Por ley se le encargó al Ministerio de Justicia la creación de una comisión de notables para llevar adelante la labor. Y con ese objetivo se contrató a la Facultad de Derecho de la UBA y se conformó una comisión de expertos. Las normas debieron ser prorrogadas por tres años en 1999, por dos en 2002, y nuevamente por un bienio en 2004.