Cinco horas necesitó el ex presidente Fernando de la Rúa para explicar al juez federal Jorge Ballestero su decisión “política-económica” de firmar el decreto que avaló el megacanje de la deuda externa, “en base a la confianza que tenía en los técnicos del Ministerio de Economía”, según afirmaron sus abogados, y porque “era la única alternativa” para evitar el default. De esta forma, De la Rúa negó haber cometido el fraude, estimado en 40.000 millones de dólares, por el que están acusados él y otros funcionarios de su gestión.

Aunque durante su declaración en los tribunales de Comodoro Py admitió que no dominaba los “aspectos técnicos” del canje, el ex mandatario se defendió argumentando que la operación realizada en el 2001 “no se diferenció de otros canjes de deuda anteriores” hechos por otros gobiernos. Así lo informó su abogado Fernando Díaz Cantón al terminar la indagatoria, ya que De la Rúa se negó a hablar con la prensa. El ex presidente, que pidió “precisiones” sobre el caso porque considera que las acusaciones “son demasiado genéricas”, fue convocado por Ballestero luego de que, el pasado 10 de julio, el fiscal Federico Delgado reclamase este interrogatorio y el procesamiento del ex ministro Domingo Cavallo; los ex integrantes de su equipo económico Daniel Marx, Julio Dreizzen, Jorge Baldrich y el banquero estadounidense David Mulford.

En aquella presentación, el fiscal sostuvo que “el diseño y la implementación” de la operación supusieron una “deliberada evasión, por parte de los funcionarios y sus consortes privados, de toda una gama de barreras teóricas y prácticas”, que van más allá del resultado financiero del megacanje. Para Delgado, los funcionarios armaron una puesta en escena mediante la “contratación del grupo de bancos”, en pos de lograr un “desplazamiento patrimonial a favor de un agente o tercero” de bienes de la administración pública, lo que configura el “ardid o engaño”, al que alude el Código Penal cuando define la estafa. Por eso, el fiscal reclamó que se indague a los presidentes de los bancos que “cobraron 150 millones de dólares de comisión para hacer la operatoria que incluyó el canje de sus propios bonos”. De hecho, ya fueron citados a declarar, en audiencias fijadas hasta el 25 de octubre, los presidentes de los bancos Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.

Según sus abogados, De la Rúa afirmó que su decisión “pudo gustar o no, pero que no puede ser de ninguna manera un hecho ilícito”, ya que fue tomada en un “momento histórico”, signado por la crisis. Sus defensores dicen que se trató de “una decisión política no judiciable” y, por ende, exenta de la posibilidad de ser analizada por los magistrados, un argumento que utilizan a menudo funcionarios y ex funcionarios para justificar su actuación en cargos públicos.