El Gobierno se mostró conforme con la decisión de la fiscal que ordenó a la Gendarmería que filme o identifique por otros medios a los asambleístas que participan del corte de ruta de Gualeguaychú. “Tiene que ver con una lógica básica: la Argentina no puede impulsar reclamos ante la Justicia internacional y al mismo tiempo reaccionar con acciones de hecho”, comentó ayer un alto funcionario a Página/12 al ser consultado sobre el tema.

Aunque las acciones de protesta contra las papeleras llevan ya más de un año, hasta ahora este conflicto nunca se había judicializado. La intervención de los fiscales frente a un corte de ruta sólo se había observado frente a las protestas de otros sectores sociales, básicamente con los piquetes de desocupados.

Por otra parte, desde el Gobierno señalaron que no tienen previsto conceder las medidas que reclaman los vecinos con el corte de ruta, como el control de la frontera para que no crucen al Uruguay camiones con materiales para la construcción de Botnia. La asamblea reclama también que se sancione a las empresas argentinas que venden insumos a la pastera y que se sancione una ley que prohíba exportar rollizos destinados a la fabricación de pasta de celulosa. Sin embargo, la evaluación que hacen en la Casa Rosada es que esas medidas estarían “fuera del marco legal”.

“Vemos que hay un gran debate entre los asambleístas sobre esta modalidad de protesta”, dijo la fuente consultada. “Los vecinos también ven que no estamos frente a la misma situación que antes, han cambiado el ánimo y el humor, hay reacciones internacionales y está el fallo del Mercosur. No hay que olvidarse de ese dictamen, porque finalmente lo que nos dijeron los árbitros es que ellos pueden creer que en el pasado el Estado argentino haya considerado que los cortes eran entendibles, pero nos advirtieron que, a futuro, no podíamos permitir que se repitiesen”.

Los funcionarios no ocultan su molestia porque la decisión de presentar la denuncia ante la Corte de la Haya fue tomada “por pedido y presión” de los vecinos: “fuimos impulsados por ellos, la asamblea designó a sus técnicos para que trabajaran en la presentación, y cuando el fallo no sale patean el tablero”, se quejan.

La apuesta oficial apunta a que la presión de la fiscal servirá para meter una cuña en la asamblea y cambiar la relación de fuerzas internas, para que en la próxima votación quienes están por los bloqueos queden en minoría. La preocupación está concentrada en evitar que, en diciembre, el corte sobre el cruce a Fray Bentos se instale por tiempo indeterminado, como ocurrió en el verano pasado, cuando los vecinos tuvieron interrumpido el tránsito casi todos los fines de semana de recambio turístico de diciembre a mayo.