“Sabemos que usted, directa o indirectamente, está recibiendo presiones del Gobierno Nacional” para “actuar en función de los intereses” de quienes hoy “no buscan justicia sino venganza”. Esas líneas forman parte de un texto que en los dos últimos días llegó en un sobre cerrado a manos de, por lo menos, media docena de jueces y fiscales federales de todo el país que investigan causas de violación a los derechos humanos de la última dictadura militar. Según describieron los investigadores, “los mensajes son muy prolijos, tienen un solo error de ortografía y responden a una retórica castrense dura pero no mesiánica”. Los textos no fueron las únicas noticias de amenazas o amedrentamientos denunciados por organismos de derechos humanos. Pero adquirieron peso político porque uno de ellos llegó directamente al despacho del juez Carlos Rozanski, que el martes pasado condenó al ex comisario Miguel Etchecolatz.

“Un grupo de argentinos dispuestos a luchar por la VERDADERA JUSTICIA –comienza la carta dirigida a un fiscal– le quiere recomendar la lectura del libro ‘¿Por qué señor presidente?’, de Rafael Sarmiento. Este es un excelente y debelador (sic) libro en el que un Hombre de Leyes, relata lo que está ocurriendo con la Justicia de nuestro país, la cual es manipulada por el gobierno nacional, en pos de sus más repudiables intereses, bajo la ‘dirección general’ del Presidente, la ‘dirección operativa’ del Procurador General de la Nación y con la COMPLICIDAD de muchos jueces, fiscales y hasta algunos supuestos ‘defensores’ de los inculpados”.

Este es sólo el primer párrafo del largo texto de letras menudas que llegó a manos de los funcionarios del Poder Judicial entre martes y miércoles pasado. Además de Rozanski, recibió una carta el juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez y los fiscales federales Jorge Auat, de Resistencia; Eduardo Ferrer, de Tucumán, y Eduardo Raúl Taiano y Miguel Angel Ossorio, de Buenos Aires. Según la información de la Procuración General de la Nación, todos ellos no solo manejan causas emblemáticas de violación a los derechos humanos durante la última dictadura. Por su trabajo, sus nombres tuvieron algún tipo de repercusión pública en últimos días. A criterio de la Procuración, ésa podría ser una de las razones por las que se convirtieron en blancos de las cartas (ver aparte).

El texto llegó a cada uno de ellos en los mismos términos y luego de atravesar un mismo camino. Los sobres estaban cerrados y sellados. Fueron despachados al parecer el 22 de septiembre en dos filiales del Correo Argentino: una en Villa Urquiza y la otra en Pueyrredón. Todos tenían el mismo e insólito remitente: “III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo-Barcelona-España” y llevaban por título: “¡¡¡LA VERDADERA JUSTICIA llegará!!!”. Según los datos recogidos hasta ahora en la Procuración, las cartas parecen haber tenido cierto grado de producción. Aunque no mandaron ninguna a los domicilios particulares de los destinatarios, se tomaron el trabajo de poner correctamente sus nombres, apellidos y el domicilio de la fiscalía o del juzgado donde trabajan.

En líneas generales el texto es “un discurso muy prolijo desde lo formal, no hay ni fanatismo ni mesianismo tosco, sino una elipsis y subrayados propios de militares del estilo de Cecilia Pando, con cierta preparación”, reconoció ayer una calificada fuente que tuvo diálogo directo con los fiscales amenazados y analizó la situación. Entre los puntos más críticos, los escribas fueron contra la política de derechos humanos del Gobierno y, en ese contexto, cuestionaron el trabajo de jueces y fiscales.

- “Sabemos que usted, directa o indirectamente, está recibiendo presiones del Gobierno para actuar en función de los intereses que agredieron a la Nación y que hoy desde los cargos de poder, NO buscan Justicia sino venganza”.

- “Le SUGERIMOS VEHEMENTEMENTE QUE NO ceda ante estas presiones”. “Sepa que nuestro deber como ciudadanos es controlar que cumpla acabadamente con las funciones para las que fue designado”. Si no, “¡¡¡RENUNCIE!!!” y “sepa que esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial”.

Las cartas, en realidad, fueron sólo una parte de las amenazas que parecieron reactivarse con fuerza tras la desaparición de Jorge López. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció en la marcha de Plaza de Mayo de ayer que una persona entró el martes a la noche en la sede del Servicio de Paz y Justicia. Los organismos de derechos humanos de Santa Fe denunciaron un “bombardeo” de volantes “intimidatorio y provocador” sobre la Casa de Derechos Humanos que nuclea a las entidades. “Jorge López –decía el volante–: desaparecido 30.001 ¿quién será el 30.002?”.

En esa línea hubo abogados de organismos que recibieron amenazas. Uno de los casos más notables sucedió la semana pasada en la provincia de Córdoba. Una patota entró en el estudio jurídico y golpeó a la socia de la abogada María Teresa Sánchez, de Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia, encargada de los juicios de restitución de menores. ¿Cuál es el peso que organismos y funcionarios les otorgan a los episodios? Los fiscales de las cartas decidieron denunciar el caso como amenaza. Creen que el contenido lo amerita. Además, que más allá del peso actual del fenómeno, esa vía judicial servirá para darle entidad jurídica a lo que suceda de aquí en adelante.