Travestis sí, nazis no. Así quedará definida la postura de la Corte Suprema en dos de los grandes temas que resolverá en sus próximos plenarios. Los supremos le negarán la personería política al Partido Nuevo Triunfo (PNT), la organización neonazi que lidera Alejandro Biondini, que, de este modo, deberá archivar sus aspiraciones electorales. En otro expediente, donde el eje de la discusión es bien distinto pero sería resuelto en los mismos días, los jueces reconocerán la personería jurídica a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). Con esa decisión revertirían el criterio que tuvo el alto tribunal de los noventa, que le negó ese derecho a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

La Corte tendrá una agenda cargada hasta fin de año, que incluirá no sólo algunos de los asuntos que consideran “institucionalmente relevantes” sino la elección, como su nuevo presidente, de Ricardo Lorenzetti. Sus señorías intentarán definir en noviembre si fue legal la decisión de la Cámara de Diputados de impedir la asunción de Luis Patti por falta de “idoneidad moral”, por su papel en la dictadura. Lo harían, en principio, en un caso idéntico sobre el represor Antonio Domingo Bussi. También apuestan a destrabar una votación, por ahora difícil, en la que discuten cómo deben distribuir la publicidad oficial, entre los medios de comunicación, los gobiernos nacional y provinciales. Y podrían tomar alguna medida en la investigación sobre el atentado a la embajada de Israel, para evitar que prescriba.

Chau, Biondini

“Un partido que tiene como fecha conmemorativa el día del cumpleaños de Hitler y que pretende usar la cruz esvástica, propia de un régimen antidemocrático, es un partido antisistema”, asegura un juez de la Corte. Biondini, el líder del PNT, estuvo preso durante el gobierno de Raúl Alfonsín por haber llenado la zona de Congreso de afiches con la bandera nazi. Como ya era abogado, estudió sistemas en la cárcel y hoy es el mayor webmaster nazi de lengua castellana y uno de los más grandes del mundo, poniendo en red a clientes como la Falange española y Ollanta Humala.

En 1990, cuando había recuperado la libertad, Biondini empezó a batallar por conseguir la legalización de su partido. La Justicia sistemáticamente falló en su contra. En 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo: “No puedo otorgarle el reconocimiento a una agrupación que defiende una ideología que desprecia a la vida misma y para la que el régimen democrático es sólo una vía de acceso y que una vez en el poder ya no le es necesario”. La Cámara Electoral coincidió en considerarla ilegítima por “su emulación de un régimen basado en pretendidas desigualdades, que se traducen en actos de discriminación por raza, sexo y origen nacional”.

El año pasado, la organización neonazi se las ingenió para competir en las elecciones porteñas a través del partido Acción Ciudadana, que encabezó un comisario acusado de estar ligado a la Triple A, junto con la esposa y el hijo de Biondini. Sus reclamos para ir a elecciones con su propio partido llegaron a la Corte, que –tras analizar la ley orgánica de los partidos y el funcionamiento del PNT– está dando los últimos retoques a un fallo, seguramente unánime, que le dará el “no” definitivo.

Avanti travestis

A las travestis y transexuales, víctimas constantes de la violencia y la discriminación, esta vez podría gratificarlas una noticia suprema. Alitt, la asociación que las nuclea, demandó a la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a registrarla. Al comienzo no le fue bien, ya que la Cámara Civil no le quiso reconocer la personería jurídica con el mismo argumento que utilizó la Corte en 1991 para rechazar un pedido de la CHA: dijo que su objetivo social es “contrario al bien común”. Alitt se presentó en la Corte y denunció que era una decisión arbitraria. ¿Con qué parámetros el Estado decide qué es el bien común y qué no?, cuestionaron.

En el fallo de los noventa, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, que siguen en la Corte, votaron en disidencia. Petracchi dijo que rechazarle la personería a la CHA era discriminatorio. Fayt señaló que la institución buscaba “el respeto por su dignidad humana”. Todo indica que éstos y otros fundamentos estarán en el nuevo fallo con el cual el tribunal modificará, en dos o tres semanas, su jurisprudencia.

Patti al horno

En mayo de este año, la Cámara de Diputados resolvió frenar la asunción de Patti. Se basó en las acusaciones en su contra en causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La jueza María Servini de Cubría avaló la decisión pero la Cámara Electoral consideró que el ex subcomisario debía asumir su banca. Argumentó que una vez que alguien gana una elección, no se lo puede privar del cargo. Los propios diputados apelaron y la Corte debe definir el caso.

Aunque los supremos esperan que dictamine el procurador general, ya están armando sus votos en una causa equivalente: la de la banca de Bussi, a quien Diputados le vedó el ingreso en 1999 por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado. En un mes, la Corte firmaría un fallo sobre Bussi que luego se aplicará a Patti. Hasta ahora tres de los ministros dicen que es un asunto político, no justiciable, por ende el Congreso actuó bien. Otros dos coincidirían con la Cámara Electoral y dos aún no se expidieron.

Enredados

- Publicidad. Aunque todavía no se pusieron de acuerdo, los jueces de la Corte intentarán resolver cuanto antes –y sin conjueces– una demanda del diario Río Negro contra el gobernador Jorge Sobisch: el matutino lo acusa de privarlo de publicidad oficial desde que publicó un artículo que lo criticaba. El procurador general, Esteban Righi, sugirió rechazar porque la legislatura local no estableció un régimen de distribución, pero reconoció que las normas internacionales dicen que debe haber una distribución equitativa. En un fallo de 1997, Petracchi y Fayt dijeron que el gobierno debía hacer un reparto igualitario. Ahora el tribunal discute la posibilidad de señalar que se fijen criterios de distribución. La sentencia tendría impacto a nivel nacional.

- Riachuelo. Es improbable que sus señorías fallen en la megacausa sobre la contaminación del Riachuelo. Allí definirán si les parece viable el plan de saneamiento presentado por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, pero tienen medidas pendientes.

- Consejo de la Magistratura. La Corte debe decidir si es legal la reducción de 20 a 13 miembros del organismo que elige y sanciona a los jueces. Pero hay discrepancias internas y pocas ganas de generar chispazos con el Gobierno por este tema y menos con la primera dama, impulsora de aquella reforma y de los cambios en el propio tribunal supremo.