El presidente Néstor Kirchner resolvió a través de un decreto delegar en el Ministerio de Defensa la facultad para controlar el “acceso irrestricto” a la información sobre actividades de inteligencia militar. La decisión se produce luego del escándalo de espionaje ilegal a políticos nacionales y provinciales en la base Almirante Zar de Trelew. En ese caso, que es investigado por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, Kirchner debió firmar un decreto para relevar del secreto a los militares imputados y al cabo Carlos Alegre –que denunció el caso de espionaje– para que pudieran ser indagados por la Justicia.

La causa de espionaje estalló en marzo con la denuncia de Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Gobierno dispuso separar a dos de los altos mandos involucrados: el ex director de Inteligencia Naval contraalmirante Pablo Rossi, y del ex número tres de la Armada, el jefe de Comando de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés.

El entonces juez federal Jorge Pfleger ordenó allanamientos a las bases Almirante Zar y de Puerto Belgrano y a otras cinco bases navales en Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. Entre las carpetas que se secuestraron, encontraron seguimientos a la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al propio juez Pfleger, que estuvo a cargo de la causa hasta que accedió al Supremo Tribunal de Chubut. También se reveló el seguimiento a los actos que recuerdan la masacre de Trelew, que ocurrió en la misma base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. En la causa de la masacre, el juez Sastre hizo una inspección judicial (ver aparte).

Tras el caso de espionaje, el Gobierno dispuso revisar los reglamentos internos sobre inteligencia militar y luego pasó a la órbita del Ministerio de Defensa los organismos de inteligencia que antes respondían a cada fuerza. También reglamentó la Ley de Defensa Nacional, que fue promulgada en 1988 para establecer la separación entre seguridad estratégica militar y seguridad interior. La medida tuvo como objetivo “consolidar el control civil de las Fuerzas Armadas”. En esa dirección, el Gobierno también avanza sobre una reforma en la educación militar y en derogar el Código de Justicia Militar que rige desde 1951. El objetivo es que los militares respondan ante los mismos fueros que los civiles, a lo que se sumará una reforma al Código Penal para sumar delitos específicos para militares. Esta medida eliminará la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino.

El decreto 1076/06 –firmado por Kirchner, Garré y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández– se inscribe en esa lógica. Delega en Defensa la facultad que establece el artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional, que señala que el Presidente o quien él designe puede relevar del secreto militar al personal y a los bancos de datos de los organismos de inteligencia militar. En los fundamentos del decreto, se señala que “a la luz de la experiencia acumulada resulta conveniente delegar” en el Ministerio de Defensa “la facultad de autorizar el acceso irrestricto” a la información de inteligencia militar.