Cuando la CGT anunció que se llevaría el cuerpo de Juan Domingo Perón definitivamente a la quinta bonaerense de San Vicente, Martha Holgado levantó el teléfono para pedir un consejo entre sus íntimos. Esta mujer de 73 años reclama desde hace trece años un examen genético para probar su filiación como hija biológica del General. La Justicia aceptó su reclamo, pero las pruebas se retrasaron una y otra vez por las apelaciones interpuestas por los abogados de la viuda del extinto. Ayer la Justicia volvió a pronunciarse. Esta vez para ratificar un “no innovar” que prohíbe cualquier movimiento del cuerpo de Perón y frena la iniciativa de la CGT.

La jueza Mirta Iludain a cargo de la causa por la filiación de Holgado ratificó en el día de ayer la prohibición de trasladar el cuerpo de Perón del cementerio de Chacarita a la quinta de San Vicente el próximo 17 de octubre, tal como había planificado la CGT. Según la jueza, el panteón familiar del cementerio de la Chacarita donde están sus restos debe albergarlos hasta que se realice el estudio genético que permita confirmar o descartar la filiación biológica de Holgado. La jueza comunicó la decisión de “no innovar” al apoderado de Holgado, el abogado Enrique Santos Cifuentes. “La orden es de 1994 –explicó él– y sigue vigente por lo que hasta que no se cumpla con la prueba de ADN los restos de Perón tienen que quedar en el lugar y en el estado en que se encuentran.”

La cúpula de la CGT anunció el miércoles pasado y luego de un encuentro con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en Casa de Gobierno que “el movimiento obrero” trasladará el cuerpo de Perón a un mausoleo levantado en la quinta de San Vicente. La decisión contaba y cuenta con el apoyo de un basto sector del peronismo como el gobierno de Felipe Solá, el PJ bonaerense, un grupo de intendentes de la provincia y del apoderado de Isabel Perón. Humberto Linares como abogado de la hasta ahora única heredera autorizó a los gremialistas a trasladar los restos de Perón con un acta, pero el traslado por ahora no se hará: tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer, la decisión de la Justicia lo impedirá al menos momentáneamente. Los peritos de parte, mientras tanto, deben acordar una fecha para las pruebas.