La Corte Suprema ordenaría al Gobierno aumentar más de un 13 por ciento a los jubilados que ganan más de 1000 pesos. Lo obligaría a subir esos haberes 6 o 7 puntos más. Al mismo tiempo, sin embargo, el máximo tribunal se daría por satisfecho con el mecanismo de movilidad de los haberes previsionales resuelto por el Ejecutivo, que consiste en un incremento anual –como piso– expresado en la Ley de Presupuesto. Lo primero tendrá un costo fiscal “tolerable” si el 6 o 7 por ciento adicional se aplica a partir de 2007, pero será “una carga pesada” si rige con retroactividad. Lo segundo, la aceptación del sistema de actualización, es lo más importante para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El día después de dar a conocer su plan para cumplir con el fallo de los supremos que dispuso restablecer la movilidad de las jubilaciones, encumbrados funcionarios del Gobierno revelaron a Página/12 que así estiman que seguirá la historia.

En la Corte Suprema van más despacio. No descartan aquellas hipótesis que se cocinan en despachos oficiales. Es más, las juzgan razonables. Pero prefieren hacer sus cálculos con detenimiento antes de aventurarse tanto. Confirman que deberán dictaminar sobre lo que hizo el Gobierno, teniendo en cuenta tres puntos: si convalidan o no la estrategia de movilidad, si el aumento del 13 por ciento compensa a los jubilados –a los que ganan más de 1000 y a quienes figuran debajo de esa cifra– y, en caso de no hacerlo, si se tomará en cuenta la evolución de los salarios de los trabajadores privados o públicos o un mix de ambos para resolver. De acuerdo con la argumentación del fallo Badaro, los aumentos de jubilaciones deben guardar relación con la evolución de los sueldos de los activos. Sobre esto último, el Gobierno afirma que está en regla con los jubilados que ganan menos de 1000 pesos y admite que podría verse obligado a aplicar un nuevo ajuste en los haberes de quienes cruzan esa frontera.

El plan que presentó anteayer el Ejecutivo enfrentará dos desafíos: uno en el Congreso y otro en el máximo tribunal. En el primero, el Gobierno pondrá en juego capital político y capacidad de persuasión, no tanto para conseguir la aprobación parlamentaria, que la mayoría oficialista en ambas Cámaras prácticamente le garantiza, sino para que la sociedad, que estará mirando el debate entre kirchneristas y opositores, lo acepte y valore como una solución justa y razonable. El segundo es menos simbólico. Es mucho más concreto: es por dinero. Página/12 pudo confirmar que el mismo Gobierno supone que los jueces supremos dictarán un fallo en su contra, que lo obligaría a pagar entre 6 y 7 por ciento más a los jubilados que ganan más de 1000 pesos.

Lo anterior, sin embargo, no le quita el sueño. Las principales figuras del Gobierno dicen tener un guiño de la Corte en lo más relevante: su aprobación al mecanismo de movilidad. Si así fuera, terminaría la generación de juicios en contra del Estado, un problema crónico por la permanente violación de los derechos de los jubilados.

El caso Badaro

La historia previsional de los últimos quince años aparece condensada en los nombres de cuatro ciudadanos, cuyos casos fueron emblemáticos y marcaron jurisprudencia para miles y miles de otros jubilados. La Corte Suprema los eligió para avalar o anular decisiones cruciales de distintos gobiernos que impactaron directamente en los bolsillos de los abuelos. Esos nombres –o apellidos– son Chocobar (la mayoría automática le denegó la actualización de su haber), Sánchez (el mismo tribunal, en su composición actual, dio vuelta aquella decisión) e Itzcovich (también los supremos actuales terminaron con la apelación automática a la Corte Suprema de todos los juicios previsionales). El cuarto es Badaro, quien pidió una recomposición de sus ingresos y motivó un fallo que le reconoce ese derecho, aunque los ministros transfirieron al Congreso la responsabilidad de determinar en qué proporción. Además, exigieron que se adopte un criterio de movilidad de los haberes.

Diputados y senadores estaban trabajando en el tema, pero a nadie escapa que la propuesta del Ejecutivo es la de auténtico peso. La pregunta es: ¿el 13 por ciento de aumento es suficiente? La primera respuesta del Gobierno es que sí. Y explica: lo que hay que considerar es la evolución de los sueldos de los empleados públicos desde la devaluación a la fecha. Los funcionarios afirman que es el parámetro adecuado teniendo en cuenta la capacidad fiscal del Estado, que el mismo fallo de la Corte contempló. Entre diciembre de 2001 y julio pasado, esos salarios subieron 31,1 por ciento. En comparación con esa cifra, el 13 por ciento de incremento a los jubilados llevará la mínima 253 por ciento arriba del nivel que tenía antes de la devaluación, los haberes de quienes ganan entre 530 y 1000 pesos serán un 38 por ciento superiores y –acá está el punto– los que perciben más de 1000 computarán una mejora de 25,4 por ciento.

Esa distancia entre 31,1 por ciento de suba de los sueldos de los empleados públicos y el 25,4 de los jubilados que perciben más de 1000 pesos es la que estima el Gobierno que la Corte le obligará a saldar con un nuevo ajuste de 6 o 7 puntos. En este marco, la preocupación de los funcionarios es desde cuándo debería correr el aumento. Si es con retroactividad, tendrá un costo fiscal “considerable”. Si es a partir de 2007, lo cree tolerable.

Desde el próximo año, un total de 310.000 jubilados cobrarán más de 1000 pesos. Ese es el universo de máxima de quienes podrían reclamar un incremento de haberes siguiendo ese eventual fallo Badaro 2. En cuanto a los plazos, el Gobierno hace el siguiente cálculo: Badaro recién podrá presentarse ante la Corte cuando el Congreso vote el Presupuesto 2007, porque hasta tanto estará todo en el aire. Por los plazos parlamentarios, eso ocurriría en diciembre. Como en enero hay feria judicial, el asunto quedaría para febrero, como mínimo.

La movilidad

El Gobierno está convencido de que la Corte aceptará su criterio de movilidad, de un aumento anual incluido en el Presupuesto. Esa propuesta tiene un anclaje legal, aún vigente, que es la Ley de Solidaridad Previsional promovida por Domingo Cavallo en 1995. Aquella norma establecía exactamente aquel mecanismo de actualización, el problema es que ningún gobierno hasta la fecha lo cumplió. En el Ministerio de Economía remarcan que el tribunal supremo se preocupó por el estado de las cuentas públicas en el fallo Badaro, y recuerdan que dejó de lado la inflación como índice para medir el atraso de las jubilaciones.

Desde la Corte aceptan esos argumentos, pero advierten que el fallo Badaro estableció un vínculo entre los haberes de los pasivos y los activos. En efecto, ordenó que “la prestación jubilatoria mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores”. La respuesta del Ejecutivo a esa demanda será comparar las jubilaciones con los sueldos de los empleados públicos. “Es la solución racional”, recalcan desde Economía. La oposición, por su parte, irá a la Corte a plantear que “hay otros caminos más justos”.