“Si hay dos cosas que obsesionan al Presidente, ésas son “la gente” y la caja. La sentencia de la Corte abre una tensión entre “la gente” (los jubilados) y la caja. Hay que definirla, de una vez y pronto, es una necesidad que nos viene bien. No es sencillo compatibilizarlas, en algún punto es imposible. Claro que todos arrimaremos propuestas sobre el cómo, el cuándo y el cuánto. A su vez, el quién no ofrece dudas. Ese es el Presidente. Uno de los ministros concernidos por el ajuste de las jubilaciones discurre con Página/12 y hasta se permite remedar con sus dedos la forma de las comillas cuando alude a “la gente”.

Conminado a redactar una ley para regular la movilidad en los años venideros, el Gobierno debe sofrenar su habitual voluntarismo. En ese delicado menester, muchos funcionarios de primer nivel se formulan preguntas que no solían admitir siquiera como hipótesis en una tertulia. Por ejemplo, qué pasaría si el ciclo económico expansivo (no digamos cesara) atenuara su brío. Así las cosas, en Economía, en Trabajo y en la Anses el vocablo “sustentabilidad” reasume parte del protagonismo que había resignado en el éxtasis del crecimiento chino.

“Si atamos la movilidad futura exclusivamente al crecimiento de la recaudación, volvemos al esquema Cavallo, que es insolidario. Pero si sólo la supeditamos a un módulo de aumento, sea el de los salarios o el de precios al consumidor, corremos el riesgo que en otro momento el índice se nos autonomice y se transforme en un monstruito, una nueva 1050” explica el funcionario y avizora virtuales riesgos futuros.

El planeamiento escasea en la gestión Kirchner, acunada en la emergencia y habituada a las decisiones veloces, casuísticas y coyunturales. El paso a paso se transformó de necesidad en artículo de fe, pero la planificación a mediano plazo, una de las zonas oscuras del actual gobierno, impone nuevos registros. No bastarán, a veces ni son legales, los golpes de timón estilo K. Ni es serio, aunque es confortante, dar por hecha la continuidad de sus logros macro y del viento de cola.

“Un esquema mecanicista diría que podemos atar los aumentos futuros a los de los salarios formales. En principio, si suben los salarios, sube la recaudación. Pero eso sucede en tiempos de crecimiento, como el actual”, extrapolan en zona conurbana de la Casa Rosada.

El cumplimiento de las obligaciones previsionales en todas partes, pero en Argentina más, es procíclico. Cuando viene la malaria o aunque sea la marea baja, muchos aportantes se valen de la evasión como un mecanismo espurio de ahorro. Rezongando contra la permisividad cultural respecto de la evasión pero computándola, en el Gobierno levantan la guardia: “Hay que tenerlo en cuenta, para que el esquema no se nos caiga justo en un momento de reflujo”.

¿Cuánto dinero hay en juego? No es fácil determinarlo. El fenomenal abanico de cifras que barajan analistas y consultores (hay quien pondera una inversión anual de 4500 millones de pesos, otros la exorbitan a 22.500 millones) no prodiga certezas pero sí da cuenta de la complejidad a abordar.

Un primer factor que condiciona el quantum es definir cuál es el universo de jubilados cuyo derecho constitucional a la movilidad ha sido vulnerado, según la Corte. La lectura del fallo Badaro sugiere que los pensionados que cobraban el mínimo al comienzo de la gestión Kirchner y que recibieron en su totalidad los nueve incrementos quizá no tengan derecho a pataleo. A partir de ese piso, como la pirámide se vino achatando, hay muy variados porcentajes de aumento percibidos. Delimitar desde qué cifra comenzó la privación injusta será el mojón inicial para determinar los aumentos y para extrapolar el valor presupuestario en juego.

Es el federalismo, unitario

El ejercicio anticipatorio incluye un vistazo al interior. Los aumentos se refieren al sistema nacional pero es innegable que ejercerán un contagio en las provincias, al menos en el imaginario de los beneficiarios. Las arcas provinciales deben prepararse para algún chubasco.

El Gobierno no tiene previsto cambiar el régimen de coparticipación federal, una herramienta que le facilita quedar del mejor lado de una relación asimétrica de poder inimaginable hace cinco años. Pero las provincias resignaron tiempo atrás parte de su participación en la recaudación global para financiar el sistema previsional. Hay allí una acreencia que un día se reclamará.

Ante un horizonte de año electoral, con muchas gobernaciones sin superávit o en déficit, sería insensato no “cruzar” el cálculo de las nuevas asignaciones a jubilaciones con esas variables. Hacerlo contrarreloj para llegar al 15 de septiembre, fecha límite para presentar el proyecto de presupuesto al Congreso, acelera las pulsiones de los asesores de Felisa Miceli.

