José “Pepino” Fernández, uno de los líderes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, es a esta altura un icono de la criminalización de la protesta social. Su abogada asegura que tramitan por lo menos ochenta causas en su contra. Entre toda esa maraña, la semana pasada hubo una sorpresa para el piquetero: la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más importantes del país, se puso de su lado. Ordenó sobreseerlo en uno de los juicios y, en el mismo fallo, hizo notar que en los juzgados por donde había pasado el expediente se fueron ensañando cada vez más con él pese a la falta de pruebas: el primero le aplicó un delito con un tope de un año de prisión, el segundo usó otro con un máximo de seis y el tercero directamente invocó una figura no excarcelable, que prevé de cinco a diez años.

A partir de las puebladas del año 2000 en General Mosconi, Salta, Fernández se convirtió en un fuerte referente del movimiento de desocupados. Había trabajado en YPF casi veinte años, como experto en fluidos de perforación, y con la privatización de la empresa quedó en la calle. Fue preso varias veces por cortar rutas con distintos reclamos: trabajo, alimento, el fondo compensador que les había prometido la privatización de YPF, cloacas, gas y agua, entre tantas otras cosas.

Fernández colecciona causas judiciales por interrupción de las vías de comunicación, amenazas, coacción, resistencia a la autoridad, incendio, instigación al delito, sedición y hasta lo acusaron de asociación ilícita. Una de aquellas acusaciones fue la que analizó y anuló la Sala II de la Cámara Federal el martes pasado. Fernández había sido denunciado en noviembre de 2003 por el fiscal salteño Oscar Trosset. Le imputó apología del crimen, que contempla de un mes a un año de prisión, en base a un artículo del diario El Tribuno que relataba que el piquetero había llevado sus reclamos a la Casa Rosada y al salir advirtió: “No les creo mucho a éstos. Si no nos dan soluciones, no nos queda otra que la violencia”.

Un juez de Salta lo llamó a indagatoria y negó haber hecho declaraciones en aquellos términos. Igual fue procesado. Luego apeló y la Cámara provincial se declaró incompetente. Mandó la investigación a los tribunales nacionales y el Juzgado en lo Correccional 2 también se excusó. Pese a eso el magistrado señaló que era “relevante destacar” que “la conducta atribuida al imputado” equivalía al delito de intimidación pública, con una pena mínima de dos años de prisión y una máxima de seis. En estas condiciones, el expediente desembarcó en la Sala I de la Cámara del Crimen, que también decidió hacer una acotación sobre la acusación a “Pepino” Fernández: señaló que se debía aplicar la figura penal de amenazas (destinadas a obtener alguna medida por parte de miembros del poder política) que, con una escala penal de cinco a diez años de prisión, no contempla otro destino más que la cárcel. A la vez, evaluó que el fuero competente era el federal porteño.

El papelerío llegó, finalmente, a la Sala II Cámara Federal porteña, cuyas conclusiones fueron lapidarias para los tribunales que la antecedieron: “la apelación lleva más de dos años y medio sin resolución” y “si bien ningún tribunal se adentró en el tratamiento de la situación procesal, se agravó la calificación legal aplicada” mientras sólo “se discutían cuestiones de competencia”. Eso fue “claramente perjudicial para el imputado”, enfatizaron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun. Para peor, dijeron, “ninguna de las resoluciones que agravaron la situación del procesado fueron puestas en su conocimiento”. Como broche, señalaron que las pruebas para acusar a Fernández “no logran acreditar siquiera mínimamente (...) que haya efectivamente obrado del modo que se le imputa” y le ordenaron al juez Rodolfo Canicoba Corral que dicte un sobreseimiento.

Pepino Fernández cuenta que en estos días está terminando de construir junto con la UTD de Mosconi un barrio de viviendas. Esta organización social fue pionera en utilizar los planes sociales para emprendimientos productivos. Mientras tanto, comenta Fernández, “a mí me han atacado y me siguen atacando con denuncias. Nunca puedo andar tranquilo por ningún lado porque siempre la policía anda detrás de mí”.