La Cámara de Diputados de San Luis aprobó ayer el proyecto de ley de libertad religiosa, que le quita el estatus jurídico privilegiado a la Iglesia Católica, poniéndola en pie de igualdad con el resto de los credos, y establece que la inscripción en el Registro de Cultos que tendrá la provincia “no será obligatoria”. El proyecto fue presentado por el hermano del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, y generó muchas resistencias. “Es inconstitucional y anticatólico. Reniega del lugar único que ocupa la Iglesia Católica en la provincia”, acusó ayer el obispo de San Luis, Jorge Luis Lona.