Cada minuto que pasa, crece la inquietud por la desaparición de Jorge Julio López, uno de los testigos clave en el juicio que terminó con la condena a reclusión perpetua contra el represor Miguel Etchecolatz. La senadora Cristina Fernández de Kirchner se comunicó desde los Estados Unidos con el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, para interiorizarse sobre la búsqueda de este ex albañil de 77 años que fue visto por última vez el domingo a la noche. Esa cartera había ofrecido una recompensa de 50 mil pesos por información sobre López pero ayer, mediante un decreto del gobernador Felipe Solá, esa cifra fue elevada a 200 mil. Los familiares de este hombre –que identificó a Etchecolatz como su verdugo– y los integrantes de la agrupación Justicia Ya serían recibidos hoy por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. La Secretaría de Derechos Humanos provincial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos convocaron para una marcha en La Plata “por la aparición con vida de Julio López y el Juicio y Castigo a los culpables”.

Un amplio arco político, gremial, social y de derechos humanos se sumó a la inquietud y ansiedad de los familiares de este testigo fundamental en el reciente juicio. Habría una sola marcha que unificaría a funcionarios con militantes y los oradores serán Nilda Eloy –sobreviviente de los campos de exterminio, y también testigo del proceso contra Etchecolatz– y María Isabel “Chicha” Mariani. La concentración se realizará a partir de las 17 en la Plaza Moreno, frente al edificio donde se realizó el juicio en el que se condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua. La columna, de la que participará el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se movilizará luego hasta Plaza San Martín bajo la consigna “Defendamos la democracia”, explicaron.

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos provincial precisaron que, el sábado, Eloy recibió amenazas telefónicas, cuando le hicieron escuchar una grabación con sonidos de torturas. El secretario Edgardo Binstock opinó ante Página/12 que “si algo le sucedió a López sería un hecho contra toda la política de derechos humanos provincial y nacional, contra los juicios y contra todos los organismos”. Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y Serpaj enviaron una carta al ministro del Interior, Aníbal Fernández, en la que expresaron que “cualquier desaparición es preocupante, pero en este caso reviste particular gravedad por lo fundamental de su testimonio en la condena de un represor, lo que lleva a suponer un acto de venganza que puede conllevar la muerte o la desaparición forzada”, tras lo cual exigieron una “inmediata y exhaustiva investigación”.

Aníbal Fernández aseguró ayer que el Gobierno no descarta “ninguna hipótesis” y afirmó que “hay elementos con los que contamos que son demasiado importantes como para hacerlos públicos”, sin dar mayores precisiones al respecto. Mientras la investigación del juez Arnaldo Corazza en base al habeas corpus presentado por los familiares no ha dado ninguna pista, tanto Arslanian como Fernández se negaron a aplicar la palabra “desaparecido en democracia” hasta tanto “no tengamos certezas sobre las circunstancias en que se produce esta desaparición”.

Si bien Arslanian detalló que “se trata de una persona que no ha vuelto a su casa”, los familiares aclararon que su cama estaba como si la hubiera usado y un inventario de su ropa indicaría que desapareció con vestimenta de entrecasa. Según expresaron, “no salió por las suyas”, aunque admiten que “la cerradura (de la vivienda) no fue forzada. La aparición de un cadáver calcinado en Camino Negro los había conmocionado y, aunque se descartó que fuera López, su abogada Guadalupe Godoy expresó a este diario: “Ahí tiraba los cuerpos la Triple A, es un hecho simbólico y amenazador; cuando nos enteramos, entendimos el mensaje”.