“Estoy asustada. Si bien por ahora el milico no se acercó, sé que está en contacto con los que me llaman”, dijo María Eugenia Sampallo Barragán. La joven tiene 24 años, pelo rizado atado con un rodete y anteojos de marco negro. Recuperó su identidad hace menos de un año. Sus apropiadores están en prisión y la Justicia busca al militar retirado José Enrique Berthier, que la entregó cuando era un bebé. Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer que en esta investigación fueron amenazados testigos y un funcionario judicial y que existen varios expedientes en los que hay prófugos que sugestivamente parecen “demasiado difíciles de encontrar”. Temen que las causas en las que se buscan chicos secuestrados durante la última dictadura militar sufran retrocesos.
“En concordancia con el claro mensaje de las Fuerzas Armadas y de seguridad que desconocen la necesidad de construir el camino de la democracia en base a la Verdad y la Justicia, al que se suman discursos autoritarios y de intimidación desde el Estado, vemos la inacción de las causas judiciales y la intimidación y amenazas a funcionarios de la Justicia, a chicos restituidos y a Abuelas que buscan sus nietos”, leyó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo al iniciar la conferencia de prensa en la sede de la institución. Después recalcó que “las Fuerzas Armadas siguen apostando a la impunidad” y especialmente señaló que “hay una nieta en peligro”. Se refería a María Eugenia, que escuchaba sentada entre la abogada del organismo de derechos humanos, Alcira Ríos, y su tía Blanca. Carlotto responsabilizó al Estado por la seguridad de las víctimas y anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación.
En la causa iniciada por el secuestro de María Eugenia están presos Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto, la pareja que se apropió de la hija de los desaparecidos Mirta Barragán y Leonardo Sampallo. Quien les entregó a la niña fue el represor de “El Vesubio” Berthier, conocido como “El Francés”. Según testimonios que constan en la investigación, este hombre llevaba los cadáveres de los desaparecidos al cementerio de La Tablada.
La segunda mujer de Rivas, que declaró como testigo, denunció que durante una conversación que tuvo con Gómez Pinto y Berthier, fue amenazada. Le dijeron que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En las escuchas que figuran en la investigación, hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de María Servini de Cubría, Ricardo Parodi. El funcionario, que se encarga habitualmente de los expedientes sobre niños desaparecidos, ya había sido intimidado antes. Hace dos años entraron a su casa y le dejaron un cuchillo clavado en el placard.
María Eugenia, que nació mientras su mamá estaba secuestrada, supo desde siempre que era “adoptada” pero Rivas y su mujer le daban versiones contradictorias sobre su origen. Desde chica, la relación con ellos era difícil, más bien mala. A los nueve años las Abuelas la contactaron y lograron hacerle una prueba de sangre pero el análisis no fue compatible con la familia que se suponía era la suya. Cuando terminó el secundario comenzó a trabajar y se fue de su casa. Es parte de los jóvenes que buscaron su propia identidad. Contrató un abogado y recurrió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para, en principio, “descartar” la posibilidad de ser hija de desaparecidos. En cambio, se encontró con su historia y su familia. Cuando se inició la causa, sus falsos padres, con los que no hablaba hacía dos años, volvieron a llamarla. Ella no contesta, sabe que atrás de ellos está Berthier, quien frecuentaba la casa donde vivía de niña.
María Eugenia colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo y se arrepiente de no haber comenzado su búsqueda antes. Pero confesó que lo más difícil fue, justamente, empezar: “Sentía responsabilidad porque ellos fueranpresos, culpa. Pero la vencí porque tenía claro que lo más importante era averiguar quién era mi familia. Lo otro lo iba a arreglar en terapia”, dijo y sonrió. Ahora no le interesa ver a sus apropiadores. “Yo ya tengo a mi familia”, aseguró ayer mientras abrazaba a su tía Blanca.
Las Abuelas revelaron también otras trabas que existen en varias causas:
u El suboficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento fue citado por Servini de Cubría porque podría ser apropiador de un hijo de desaparecidos. Está prófugo desde que supo que lo estaban investigando y como el resto que está en su misma situación sigue cobrando su retiro. “Si no los encuentran es porque no quieren”, ironizó Carlotto.
u Jorge Raúl Vildoza fue el jefe del grupo de tareas de la ESMA. El y su mujer Ana María Grimaldos –que secuestraron al ahora joven Javier Viñas– están prófugos desde 1986. Las Abuelas reciben habitualmente denuncias que dicen que ambos “entran y salen del país cuándo y cómo se les ocurre”. Esto figura en la causa pero ni la policía ni la marina se dieron por enterados.
u En Córdoba, la abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres está siendo querellada por Tránsito Rigatuso, interventor del Colegio Manuel Belgrano durante los años previos a la dictadura. El coronel César Emilio Anadón declaró ante la Justicia en 1980 que Rigatuso produjo informes acerca de la “ideología marxista” de una profesora que fue cesanteada. El padre de una de las alumnas denunció que Rigatuso, ex diputado justicialista, hizo una lista con los alumnos que consideraba “activistas”. Muchos de esos adolescentes fueron secuestrados después del golpe. En una entrevista periodística Torres relató que Rigatuso había delatado a su hija y otros compañeros y el hombre inició una denuncia en su contra. El 23 de julio se realizará una audiencia oral por este tema. Las Abuelas pidieron un veedor internacional.