Por Raúl Kollmann
e Irina Hauser
Tras el análisis de imágenes realizado por Página/12 el domingo pasado, la Justicia determinó que el hombre de civil que aparece disparando contra los piqueteros es un policía: el sargento primero Carlos Leiva. Ayer, los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) pidieron su detención inmediata. La secuencia analizada por este diario reveló que el sujeto puso un pie en tierra y disparó con su Itaka, de inmediato recogió el cartucho para no dejar evidencia de que estaba usando un arma de fuego, y minutos más tarde apareció participando de la detención de un manifestante. Hay una conclusión adicional: Leiva pertenece a un servicio de calle de la Comisaría Primera de Avellaneda, lo que internamente se conoce como una “patota”. Significa que tiró contra los piqueteros a las ordenes de un jefe, un oficial inspector, y junto a dos de sus pares suboficiales. Todos con coche no identificable y todos vistiendo de civil. La sospecha ahora es que ese grupo fue el que subió a un colectivo de la línea San Vicente, Itaka en mano, hizo descender a los pasajeros y lo incendió. La investigación judicial está también cerca de demostrar que el comisario Alfredo Franchiotti fue el que mató a Darío Santillán y que los disparos que produjeron la muerte de Maximiliano Kosteki salieron más de la Bonaerense que de la Prefectura.
El fiscal Juan José González ordenó ayer los allanamientos de los domicilios de los cuatro policías hasta ahora detenidos y también del despacho del comisario Franchiotti. Están en estudio el libro de guardia y el libro de armería, aunque tal como adelantó este diario los jefes no registraron las armas que se llevaron al salir al operativo y las “patotas” son grupos de civil sobre los que tampoco hay un estricto control respecto de las armas con las que actúan. A esto hay que agregar otro dato adelantado por Página/12 y confirmado ayer por el procurador bonaerense Eduardo De la Cruz: hay fotos tomadas desde atrás a varias columnas de policías en las que se distingue claramente que una buena parte de los efectivos llevaban en su cintura, a la altura de la espalda, varios cartuchos rojos, es decir proyectiles de plomo. Esto certifica que tiraron a matar.
Todo el operativo queda así develado.
u Hubo dos muertos cerca de la Estación Avellaneda, uno dentro del hall y el otro que fue herido en la vereda del supermercado Carrefour y que terminó muriendo también dentro de la Estación. Según la investigación del fiscal, hay cuatro policías que actuaron allí y que tiraron con armas de fuego. Todo indica que quien le disparó a Santillán fue el máximo jefe del operativo, el comisario Franchiotti.
u A siete cuadras de la estación, sobre la avenida Mitre y en la Plaza Alsina, las imágenes de Crónica TV analizadas por este diario demuestran que también había policías disparando a matar, esta vez vestidos de civil. Hay uno solo identificado, el sargento Leiva, pero habrá que identificar al jefe de la patota y a los dos integrantes que faltan.
u Se comprueba que las muertes no se produjeron por la acción de un loco sino que el operativo incluyó la idea de usar armas de fuego. Ningún efectivo lleva cartuchos rojos sin la venia del jefe de la columna, los policías de civil dispararon con proyectiles de plomo por orden de un jefe de la patota, en la estación el propio jefe tiró a matar y hay otros tres policías sospechados.
u Se comprueba así que el operativo no estaba orientado a evitar, sea como fuera, muertes de manifestantes desocupados sino, por el contrario, se apuntó a confrontar con la protesta y darle un escarmiento que podía consistir incluso en matar gente.
Con las evidencias a la vista, el abogado de la Correpi, Claudio Pandolfi, pidió ayer la detención de Leiva, un hombre con más de 15 añosen la Bonaerense y antecedentes de varios enfrentamientos en los que se produjeron muertes. En la fiscalía sostienen que “efectivamente hay imágenes que lo comprometen disparando”, pero se tomarán el día de hoy para ver qué cargos se le van a imputar. Debe considerarse que en la zona de avenida Mitre y la Plaza Alsina, donde aparece Leiva de civil y tirando con su Itaka, cayeron varios heridos de bala, uno de ellos es el menor que en gravísimo estado sigue internado en el Hospital Fiorito. Cuatro testigos del Movimiento Teresa Rodríguez, que la Correpi llevó a declarar y que fueron heridos con balas de plomo, señalaron a Leiva como la persona que les disparó.
Incendio
La investigación sobre la patota de civil podría aportar luz a uno de los hechos más impactantes ocurridos aquel miércoles sangriento: el incendio del colectivo de la línea San Vicente. El colectivero del vehículo, que fue desalojado e incendiado, se llama Luis Daniel (este diario no publica el apellido porque el chofer se siente amenazado). Este hombre declaró el mismo miércoles y aseguró que el sujeto que se subió al colectivo llevaba una Itaka recortada y dio a entender (aunque no lo dijo tajantemente) que no tenía aspecto de piquetero. En todas las imágenes revisadas por la fiscalía no aparece un solo manifestante armado, por lo que las sospechas apuntan ahora firmemente hacia la patota policial. Página/12 se comunicó con la casa del chofer del San Vicente, pero la respuesta fue tajante: “Luis no quiere hablar porque tiene miedo, quién sabe si mañana se le sube algún loco al colectivo y le tajea la cara o lo que sea. Usted como periodista está adentro de una oficina pero él anda por la calle, no sabe lo que le puede pasar”.
Hay por lo menos dos diputadas, Marcela Bordenave y Patricia Walsh, que estuvieron en la Comisaría Primera de Avellaneda ese día y que se ofrecieron a declarar en la causa contando lo mismo que relataron esta semana ante sus compañeros de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados: que en la seccional vieron entrar y salir a varios –por lo menos cuatro– hombres de civil, “vestidos como piqueteros”, que se movían como si la dependencia fuera su casa, saludando incluso a los uniformados. Lo más probable es que las dos legisladoras vayan a declarar el lunes.
Como se ve, la pesquisa avanza en medio de enormes dificultades porque los jefes y efectivos de la Bonaerense se dedicaron a hacer desaparecer pruebas cruciales. Por ejemplo, en las fotografías del momento inmediatamente posterior a la muerte de Santillán, junto a su cuerpo se percibe en forma clara un cartucho de color rojo, es decir de proyectil de plomo. Ese cartucho desapareció. En las imágenes analizadas en las que aparece actuando Leiva, éste también se cuida de levantar el cartucho después de cada disparo. Cuando cargan a Kosteki, ya muerto, en una camioneta policial, se escucha la voz de un jefe preguntando: “¿Levantaron el cartucho?”. Se trata del borrado sistemático de pruebas porque los cartuchos permitirían identificar claramente de qué escopeta salió cada tiro. Sin los cartuchos, la pericia balística se hace mucho más difícil y gran parte de la evidencia se circunscribe a los testimonios, las fotos y las imágenes televisivas.
Aun así y pese a las dificultades, los fiscales creen que tienen los elementos para pedirle a la jueza María Salvo que dicte la prisión preventiva de los policías que ya están detenidos. El punto clave es a cuál o cuáles de los uniformados se les imputan los homicidios, que tienen penas que van de los ocho a los 25 años. Da la impresión que a Franchiotti se lo acusará por la muerte de Santillán, pero no se puede descartar que a los demás policías se los impute como partícipes necesarios, porque supresencia fue determinante para cometer los crímenes. En cuanto a los policías de civil podrían ser imputados por tentativa de homicidio.