Pasaron cuatro meses de instrucción, pero finalmente llegó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, el sumario que recomienda sanciones para los seis militares retirados que asistieron de uniforme el pasado 24 de mayo a un acto en plaza San Martín en el que se reivindicó el terrorismo de Estado. Según pudo saber Página/12, la investigación que dirigió como juez ad hoc el general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein no recomendaría la baja de los oficiales, el máximo castigo que implica la pérdida de la condición militar y de la pensión. El expediente será elevado al presidente Néstor Kirchner, quien como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas puede aumentar el castigo propuesto.

Convocado por la Unión de Promociones del Ejército, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (Afyapp) –que comanda la mediática Cecilia Pando– y la Asociación Memoria Completa –que lideraba por entonces Karina Mujica–, entre otras ONG formadas para homenajear a “las víctimas de la subversión”, el acto del 24 de mayo fue una de las primeras manifestaciones del retorno del discurso prodictadura. El general retirado Juan Miguel Angel Giuliano fue el encargado de decir que los militares procesados por delitos de lesa humanidad son “camaradas que están siendo perseguidos políticamente”. Esa línea argumental sumada a las trompadas que recibió un cronista televisivo y los gritos contra Bendini, al que calificaron de “traidor” y “lacayo”, cimentaron el camino de las sanciones.

El 7 de junio, Kirchner firmó el decreto 720/06 que habilitó el sumario “a fin de esclarecer la responsabilidad de los oficiales superiores en situación de retiro en la participación del acto convocado por la autodenominada Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión. Estos oficiales se dirigieron al acto con su uniforme militar y el coronel Giuliano efectuó manifestaciones verbales, circunstancias que están vedadas al personal de las Fuerzas Armadas sin autorización previa”. El inspector general del Ejército, Schurlein, y el coronel auditor (retirado) Luis Alberto Juárez, fueron los encargados de la investigación. Junto con Giuliano fueron sumariados los coroneles Miguel Sciurano, Rodolfo Jorge Solís, Jorge Gaspar Chas y Guillermo César Viola, y el teniente coronel Emilio Guillermo Nani. No fueron sólo esos seis los que apelaron al uniforme, también hicieron alarde de su condición de militares en actividad otros oficiales a quienes se sancionó de inmediato.

Fueron castigados con cuarenta días de arresto los capitanes Juan Manuel Lucioni, Santiago Marcelo Listorti y Gabriel José Oesquer, y los tenientes Juan Andrés Ferrero y Andrés Ramiro Gaspar. También recibió veinte días de detención el mayor Carlos Fabián Magnani por ser el jefe de la Compañía de Comando 601 de Campo de Mayo, a la que pertenecían los oficiales que fueron al acto frente al cenotafio de Malvinas en plaza San Martín.

El homenaje a “los muertos por la subversión” que trocó en reivindicación de la represión ilegal desencadenó en un escandalete con ribetes policiales. El Ejército realizó una denuncia penal contra el capitán retirado Walter Jorge Grosee, que fue filmado mientras agredía al cronista de América TV Marcelo López.

Después de esa puesta en escena y ante las sanciones que recibieron, los oficiales no volvieron a vestir de uniforme –salvo una excepción– para ir a los actos en “homenaje a los muertos por la subversión” y la Unión de Promociones se avino a hacer conocer los discursos que pronunciarían a la jefatura del Ejército. Las manifestaciones más irritantes quedaron reservadas para Pando, la esposa del mayor Rafael Mercado, quien se transformó en abanderada de la gesta. En el camino quedó otra de las mujeres amigas de los uniformados, Karina Mujica, una ex novia del represor Alfredo Astiz. Mujica cayó en desgracia cuando salió a la luz su trabajo como acompañante vip, una tarea poco compatible con el discurso tradición-familia-propiedad que atesoran las ONG bendecidas por el todavía obispo castrense, Antonio Baseotto.

Giuliano había amenazado con resistir las sanciones que se le aplicarían, llegando inclusive hasta la Corte Suprema. “La bandera de los derechos humanos no se aplica bien y eso es objetivo, eso no es hacer política”, afirmó el general retirado, que será uno de los castigados.