“Es preocupante que haya gente reciclada”, aseguró el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “Por personas como él nosotras hablamos de la dictadura cívico-militar, porque hubo muchos civiles cómplices o partícipes”, dijo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. “No nos sorprende”, señaló la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. La revelación que hizo ayer Página/12 acerca de que el diputado Juan José Alvarez fue agente de la SIDE durante la dictadura provocó diferentes reacciones entre los miembros de organismos de derechos humanos. Algunos se asombraron, otros afirmaron que sospechaban que el ex ministro de Justicia tenía un pasado oscuro. Pero la noticia generó una reflexión sobre la necesidad de hacer pública la nómina de todos quienes trabajaron como espías durante el terrorismo de Estado. “Se da por supuesto que todo lo que tiene que ver con la SIDE es secreto, pero no difundir esos nombres implica que hay una protección o que se especula con que las mismas personas sigan ejerciendo esas funciones”, explicó Gustavo Palmieri, del CELS.

Este diario publicó ayer que el diputado del peronismo no kirchnerista Juan José Alvarez entró a la SIDE el 1º de julio de 1981, cuando los crímenes del terrorismo de Estado ya estaban siendo difundidos en el país y en el exterior. Pero eso no era todo. Alvarez se convirtió en agente de inteligencia con una carta de recomendación del represor Albano Harguindeguy.

“Conozco desde hace más de cinco años al candidato y lo considero un excelente elemento que no defraudará la confianza que en él se deposite. Un fuerte abrazo”, decía el mensaje fechado en mayo de 1981 y firmado de puño y letra por el entonces ministro del Interior. El destinatario era el general de división Carlos Alberto Martínez, secretario de Inteligencia del Estado. Otra de las personas que ayudó al diputado a ingresar al “Organismo”, donde estuvo hasta 1984, fue su suegro, el coronel Pedro Mercado, quien fue jefe del comando de Remonta y Veterinaria.

“Es bueno que esto salga a la luz. Hay muchos, como él, que se han mimetizado y están dentro de las estructuras. Hay muchos camaleones reciclados. Lo que me sorprende es que las autoridades no tengan la información adecuada o que la tengan y no la usen”, aseguró Pérez Esquivel.

“No nos sorprende, nosotros repudiamos su designación en el gobierno de la ciudad”, dijo Bonafini en referencia al cargo de secretario de Seguridad porteño que ocupó Alvarez después de la tragedia de República Cromañón. “Espero que ahora se tome dimensión sobre quién es Juanjo Alvarez. Porque a veces una dice una cosa y eso queda ahí. Creo que esto tiene que ser el fin de su carrera política, porque su carrera política es una condena para nosotros, para los que creemos que la política es la mejor acción del hombre. Las Madres somos como una barredora: barremos la vereda, limpiamos la calle, pero a cada rato hay que empezar de nuevo, hay que empezar a señalar a funcionarios... y hay tantos”, agregó la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, también recordó que Alvarez estaba cuestionado por las muertes de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados en una manifestación durante la gestión del diputado como secretario de Seguridad Interior de la Nación. “Nosotras hablamos de la dictadura cívico-militar, porque hubo muchos civiles cómplices o partícipes. Y Alvarez no es ingenuo, ni él, ni (Eduardo) Duhalde ni Chiche ni (Roberto) Lavagna, que lo tienen en su entorno. No creo que desconocieran su pasado”, afirmó Cortiñas.

“Estamos acostumbrados a que miembros de las fuerzas represivas se reciclen en democracia. A lo largo de casi 12 años hemos dicho que la impunidad sólo genera más impunidad, que es necesario desmantelar el aparato represivo, y personajes nefastos como este individuo nos dan la razón”, afirmó Fabio De Vincenti, de H.I.J.O.S. “Hoy echamos en falta a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por los métodos que Alvarez aprendió en los secretos pasillos donde los culpables de crímenes contra la humanidad y su lacra se juntan”, agregó el representante de la agrupación que reúne a hijos de desaparecidos.

En el mismo sentido se manifestó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: “Nuestros temores y certezas de que era un autoritario y que iba a usar la represión a cualquier costo en el Puente Pueyrredón se confirmaron. La impunidad sigue presente y esto es una muestra, como los funcionarios judiciales que siguen en sus puestos a pesar de haber sido cómplices o funcionales del terrorismo de Estado”.

Para Calvo “es bueno que se dé a conocer el legajo de Alvarez, pero ahora queremos saber si hay otros legajos como ése en la SIDE. Esto es una muestra, un botón de funcionarios cómplices, partícipes o funcionales a la dictadura –dijo–; sería extraordinario que se supieran los nombres de todos los que estuvieron en la SIDE y que fueran exonerados, esto es una responsabilidad del Poder Ejecutivo”.

Una oportunidad

Además de las repercusiones en torno de la figura del diputado, los organismos de derechos humanos consideraron que la difusión del pasado oscuro de Alvarez sirve como muestra de las deficiencias que existen en el control de los organismos de inteligencia y de quienes formaron o forman parte de su staff.

“Hay una tarea pendiente en torno de la revisión y de la publicidad de todas las personas que trabajaron en la SIDE y otros organismos de inteligencia durante la dictadura”, afirmó Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para esta entidad de derechos humanos, la revelación hecha por Página/12 expuso al menos tres líneas institucionales en las que correspondería que el Estado trabajara. Por un lado, el Poder Ejecutivo y los organismos de control, como la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, deberían analizar y difundir quiénes fueron agentes durante la dictadura y qué tareas cumplieron. “Sabemos qué función tuvieron los miembros de las Fuerzas Armadas, hasta los cabos, pero no hay información sobre la SIDE y eso sirve para amparar situaciones que son incompatibles con el sistema democrático”, dijo Palmieri.

El director del programa de Violencia Institucional del CELS mencionó también que es necesaria una instancia de revisión de los antecedentes de los funcionarios que llegan a los niveles más altos del Estado, como hay en otras áreas. “Debe darse un debate público sobre criterios éticos, como el ocultamiento de datos de este tipo. Las reparticiones relacionadas con la ética en la función pública deberían trabajar con esta información”, señaló.

Finalmente, Palmieri destacó que, como surge del caso Alvarez y de la mediación de Harguindeguy para su ingreso en la SIDE, el personal de Inteligencia se formó con personas vinculadas con las Fuerzas Armadas durante la dictadura: “Hay que investigar si esos criterios de selección siguen siendo válidos o no, y cuáles son los criterios que se usan actualmente. Esto también debe ser parte de un debate público”.