El gobierno de Eduardo Duhalde ya tiene una causa judicial para que sea investigado el hipotético e improbable complot que habrían armado los piqueteros para desestabilizarlo. Aunque está prácticamente demostrado que los manifestantes que perdieron la vida el miércoles 26 fueron asesinados por la Policía Bonaerense, y el discurso oficial abandonó rápidamente la idea de la conspiración piquetera, la denuncia del ministro de Justicia, Jorge Vanossi, referida a la amenaza de “derrocar los poderes constituidos” ya había empezado a recorrer el camino para convertirse en expediente. El oficio del Gobierno está basado en un informe de la SIDE y recortes periodísticos. El fiscal Carlos Stornelli pidió ayer que se abriera una investigación para determinar si existió “un plan para derrocar al presidente Eduardo Duhalde”, que derivó en los incidentes ocurridos en el Puente Pueyrredón.
Stornelli solicitó también al juez Norberto Oyarbide que cite como testigos a Vanossi, al secretario de Inteligencia Carlos Soria, al secretario de Seguridad Juan José Alvarez y al periodista Miguel Bonasso, que escribió en este diario que supo con anterioridad a los hechos lo que finalmente ocurrió. El fiscal deslizó la posibilidad de que se haya violado la ley 23.077, conocida como de Defensa de la Democracia. En la denuncia, el ministro de Justicia mencionó la “escalada de acciones violentas (...) que amenazan con el derrocamiento de los poderes constituidos”. Y concluyó que “cabe preguntarnos si estamos o no en presencia de una maquinación concertada para alcanzar con intencionalidad objetivos de máximo alcance que puedan poner en riesgo más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones de la República”. El juez Norberto Oyarbide afirmó ayer que “en algún momento puede aparecer algún vínculo” entre esta causa y la que investiga el presunto complot para derrocar a Fernando de la Rúa.