Un gran caso, un caso al fin

Determinar el cómo, el cuándo y el cuánto del reajuste a las jubilaciones sigue siendo una de las tareas más desafiantes para el Gobierno. La Corte Suprema ayudó a racionalizar un desorden legal y ético pero impuso un plazo (no estipulado en meses pero muchos menos indefinido) para un escenario que es inevitable y que el gobierno venía difiriendo.

Se trata de un caso de inusual importancia social, económica y simbólica pero también de un caso más de la peculiar alquimia suscitada por una crisis fenomenal y por la dispersión de las políticas reparadoras que la siguieron. La catastrófica salida de la convertibilidad fue prologada por enormes mutilaciones de derechos, en su mayoría ilegales pero facilitadas por la debilidad de las víctimas, condenadas a consentirlas en buena medida. Las ulteriores acciones de emergencia, de las que este gobierno es principal paladín, tuvieron bastante eficacia pero estuvieron plagadas de discrecionalidad.

El resultado es un damero de situaciones particulares. La privación de derechos es la situación media de muchísimos argentinos que interpretan que lo peor ya pasó y es hora de recuperar vastos terrenos perdidos.

La capacidad de los ciudadanos de bregar por sus derechos, una constante de la historia local, fue atenuada por el terrorismo de Estado y por el disciplinamiento en tiempos de desempleo y desguace del Estado. Pero los integrantes de la sociedad civil argentina son perseverantes y aguerridos. Acuden a los tribunales, aun después de múltiples denegaciones de justicia o aun de vejaciones. Lo hicieron los organismos de derechos humanos, lo hicieron los jubilados. Con un gobierno de origen popular muy pendiente de los vaivenes de la opinión pública, con una Corte Suprema dispuesta a reasumir su rol de poder del Estado, con más plata en las arcas estatales, con menos incertidumbre, las demandas crecen. De su mano viene la necesidad de regularizar situaciones, de acentuar su previsibilidad y su legalidad. Es tan imprescindible como inevitable, pero no es sencillo.

Locaciones, cosa de locos

Las idas y venidas oficiales referidas a los alquileres de viviendas son reveladoras de la complejidad del fenómeno a abordar tanto como de internas gubernamentales tan negadas como palpables. Se fueron desgranando distintas propuestas, que revelaban distintos (nunca nimios) grados de improvisación o irreflexión. Los cuestionamientos surgieron prestos, de grupos de interés o de analistas de variado pelaje. En sus réplicas a los críticos los funcionarios, sin querer queriendo, fueron acercando más el bochín, relatando una realidad muy miscelánea, muy bichoca a ser corregidade sopetón con alguna medida general. Por dar un solo ejemplo, Felisa Miceli tiene razón cuando menciona que los valores de los inmuebles en ciertos centros urbanos (la Capital es un ejemplo, no el único) exceden largamente la media nacional. Pero la ministra deja un poco de lado que en esos centros vive una cantidad importante de la población que necesita soluciones y tiene un peso político sensible cuando se enfada.

La última solución que propuso el Gobierno, un plan de crédito muy poco precisado y no consensuado con la banca privada, da la impresión de ser auspiciosa para personas con ingresos medios o altos. No sólo para inquilinos, también para pequeños propietarios que revisten en el primer decil de ingresos. La mejora se puede expandir a sus redes familiares, hijos, hermanos o padres menos desahogados. Es una fracción, no es algo para ningunear pero cuesta imaginar que el beneficio pueda a la hora de la implementación, derramarse a grupos familiares que floten en la línea de los sueldos mínimos.

Habrá que ver si se plasma un último anuncio, que no fue mencionado en la presentación oficial de la medida: los inquilinos podrían acceder a un crédito hipotecario por una cuota mensual equivalente al alquiler que pagan actualmente. No será este cronista quien asuma la bandera de las entidades financieras, ya abundan colegas dispuestos a ese metier, pero da la impresión de que la promesa puede ser (ejem) insustentable.

Más allá de cómo se resuelven virtuales cuitas con los bancos, echando una mirada general se advierte que el desfase entre el precio de las propiedades y el de los ingresos de los trabajadores es una consecuencia de manual de una política de subvaluación del peso, que también lo es de los salarios. La paridad competitiva, una medida drástica de las que gustan al Gobierno, tiene derivaciones positivas pero también contraindicaciones. No suena que puedan zanjarse con la apertura de una línea de crédito, por generosa que ésta fuera.

La misma piedra, dos veces

El Gobierno debió retractar o reformular varias mociones surgidas de distintos despachos de Economía. Ya son un tópico las divergencias entre Miceli y Guillermo Moreno, y esta semana se escribieron nuevos capítulos de esa saga.

Moreno trastabilló cuando amenazó con el contralor del precio de las locaciones y cuando intentó una suerte de concertación entre las entidades representativas (¿a qué punto lo son?) de inquilinos y locadores.

