La Corte Suprema no trabará la puesta en marcha de la reforma K del Consejo de la Magistratura, que para noviembre quedaría reducido de 20 a 13 miembros. Los supremos, por lo pronto, dejaron sin resolver una medida cautelar que pidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) para que se suspendan las elecciones de los nuevos jueces y abogados que integrarán el organismo, previstas para las próximas dos semanas. También deberán decidir si el achicamiento del cuerpo es o no constitucional, pero el trámite viene muy lento. El Gobierno, en plan de poner obstáculos, recusó a Ricardo Lorenzetti.

Los cambios en el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces, fueron fogoneados por el Gobierno y aprobados por el Congreso en febrero último. El modelo que se votó fue impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner: redujo la representación de los abogados de 4 a 2, la de los jueces de 4 a 3, la de los académicos de 2 a 1, eliminó al presidente de la Corte y a las segundas minorías parlamentarias.

Desde aquel entonces, varias entidades pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la reforma. La única presentación que llegó a la Corte es la de la AABA, que planteó que el achicamiento altera el “equilibrio” entre los representantes del cuerpo que prevé la Constitución y que ellos junto con los jueces fueron los más perjudicados en la poda.

Tanto la jueza Clara Do Pico como la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazaron el reclamo y respaldaron la reforma. “No quebranta en forma manifiesta el equilibrio requerido por la Constitución”, sostuvo el tribunal de alzada, que calificó los argumentos de los demandantes como “conjeturales”.

El tema desembarcó en la Corte dos semanas atrás, que lo incluyó entre los expedientes que considera “institucionalmente relevantes”, lo que no implica que sea rápidamente resuelto. La impronta de la primera dama que lleva la reforma del Consejo genera cierta incomodidad en el alto tribunal que, en su composición actual, también tiene su sello.

En principio, la Corte le mandó el expediente al procurador general, Esteban Righi, para que emita un dictamen, pero no tiene plazos para expedirse. Paralelamente, abrió el caso al debate de las organizaciones y expertos que quieran opinar en carácter de “amigos del tribunal”.

Una jugada para complicar el consenso entre los supremos partió del Gobierno. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, recusó a Lorenzetti por estar vinculado a una de las partes: hasta antes de asumir en la Corte tenía participación activa como miembro de la Asociación de Abogados e incluso siguió dando charlas. Durante el plenario de ayer, Carlos Fayt, que fue presidente de esa entidad, sugirió que aunque su participación no fue objetada, él también podría apartarse. Con este escenario, sólo cinco jueces –la mayoría requerida para firmar un fallo– quedarían habilitados para resolver y es improbable que se pongan de acuerdo al momento de discutir la cuestión de fondo.

Hay un punto en el que sí coincidirían: rechazar el pedido de medida cautelar de la AABA, que apunta a frenar los cambios en el Consejo. Los abogados reiteraron anteayer el planteo que habían hecho en agosto sumando argumentos. Pero la Corte no lo resolverá hasta que Righi aporte su opinión y para entonces la cuestión podría ser abstracta.

Mientras tanto, el martes próximo los jueces elegirán a sus representantes para la Magistratura entre dos listas, la de Luis Cabral y la de Luis María Bunge Campos. El 10 de octubre es la elección de los abogados y los candidatos son: Nelly Minyersky, Martín Silva Garretón, Jorge del Azar y Santiago Montaña. Para noviembre, el Consejo será otro.