El Gobierno envió una carta a las autoridades del Banco Mundial en la que denunció que en el informe de la consultora Ecometrix, que sostiene que las papeleras no contaminarán, trabajó un ingeniero vinculado a Botnia, Ismael Piedra Cueva, “artífice de la Evaluación de Impacto Ambiental” que la empresa presentó al Uruguay al pedirle su habilitación para instalarse en Fray Bentos. La denuncia fue dirigida por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional, Lars H. Thunell.

Piedra Cueva, ingeniero hidráulico, aparece en el informe de Ecometrix como parte del equipo que elaboró el análisis ambiental que fue difundido a principios de esta semana y que provocó el retorno de los cortes de ruta. Su nombre encabeza el listado de los consultores “independientes” convocados por Ecometrix. Lo contrataron para que se ocupara del modelo hidrológico, a criterio de Picolotti “uno de los puntos esenciales” del trabajo.

Desde la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, representante especial para Asuntos Ambientales Internacionales del Ministerio, señaló que el ingeniero Piedra Cueva “tuvo un rol importante” en la elaboración del estudio de impacto ambiental que hizo Botnia, y que funcionó como su carta de presentación para poder instalarse en Fray Bentos.

El estudio de impacto ambiental es la llave para que el Banco Mundial conceda a Botnia créditos pendientes por 470 millones de dólares. El estudio ha recibido sucesivos cuestionamientos por parte de la Argentina, que lo ha considerado “parcial e incompleto”. Estrada Oyuela recordó que no es la primera vez que un técnico que trabajó para Botnia aparece luego en el staff de una de las consultoras supuestamente independientes contratadas por la Corporación Financiera Internacional, la entidad crediticia del Banco Mundial. Ya en enero, cuando la Cancillería hizo la primera tanda de críticas al estudio, “detectó y denunció un caso similar, ocurrido con otro técnico, que también había trabajado para Botnia, y que apareció contratado por una consultora”.

Por su parte, Daniel Taillant, presidente del Centro de Derechos Humanos y Ambiente y marido de Picolotti, apuntó que la participación de Piedra Cueva en el estudio de Ecometrix “no se puede impugnar legalmente, pero es, sin dudas, un conflicto de intereses. Es lo mismo que si en una inspección, el inspector le pidiera las pruebas al inspeccionado”.

Dos caras

El Gobierno ha decidido una estrategia con dos caras en el conflicto de las papeleras. Por un lado, está dispuesto a generar presión sobre los vecinos de Gualeguaychú para que abandonen los cortes de ruta. En este sentido, en la Casa Rosada ayer estuvieron lejos de criticar la medida de la fiscal federal Milagros Squivo, que ordenó a la Gendarmería que filme o identifique con actas a los vecinos que participan del corte. El respaldo a la iniciativa de la fiscal Squivo –en otros tiempos muy cuestionada por haber desistido de acusar al ex senador Augusto Alasino en la causa que se le abrió por enriquecimiento ilícito– muestra un cambio de actitud del Poder Ejecutivo hacia la asamblea. Por otro lado, la Casa Rosada busca mostrar que hace todo lo posible para frenar la instalación de Botnia. En esta dirección apunta la carta de Picolotti, quien el miércoles pasado ya responsabilizó públicamente al Banco Mundial de haber incitado a los vecinos a cortar la ruta al publicar “por error” el borrador del informe de la consultora Ecometrix.

En la nota a la CFI, que tiene fecha del viernes, hay diecisiete observaciones. Ecometrix, consideró la funcionaria, “no realizó ningún nuevo estudio ni aportó datos nuevos, sino que se limitó a utilizar los datos proporcionados en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de Botnia y Ence”.

La consultora, dice la carta de impugnación, hizo su estudio sobre la base de datos erróneos, como considerar que el río Uruguay tiene un ancho “de veinte kilómetros” cuando en realidad en ningún tramo “supera los doce”. Al mismo tiempo, también se magnifica su caudal; el río es presentado como ancho y caudaloso y por lo tanto con mayor capacidad que la que realmente tiene para poder asimilar los desechos industriales que vuelque la papelera.

“El informe no aborda con seriedad científica ninguno de los aspectos que ocasionan preocupación al Estado argentino”, y “comete errores de cálculo sustanciales que conllevan a conclusiones equivocadas”, concluye la carta. Estrada Oyuela eligió otro ejemplo para cuestionar al EIA: “El estudio es tan flojo que sostiene que la papelera Ence está muy bien localizada donde está, un análisis que no tiene ningún respaldo en la realidad, como quedó en evidencia, dado que Ence se fue de Fray Bentos tras reconocer que no podía instalarse en ese lugar”.

La consultora Hatfield revisará ahora las conclusiones de Ecometrix. La CFI decidirá, cumplido ese paso, si recomienda al Banco Mundial que otorgue los préstamos a Botnia. Finalmente el directorio del Banco Mundial deberá votar por sí o por no. Aunque todavía no hay una fecha para esta votación, se estima que podría realizarse cerca de fin de año.