Economía y la AFIP dieron marcha atrás a cierta velocidad a una propuesta que equivalía a denunciar todos los contratos, muchos de los cuales se hacen “en negro”.

La ansiedad de buscar una salida los hizo incurrir en el riesgo de suscitar un reflejo defensivo de los propietarios que complicara la oferta en el corto plazo, precisamente aquel que se busca arreglar.

El oficialismo tiene un feeling estimable respecto de las reacciones de “la gente”. El error en que cayó sugiere que se movió demasiado de prisa en un problema con muchas aristas, poco apto para los impromptus creativos.

El traspié es más curioso si se rescata otro episodio no tan lejano en el tiempo. Tal como ya anticipó Página/12, el Gobierno tiene en carpeta un aumento de ciertos servicios públicos básicos, como el gas, el agua y la electricidad, para usuarios residenciales con alto nivel de ingresos y de gastos. La medida, sujeta a la decisión última de Néstor Kirchner, podría aplicarse antes de fin de año pero tiene varios bemoles. Uno de ellos, básico, es cómo determinar quiénes serán los sujetos pasivos del aumento. Moreno, el mentor de la movida, les propuso a concesionarios de privatizadas de servicios un cruce informático entre los datos del consumode algunos usuarios con sus declaraciones de ganancias y de impuesto al patrimonio neto.

Varios gerentes de las privatizadas se opusieron, pensando que la elección de ese método generaría una ola de reacción pública que tornaría inviables los aumentos. Moreno tomó nota y, comentan allegados inobjetables de Palacio, cambió el criterio.

Sin embargo, con un intervalo de pocos meses, algunos de sus compañeros de gabinete tropezaron con la misma piedra.

La anécdota, repasada desde hoy, propicia dos conclusiones. La primera es que hay integrantes del poder económico que tabulan que algunas cosas han cambiado, que la defensa de sus intereses debe tomar en cuenta el clima político y social actual. Que no pueden reivindicar sus intereses sin medir las respuestas de los contrapoderes sociales, como sí podían hacer en la tierra arrasada que fueron los ‘90.

La segunda es que la urgencia, los cortocircuitos internos y la falta de asunción de la complejidad de los problemas hacen incurrir al Gobierno en errores evitables.

Otra pantalla

Kirchner dice que un país serio no se basta con treinta mil millones de dólares (como espera tener en poco tiempo) sino que necesita sesenta mil. No es, apenas, una obsesión del presidente. Es una alusión al trípode de pilares que basamentan su sencilla política económica: los excedentes fiscales sólidos, la paridad cambiara y la obra pública. El resto es táctica, día a día, intervenciones veloces pero efímeras.

Sustentado en esa base el Gobierno consiguió mejorar numerosos indicadores, redujo y reguló la deuda externa, consiguió crecimiento, generó un rumbo. Todo se hizo a trazos gruesos y es verosímil que no hubiera podido hacerse de manera más sutil, a grandes rasgos. Pero el propio esquematismo del “modelo” genera sus contradicciones y desnuda sus límites.

La respuesta a las crisis puede ser drástica y hasta impresionante en sus resultados, pero el tiempo obliga a reacomodar las cargas, modificar los instrumentos y sofisticar los objetivos. La convertibilidad mató a la hiper como un balazo en plena frente y dio la impresión de haber compatibilizado por encanto todas las variables. Su rigidez, se fue notando con el tiempo, se fue haciendo pétrea. La falta de coraje de la dirigencia para hacerse cargo de los costos de una salida más o menos ordenada y tempestiva derivó hacia una catástrofe incontenible.

La devaluación asimétrica y la imposición de las retenciones generaron un escenario de salida tumultuoso, inequitativo en muchos casos pero más sensato y menos asfixiante. El correr del almanaque, empero, sincera fragilidades de un esquema demasiado simple para un país federal, vasto en su geografía productiva y muy diversificado en su estructura social.

El Gobierno (tanto como aquellos que deban sucederlo) debe percatarse de que la Argentina viene cambiando de pantalla. Los cambios políticos, sociales y económicos no son lineales ni uniformes, pero sería necio soslayar que Argentina enfrenta una crisis de crecimiento, que no puede resolverse (solamente) con las herramientas que facilitaron mejorar las contingencias precedentes.

El reto es para un gobierno que se siente cómodo con el decisionismo, con medidas diarias, inesperadas e inconsultas. La hora de la sintonía fina fuerza a consensuar, a armonizar intereses, a acopiar materia gris, a elaborar soluciones discurridas en amplios sectores sociales, a planificar. No son las destrezas más usuales del Gobierno, en el que la centralidad en el presidente también produce algunos ruidos. Pero son las que debe ejercitar si pretende, y vaya que pretende, sobrevivir en la nueva pantalla.