EL PAíS › OPINION
› Por Horacio Verbitsky
La semana pasada, el presidente Néstor Kirchner firmó en la Casa de Gobierno un convenio con tres decenas de intendentes bonaerenses, a quienes el Estado Nacional les entregó un aporte no reintegrable de más de 100 millones de pesos para reducir deficiencias existentes en materia de infraestructura básica social. Fue muy llamativa la ausencia en la ceremonia del gobernador Felipe Solá. Esta es la reconstrucción de lo sucedido, según varios de sus protagonistas:
- Cuando alarmado por el avance de la inflación Kirchner pidió la renuncia de Roberto Lavagna, el gobierno puso en práctica una serie de medidas tendientes a enfriar el índice de precios al consumidor.
- Al mismo tiempo que comenzó a negociar acuerdos de precios con grandes empresas, pidió a los intendentes del conurbano bonaerense (donde se mide el IPC) que suspendieran los aumentos programados de tasas municipales.
- El aporte no reintegrable es una compensación nacional por esa postergación. En su mayoría son municipios gobernador por el ex duhaldismo o el Frente para la Victoria.
- Los intendentes estimaron que la disminución de ingresos legítimos había alcanzado a 180 millones de pesos.
- El Poder Ejecutivo sometió ese cálculo a verificación de la provincia, y Solá redujo el monto a 101,5 millones de pesos.
- Las planillas sobre las que se efectuaron los cálculos consideran la población de cada municipio, la masa salarial que paga cada mes y sus ingresos por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, datos objetivos que reducen los márgenes de discrecionalidad.
- De acuerdo con el punto 2 la provincia se comprometía a transferir como aporte no reintegrable la misma suma que le entregaba la Nación, “por los importes que se detallen en el anexo” del proyecto de convenio que debían firmar Kirchner y Alberto Fernández por la Nación y Solá por la provincia. Encabeza la nómina La Matanza, con 11,8 millones de pesos, seguida por La Plata, con 6,5 millones; Quilmes, con 6; Merlo, con 5,7; Lanús, con 5,5; Moreno, con 4,9; Florencio Varela, con 4,7; Tres de Febrero, con 4,6 y Avellaneda, con 4,5 millones.
- Solá impugnó la obligación de atenerse a las cifras fundamentadas en el anexo y reclamó distribuir el dinero a discreción. Usó una de las frases habituales con que expone su principal temor en la vida: “¿Estoy pintado yo?”.
- El gobierno nacional terminó la discusión y modificó el acta. Sin intervención de la provincia, que no firmó el convenio, el dinero se transferirá directamente a las intendencias. La Nación incorporó al convenio a otros municipios que también habían postergado los aumentos pero que habían sido excluidos por Solá y los intendentes beneficiados: Morón, gobernado por el independiente Martín Sabbatella, General Las Heras, Magdalena, Mercedes, Presidente Perón, San Vicente y Suipacha.
Aun sin esta descalificación política, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense determine si el gobernador podría aspirar a una segunda reelección sin violar las restricciones del artículo 123 de la Constitución provincial, no está contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, explicó una alta fuente de ese tribunal.
Solá arguye que como en 1999 su compañero de fórmula fue Carlos Rückauf y en 2003 Graciela Giannettasio, no se han sucedido recíprocamente, por lo cual puede presentarse para un tercer mandato. Pero Solá era gobernador desde 2001 y en 2003 ya fue reelecto. En 1998 fue uno de los más activos promotores de una nueva oportunidad electoral para Carlos Menem. Este es el razonamiento jurídico que, según la fuente del tribunal, le cerraría el camino para intentar aquello que tampoco pudo Menem:
- Las atribuciones de la Suprema Corte provincial están determinadas por el artículo 161 de la Constitución bonaerense y ninguna ley las amplió o redujo.
- Tiene jurisdicción para resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos, siempre que una parte interesada los objete.
- Resuelve cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la provincia y entre los tribunales inferiores.
- Entiende en apelación recursos sobre la aplicabilidad o no de una ley dispuesta por los tribunales inferiores y sobre la nulidad de sus sentencias.
El obstáculo contra el que se debate Solá es un artículo de la propia Constitución que, por supuesto, no podría ser declarado inconstitucional. En el sistema legal bonaerense no existen las opiniones consultivas, como sí se contemplan en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. La hipótesis de una acción declarativa de certeza tampoco se sostiene: no hay lesión jurídica porque nadie le ha negado ningún derecho al gobernador, quien sólo tiene un problema psicológico ante el artículo 123. Recién podría abrirse un caso luego de la convocatoria electoral primero a internas abiertas partidarias, controladas por las juntas electorales de los distintos partidos, y luego a elecciones generales, cuya autoridad es la Junta Electoral provincial. La jurisprudencia en ese caso tampoco favorece a Solá: los actos de esas juntas electorales no son susceptibles de revisión judicial. Así ocurrió con la impugnación del CELS a la candidatura del ex policía torturador Luis Patti en 2003. La Junta Electoral lo rechazó y no hubo apelación posible. En 2005 la Junta Electoral del Frente para la Victoria tenía sede en la Fundación del senador provincial Juan Amondarain. Cuando los apoderados de una lista municipal opositora llegaron para oficializarla, el local estaba cerrado. La Junta Electoral rechazó la protesta de los burlados, un juez les concedió un amparo, la Junta Electoral promovió un conflicto de poderes ante la Suprema Corte, que le dio la razón. Ahora el juez fue denunciado por abuso de poder.
La eliminación política y jurídica de Solá despeja el camino a los aspirantes explícitos e implícitos. El presidente afirma que tiene su preferencia, pero que no la dirá antes de tiempo, lo cual impide saber si se tratará de alguno de los autopostulados o si, como en 2005, habrá un candidato sorpresa que exprese sin lugar a dudas el espacio político kirchnerista.
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