Aunque las expresiones cada vez más angustiadas (y por ende angustiosas) del presidente Néstor Kirchner y del gobernador bonaerense Felipe Solá induzcan a suponer que se conoce el desenlace de la situación de Jorge Julio López, los gobiernos nacional y provincial (de modo oficial y oficioso) insisten en que nada se sabe aún.

Igualmente, según pasan los días, la hipótesis más tranquilizadora en términos políticos (una decisión personal, consciente o no, del testigo de cargo contra Etchecolatz) deviene menos probable. Los temores y las evocaciones del pasado crecen de modo inevitable. La posibilidad de que haya existido un feroz delito con motivaciones políticas no puede darse por probada pero no puede negarse.

En tanto subsista la incerteza, lo aconsejable es ser cauto en las interpretaciones y en las predicciones. Mucho más en el prorrateo de supuestas culpas respecto de un final que sigue abierto.

En ese contexto opresivo sorprenden ciertos debates que empiezan a despuntar. Un dilema es básico: el de saber si un grupo ejerció violencia ilegal contra López por haber atestiguado o para amedrentar a otros testigos, a los jueces y a los fiscales. Si así hubiera sucedido se estaría viviendo no una vuelta al pasado (en rigor la historia nunca se repite) pero sí una nueva etapa histórica signada por la reaparición de un ingrediente aciago que parecía superado.

Toda pregunta subsiguiente a si alguien atentó por móviles políticos contra la vida o la libertad de López es, a los ojos de este cronista, prematura y subalterna. Lo de prematuro es notorio. Lo de subalterno debería serlo pero, como suele ocurrir en la Argentina actual, los ejes de la discusión se desvían y las prioridades se alteran en un mezquino cuadro que pone al Gobierno en el centro de la escena. En el centro de la escena está López y, si ocurrió lo peor, también los canallas que delinquieron contra él. Sobre ellos debería caer el peso del repudio social y político. Todos los demás actores, oficialismo incluido, deberían antes que nada cerrar filas frente a los criminales.

El sistema político y hasta se diría cultural actual es enormemente faccioso. A la inmensa mayoría de los protagonistas les cuesta establecer acuerdos mínimos o reconocer al otro. Sería oprobioso, pero suena verosímil que ese esquema invivible rigiera en el caso de resurgimiento de la violencia política.

Para el Gobierno, para la oposición y para los comunicadores es todo un desafío no caer en bajezas utilitarias. Para las fuerzas de seguridad y de inteligencia, poco habituadas a cumplir sus tareas sin violar la ley o imponer reglas propias, es un reto demostrar que pueden hacerlo en circunstancias muy graves. Todos deben probar que están a la altura de las duras circunstancias y consensuar que, si un enemigo común (un enemigo de la convivencia democrática) ha surgido, lo primero es unirse para enfrentarlo.