El Gobierno encaró negociaciones con las productoras de gas para renovar un acuerdo de precios y abastecimiento, evitando que, tal como está previsto, a partir del 1º de enero el valor en boca de pozo sea totalmente libre. De cumplirse a rajatabla esta liberalización general podría multiplicar el precio que pagan hoy las distribuidoras para llevar el fluido a los domicilios y pequeños comercios, forzando de inmediato un descongelamiento de estas tarifas, algo que Néstor Kirchner decidió evitar a toda costa en un año electoral. La propuesta oficial, recién esbozada por su secretario de Energía, Daniel Cameron, aspira a cerrar un pacto hasta el 2011, sobre la base de admitir algunos ajustes para otros usuarios, pero a condición de que esté asegurada la misma cantidad consumida este año para todos los segmentos. Eso sí: el que quiera más gas, básicamente las industrias nuevas o en expansión, tendrá que admitir pagar lo que fuere, si es que lo consigue, valga aclarar. En estas condiciones, las petroleras siguen retaceando invertir en exploración.

Fuerte lobby de las productoras mediante, a mediados del 2004 Energía promulgó la resolución 208, por la cual se fijó un “sendero” de precios para el gas boca de pozo: cuatro ajustes escalonados del 18 por ciento en dólares hasta julio del 2005. Desde entonces, esos valores debían converger con el precio de exportación (hoy ubicado en alrededor de 1,70 dólar el millón de BTU, luego de retenciones), a fines de este año, cuando aquel acuerdo de hace más de dos años quede formalmente extinguido.

La realidad es que se generó una gran disparidad de valores, según el tipo de usuario. El gas que se provee a las distribuidoras con destino a los pequeños consumos quedó exceptuado de aquellos aumentos, y todavía hoy está fijado en poco menos de 0,50 dólar el MBTU. El que compran los productores de GNC está en un dólar, el de las generadoras de electricidad un poco por encima, y el de grandes usuarios oscila según el tipo de contrato, en algunos casos hasta 2,40 dólares. Si la gestión kirchnerista honrara su compromiso de liberar este mercado, todos los precios se alinearían rápidamente por encima de este valor, con las obvias consecuencias sobre la economía industrial y doméstica.

Hace unos tres meses, el propio secretario de Energía sugirió a los productores que, tras la prometida liberalización, los precios podrían ir trepando hasta los 2,40 dólares. Las empresas comenzaron a engolosinarse con la chance aunque sin perder de vista que hasta ahora ni una distribuidora consiguió que se le habilitaran los ajustes admitidos por la propia Unidad de Renegociación de Contratos. Hace un par de semanas, esas dudas se hicieron más consistentes. Cameron retocó su planteo planteándoles que debían garantizar el abastecimiento en las mismas cantidades actuales y a un precio a definir, pero que, previsiblemente, excluiría cualquier ajuste para los domicilios hasta fin del 2007. Los nuevos usuarios –por qué no, una nueva industria– o los que simplemente demanden más, sí deberían estar dispuestos a convalidar un precio muy superior, el que pretenda cobrarle su abastecedor.

Del total del carburante que ingresa al sistema, para los pequeños consumos no se destina mucho más del 20 por ciento, lo que acota el presunto sacrificio patronal de tener congelado el precio para este segmento. Pero el esmero oficial por encorsetar las tarifas también se extiende a otros consumidores, lo que, según las empresas, termina minando las chances globales del negocio. “Lo que podría hacerse de inmediato es dejar de subsidiar a los que pueden pagar el gas más caro. ¿Por qué un usuario de Martínez, con pileta olímpica climatizada, tiene que pagar el gas tan barato como un trabajador de Lugano?”, cuestionaba el ejecutivo de una productora.

Pero el argumento de las petroleras más extendido y difícil de refutar, igualmente expresado off the record, es por qué ellas tendrían que admitir una remuneración de 1,80 dólar el MBTU cuando el Gobierno convalidó importarle a Bolivia a más de cinco dólares esa unidad calórica. Con el añadido de que la productividad de los yacimientos argentinos está declinando y, por consiguiente, el nuevo gas a producir tendría un costo cada vez más grande. En otros términos, si no hay un estímulo contundente en el precio, difícilmente resuelvan hacer las inversiones que les está demandando Planificación para reponer las menguantes reservas argentinas.

Esa renuencia es uno de los principales instrumentos de presión que tienen las empresas para que el Gobierno deje de intervenir de las diversas formas que lo viene haciendo en el mercado para evitar una disparada en el precio mayorista de este insumo crítico. En particular, porque hoy ni siquiera está garantizada la provisión adicional desde Bolivia. Evo Morales necesita capitales para aumentar la producción, ya que tiene un subsuelo atestado de gas, pero no recursos para sacarlo. Argentina tiene que construir el gasoducto del nordeste para importar desde allí los 20 millones de metros cúbicos día adicionales que requiere para evitar una severa crisis por la demanda que no deja de subir.

Con buen tino, desde el Gobierno se les replica a las empresas que tienen una renta integral suficientemente buena como para limitar o resignar utilidad en algún rubro de la actividad. Basta mirar los superavitarios balances de las petroleras para entenderlo. Un argumento político y ético irrefutable pero disociado de la lógica de los negocios y legalmente discutible.