La reactivación de la megacausa sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura viene con sorpresas. El carapintada Aldo Rico podría quedar detenido mañana si se presenta a la citación de la Justicia, que lo convocó como imputado por el secuestro de la hermana de la dirigente peronista Norma Kennedy, ocurrido en 1978, cuando él se desempeñaba en la división Policía Militar en Campo de Mayo. Este momento es el que Rico quiso evitar cuando se pintó la cara y lideró el alzamiento militar de 1987, cuyo objetivo era paralizar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que comenzaban a producir la detención de represores. La gravedad de los cargos que se le atribuyen al ex intendente de San Miguel podría determinar su encarcelamiento. Y en caso de que no se presente, el juez federal de San Martín, Martín Suárez Araujo, estaría en condiciones de ordenar su captura.

En abril de 1995 el sargento primero Víctor Ibáñez afirmó que Delia Kennedy de Saadi y su esposo, Américo Saadi, estuvieron recluidos dos meses en El Campito y luego fueron arrojados al río desde un avión. Ya en octubre de ese año, la Cámara Federal de San Martín había cerrado la posibilidad de investigar estos hechos al considerar “agotado” el “objeto procesal de la causa”, en virtud de las leyes de obediencia debida y punto final. Sólo siguieron adelante los procesos referidos a la apropiación de menores en la maternidad que funcionó en Campo de Mayo.

El pedido de investigación lo había formulado Norma Kennedy, ex colaboradora de José López Rega y dirigente del derechista Comando de Organización, para determinar qué sucedió con sus parientes, desaparecidos en 1978. Ibáñez había mantenido una impactante conversación telefónica –transmitida por radio– con Kennedy, quien le preguntó si su hermana y su cuñado terminaron en el mar. “Sí, señora, no hubo otro final que los vuelos de la muerte”, fue la respuesta. Hasta ese momento, la mujer sólo tenía información de que su hermana había sido asesinada por el capellán del buque “Granaderos”, en el que estuvo detenida junto a Carlos Menem.

La Cámara mantuvo la coherencia en el tiempo porque desconoció la anulación de las leyes de impunidad que determinó el Congreso y declaró la inconstitucionalidad de esa decisión. Sin embargo, la Cámara de Casación primero y la Corte Suprema después revocaron aquel fallo. Esto provocó la reactivación de este megaexpediente, que contiene diferentes casos y entre ellos el de la hermana de Norma Kennedy. Página/12 pudo saber que aun antes de la reapertura de la causa, Rico se mostró interesado en el proceso y pidió fotocopias. La decisión del juzgado de llamarlo ya había sido evaluada. De modo que la citación del jueves no debería tomarlo desprevenido, como tampoco sin preparación para defenderse.

El general Santiago Riveros, que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares, llegó a estar detenido pero se benefició con el indulto que dictó Menem. Su caso está a estudio en Casación. Los represores imputados llegan al centenar y por estos días están desfilando como testigos unos 300 ex conscriptos. La semana pasada fueron detenidos cuatro militares y ayer se presentó uno que estaba prófugo. Se los acusa de privación ilegal de la libertad, tormentos, robo agravado y allanamientos. Rico está en la lista del desfile, que no es precisamente militar.