La Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido hoy en una realidad. Este órgano, creado en el marco de las Naciones Unidas, será la primera institución judicial permanente con capacidad para juzgar a individuos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
La Corte significa un gran paso hacia el fin de la impunidad. A partir de ahora, los responsables de dichos crímenes ya no podrán buscar refugio ni dentro ni fuera de las fronteras de sus países. La Corte concretará el deseo de justicia universal que la comunidad de derechos humanos ha expresado en los últimos años.
A diferencia de otros organismos internacionales que resuelven sobre la responsabilidad de los Estados en el respeto de los derechos humanos, la CPI establecerá la responsabilidad penal de individuos. La jurisdicción de la CPI no estará geográficamente limitada, como sí ocurre con los Tribunales Penales Internacionales ad hoc –tales como los de Ruanda y la ex Yugoslavia–, creados por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La CPI será complementaria de los sistemas de justicia nacionales. Por este motivo, sólo actuará cuando los Estados sean incapaces o no tengan la voluntad de investigar o juzgar los crímenes. Los Estados que han ratificado el Estatuto deben adaptar sus sistemas penales, tipificar los crímenes internacionales y fortalecer la independencia del Poder Judicial. Esto tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial y asegurará la mejor cooperación entre los países y la Corte.
Argentina firmó el Tratado de Roma en enero de 1999 y lo ratificó en febrero de 2000 y se ha elaborado ya un proyecto de reforma legislativa para su efectiva implementación. Dicho proyecto prevé la incorporación, en nuestra legislación penal, de todos los crímenes tipificados en el Estatuto de la Corte, tales como el genocidio y la desaparición forzada, que a pesar de estar reconocidos en tratados internacionales no se encuentran establecidos en nuestro Código Penal.
La creación e implementación de la Corte Penal Internacional es un significativo avance en la lucha por la justicia. La historia ha demostrado que, por distintas razones, los sistemas judiciales de muchos países están incapacitados para juzgar a un individuo o directamente no tienen la intención de hacerlo. Una CPI efectiva complementaría la labor de tribunales de justicia paralizados o “atados de manos”. Asimismo, su existencia daría a futuros dictadores el mensaje de que ya no habrá impunidad para ellos.

* Abogada del CELS, coordinadora del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado.