Los diputados opositores volvieron a la carga en favor de “la movilidad” para todos los haberes jubilatorios –como lo dispuso la Corte Suprema– y en contra de la “discrecionalidad” del Ejecutivo, que anunció un aumento fijo del 13 por ciento para el año entrante. Esta vez, los legisladores Claudio Lozano de la CTA y María América González del ARI presentaron un proyecto propio para establecer un coeficiente que incluye los aumentos de los trabajadores en actividad y de la recaudación del propio sistema, que podría llevar el haber mínimo a 678 pesos. A estas ideas también se suma una iniciativa para restituir los aportes patronales vigentes al año ’93, que lleva las firmas de buena parte del arco opositor y algunos diputados oficialistas. Para discutir estos proyectos, todos los integrantes de la Comisión de Previsión de la Cámara baja se reunirán con varios ministros de la Corte.

El coeficiente está conformado en un 50 por ciento por la evolución salarial de los trabajadores registrados, el 23 por ciento de recursos propios del sistema previsional y el 27 restante de los recursos fiscales que se aplican al sistema. Una mezcla que, dicen, le daría regularidad a la movilidad de los haberes sin atarlo a la “discrecionalidad” del Ejecutivo volcada en el presupuesto nacional y que podría llevar la jubilación mínima a 678 pesos, según el proyecto que lleva las firmas de Lozano, González y Marta Maffei del ARI, Juan Carlos Godoy de la Concertación Entrerriana y la radical rionegrina Cinthya Hernández.

Para Lozano, hay recursos suficientes. Según la estimación del legislador, “la Anses tiene 6500 millones de pesos en depósitos a plazo fijo, y alrededor de 2700 millones más como títulos de la tesorería, además le van a sobrar 3500 millones de pesos este año con los aumentos ya otorgados. Hay cerca de 12 mil millones de pesos disponibles para llevar a cabo una actualización y poner en marcha un reordenamiento del sistema previsional”.

Para los legisladores de la oposición, éste no es el único problema a resolver. “El 65 por ciento de los jubilados está en la mínima y prácticamente de cada diez trabajadores aportan cuatro, hay seis que no se van a poder jubilar”, estimó el economista de la CTA. Por eso también sumaron “la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los mismos niveles que tenían en el ’93”, cuando se los redujo del 33 por ciento de la nómina salarial a un 17 o 21, según la actividad.

La restitución de esos aportes incrementaría los recursos del sistema previsional en siete mil millones de pesos anuales. La iniciativa fue refrendada por Lozano y González, además de los diputados aristas Maffei y Eduardo Macaluse, los socialistas Hermes Binner y Eduardo Di Pollina, la peronista Federal Graciela Camaño y los oficialistas Edgardo Depetri y Oscar Lamberto. Cofirmante de ambos proyectos, María América González fue mucho más dura al calificar la política oficial sobre la movilidad de los haberes jubilatorios. “La política del Gobierno no es más que la continuidad de la Ley de Solidaridad previsional de (Domingo) Cavallo, que robó el presupuesto de seguridad social y lo incluyó dentro del presupuesto nacional”, dijo la abogada especializada en temas previsionales a Página/12.

González, que es vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, también se encargó de gestionar audiencias con los ministros de la Corte Suprema, que no estarían muy conformes con el criterio adoptado por el Gobierno, tras la acordada que sostuvo jurídicamente la “movilidad” de los haberes jubilatorios. Quienes abrieron su agenda a los diputados fueron los ministros Carmen Argibay, que los recibirá el 28 de septiembre, y Raúl Zaffaroni que hará lo mismo el 3 de octubre, además de Helena Highton de Nolasco que pidió una carpeta con las iniciativas. Allí, todo el arco opositor presentará ante los miembros de la Corte los distintos proyectos que, con algunas variantes, buscan “garantizan un sistema de ajuste para la movilidad” de las jubilaciones.