Tres de los doce juzgados federales estarán durante esta semana a cargo de un prosecretario de Tribunales que se sacó un 1 en el examen para ser juez que rindió en el Consejo de la Magistratura. Desde los tres mostradores tendrá, como cualquier magistrado del fuero, la facultad de resolver casos de corrupción o narcotráfico, decidir sobre la libertad de las personas y evaluar violaciones a los derechos humanos. La situación será tema de debate –y seguramente de polémica– en el próximo plenario de la Cámara Federal.

Octavio Aráoz de Lamadrid, prosecretario de la Cámara de Casación Penal, subroga desde hace algo más de un año el Juzgado Federal 9, que quedó vacante con la destitución de Juan José Galeano. Llegó hasta ahí porque integraba una lista de funcionarios judiciales disponibles e interesados en hacer suplencias largas. La Cámara Federal elevó una terna y el Consejo de la Magistratura (el órgano que selecciona y juzga a los magistrados) lo eligió a él.

En el ínterin concursó para quedarse con el puesto, pero no le fue nada bien. En rigor de verdad, la desgracia, fue colectiva: de los 33 aspirantes la mitad sacó menos de 4 puntos y sólo dos obtuvieron más de 7 puntos. En su mayoría eran fiscales, secretarios y jueces de otros fueros.

Las impugnaciones llegaron en cascada, entre ellas la de Aráoz de Lamadrid, quien dijo que se había sentido “insultado” y aseguró que el examen estuvo “mal tomado”. A partir de entonces se formó una subcomisión en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura que está revisando el concurso íntegro y debe emitir un dictamen (ver recuadro).

Mientras tanto, la idoneidad de los concursantes sigue en duda. En particular, el prosecretario que sacó 1 se anotó un poroto en contra a comienzos de abril, cuando la Sala I de la Cámara Federal lo apartó, retos mediante, de un expediente sobre narcotráfico que tenía a cargo. Fue porque se perdieron 160 kilos de cocaína destinados a una “entrega vigilada”, es decir, que se usaría para atrapar a una banda de narcos. Los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani le llamaron la atención por “falta de prolijidad”.

A Aráoz de Lamadrid ya se le venció el mandato, que es de un año, al frente del Juzgado 9, y la Cámara en pleno tiene que informarle al Consejo si cree que lo puede renovar. Dos semanas atrás, el tribunal les dijo a los consejeros que consideren que los juzgados, mientras estén vacantes, deben quedar al mando de “jueces de la Constitución”. El Consejo replicó exigiendo una terna de la lista de secretarios.

El debate quedó en suspenso porque la última semana el presidente de la Cámara, Cavallo, estaba de viaje. Justo en ese lapso se produjeron dos ausencias nuevas: una definitiva, la del ex juez Jorge Urso, quien renunció acorralado por un proceso de juicio político, y la de Sergio Torres, que pidió unos días de libres.

En realidad, Urso ya había pedido una licencia por razones de salud (la renuncia fue posterior) y lo reemplazaba Rodolfo Canicoba Corral, en teoría, por todo septiembre. Pero el martes último el presidente suplente de la Cámara, Martín Irurzun, le notificó que daba por terminada su misión sin explicaciones. En su lugar iría Sergio Torres, pero no estaba. En esos días el fuero estaba semivacío, con otros tres magistrados de viaje.

Así fue como Irurzun resolvió sorpresivamente dejar a cargo de los tres juzgados –el 9, el 8 (ex Urso) y el 12 (de Torres)–, al menos por esta semana, a Aráoz de Lamadrid. La decisión desató un gran malestar dentro y fuera de la Cámara. “Fue una resolución inconsulta y se eligió a una persona cuya capacidad como juez está cuestionada”, dijeron fuentes judiciales a Página/12.

El tema hará eclosión en el plenario que los camaristas harían a mitad de esta semana. Allí tratarán de resolver tres cuestiones centrales:

- Si avalan la continuidad de Aráoz de Lamadrid en el ex juzgado de Galeano, o bien mandan al Consejo una terna con nuevos postulantes tomados de una lista de secretarios, jueces de instrucción y abogados.

- Qué terna proponen para subrogar el ex juzgado de Urso.

- Qué harán con la vacante que quedó en la propia Cámara a partir de la renuncia de Vigliani. El reglamento, en este caso, sólo permite que los suplentes sean jueces federales de primera instancia o camaristas de otro fuero. Los únicos que se anotaron son el juez Jorge Ballestero y el camarista Mario Fiolozof. También existe la opción de que la Cámara decida que no es necesario nombrar a nadie.

- Todo esto podría llevar a una discusión de fondo sobre el sistema, aunque habría discrepancia de criterios entre las Salas I y II de la Cámara. Los camaristas más inquietos por el asunto consideran que el reglamento que se aplica es inconstitucional –algo que ya sostuvieron otros tribunales– y que, de todos modos, dejó de estar vigente cuando el Congreso aprobó en febrero la reforma del Consejo de la Magistratura, que saca de la órbita de ese organismo la reglamentación para los juzgados vacíos, que hoy son 150.